El último caso registrado ocurrió el 22 de julio, cuando cerca de las cinco de la mañana fue atacado el domicilio de Yesid Calvache, presidente de Sintrapetroputumayo,  por medio de una bomba incendiaria la cual dejo  daños materiales.

Diferentes  lideres y asociados del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Putumayo, organización social y ambiental que promueve acciones de defensa de los derechos humanos y laborales, así como acciones contra la explotación minera que trae negativas afectaciones ambientales y el saqueo de la riqueza por las multinacionales, han estado en la mira de grupos paramilitares que, de la mano de empresarios y funcionarios públicos, han generado estrategias de silenciamiento y represión hacia  los luchadores sociales.

El 14 de marzo Yesid Calvache radicó un oficio al Comité Permanente por los Derechos Humanos Colombia, en el cual denuncia  que el Concejal Mario Gómez del partido liberal del municipio de Villagarzón, le manifestó que fue visitado por un grupo de diez hombres armados quienes le informaron que el señor Alcalde del municipio  había contratado un grupo armado privado con el fin de asesinar a los lideres del paro petrolero que se venia desarrollando.

El miércoles 16 de marzo hombres armados arribaron al domicilio de Calvache, preguntando por el sindicalista quien afortunadamente no se encontraba, e intimidando  a quienes allí se encontraban. En el mes de junio fue nuevamente amenazado Calvache y fue desplazado Fernando Carvajal, quien se desempeña como secretario de Sintrapetroputumayo. El desplazamiento ocurrió a causa de los seguimientos y amedrentamientos ocurridos en su contra y por los cuales su núcleo familiar ya había sido desplazado.

A las amenazas de grupos ilegales se suman las declaraciones irresponsables y temerarias ocasionadas por el gobernador del Putumayo, señor Byron Viveros, quien en diferentes espacios públicos ha comentado que la organización sindical tiene vínculos con grupos subversivos. Las declaraciones mal intencionadas del funcionario no solo aumentan el riesgo que ya corren los lideres sindicales, sino que es un acto violatorio  del debido proceso lo cual da cuenta de la clara extralimitación del gobernador. En numerosas ocasiones los sindicalistas le han solicitado a Viveros  que si tiene el material probatorio que sustente sus declaraciones, proceda a entregarlo  a las entidades competentes, reiterándole que su fuero administrativo no le permite emitir juicios legales saltando las instancias y procedimientos establecidos en el sistema penal colombiano.

Dados los acontecimiento la organización sindical ha realizado las denuncias a los organismos competentes, toda vez que reitera tanto a los actores materiales como intelectuales de los actos intimidatorios, que la lucha que adelantan en defensa de los derechos del pueblo no claudicara, pues no solo se trata de la lucha por los recursos y el bienestar de la comunidad del putumayo, sino de la lucha por la defensa del medio ambiente, como baluarte indispensable para el desarrollo del ser humano.