En el municipio de Villa Garzón, departamento del Putumayo, se vienen presentando constantes amenazas a líderes y lideresas  sociales y sindicales que  han luchado con  vehemencia por los derechos sociales, económicos y culturales de los habitantes de la región.

Un concejal de Villa Garzón realizó la demanda ante la Fiscalía General de la Nación  en la cual manifiesta que hombres fuertemente  armados autodenominados como Águilas Negras  hacen presencia en la región, según ellos,  a petición de una importante  autoridad  en el municipio, con el  objetivo de  “ quitarle de encima unos voceros de la guerrilla que  están estorbando”.

En  la lista de 16 amenazados figura el presidente y secretario de Sintrapetroputumayo, así como la presidenta de Villa cívica, entre otros líderes  y lideresas de organizaciones sociales de la región.

Yesid Calvache, presidente de Sintrapetroputumayo,  manifiesta  que las amenazas provienen de  quienes no están interesados en que los procesos que se han venido adelantando en defensa de los derechos humanos, particularmente lo concerniente a los  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los derechos civiles y políticos, continúen empoderando a la comunidad.

En pleno siglo XXI, afirma Calvache, es un saqueo la repartición de ganancias fruto de la explotación petrolera que   deja el 8% para el Estado mientras  acumula el 92% para las arcas de multinacionales como Grand Tierra y Emerald Energy,  que además no han dado cumplimiento a las acciones de responsabilidad social ni a la consulta a las comunidades ancestrales e indígenas que habitan en la zona.

Pareciese que las reclamaciones por justicia social, trabajo, salud, educación, etc. Acarrean el costo de la persecución política, la judicialización o el silenciamiento. El sindicato y las organizaciones sociales manifiestan que su propuesta política, a diferencia de los políticos tradicionales que  solo regalan tejas de zinc y eternit en época electoral,  se interesa por que la riqueza natural, que es de todos, genere beneficios para la totalidad de la población.

A pesar que se han adelantado acciones de denuncia frente a las entidades locales y nacionales encargadas, aún no se han iniciado acciones efectivas para la protección de los amenazados.  Se solicita al Estado Colombiano que de cumplimiento a su responsabilidad de garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios constitucionales y a los  tratados y Convenios Internacionales que ha suscrito.

Pese a la negativa del Estado, es fundamental reconocer el acompañamiento y apoyo que la comunidad ha manifestado a los afectados. La lucha por la defensa de los derechos y la construcción de escenarios democráticos que conlleven a la paz con justicia social debe continuar,  haciendo frente a quienes desde la amenaza pretenden desmovilizar y silenciar a los que defienden la vida digna y el buen vivir.