Origen REDHER Hace cuatro años, el 10 de septiembre de 2005, fue torturado y asesinado nuestro compañero y amigo, LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA. Sindicalista activo afiliado al Sindicato Nacional de la Industria Agroalimentaria – SINALTRAINAL y Defensor de Derechos humanos, vinculado a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Hace cuatro años, el 10 de septiembre de 2005, fue torturado y asesinado nuestro compañero y amigo, LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA. Sindicalista activo afiliado al Sindicato Nacional de la Industria Agroalimentaria – SINALTRAINAL, trabajador de NESTLÉ – CICOLAC en Valledupar que había sido despedido, después de participar en un paro declarado “ilegal”, sirviendo este hecho para debilitar la organización de trabajadores. Defensor de Derechos humanos, vinculado a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien venía denunciando el actuar paramilitar en la región, además de la violación de los derechos laborales y de la comunidad ejercida por la empresa multinacional. Recientemente se profirió un nuevo fallo condenatorio, esta vez contra Jair Domingo Plata Rodríguez, quien según se probó en el proceso, participó como autor material del homicidio del sindicalista y defensor de derechos humanos LUCIANO ROMERO MOLINA. A diferencia del Juez 2 penal del circuito especializado de descongestión OIT, la Juez 56, se casó con la versión que se venía entregando por los victimarios en el sentido que el crimen “fue motivado por un señalamiento arbitrario de pertenecer a un grupo armado ilegal –específicamente ELN– y no por su pertenencia a una agrupación sindical…” Se señaló igualmente en esta decisión judicial que “No podemos en consecuencia concluir, sino que la política del grupo al que pertenecían los asesinos era la de hacerle daño a su enemigo, de cualquier forma, aún incumpliendo las normas del Derecho Internacional Humanitario y tampoco, podemos arribar desde este único proceso, a la conclusión de que el grupo armado ilegal cometió esta clase de infracciones masivamente. Y entonces, no contamos con las dos características que componen el concepto de “lesa humanidad”” La decisión no solo desconoce la realidad nacional y presenta los “8.231 casos de violaciones a los derechos humanos, discriminados en 2.245 homicidios, 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 529 detenciones, 192 atentados, 208 hostigamientos, 159 secuestros, 137 desapariciones, 37 casos de torturas y 34 allanamientos” registrados en la Base de datos de la Escuela Nacional Sindical , como hechos aislados, sino que además soslaya las pruebas que reposan en el proceso dando cuenta del interés en tergiversar e invertir la verdad, justificando de esta manera las torturas y homicidio contra el sindicalista y defensor de derechos humanos LUCIANO ROMERO MOLINA. Esas pruebas, dicen que al menos dos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS de Valledupar y dos del GAULA, lo mismo que dos fuentes humanas protegidas por estas entidades, estaban vinculados con el paramilitarismo y tuvieron conocimiento y participación en el homicidio de LUCIANO ROMERO. Uno de los paramilitares condenados por el delito de homicidio en persona protegida, quien después de proclamar su inocencia en el proceso hoy pretende recibir los beneficios de la ley de “justicia y paz”, JOSE USTARIZ ACUÑA, señaló que “los señores miembros del DAS RIAÑO y SOTOMAYOR… sabían lo que se está haciendo con LUCIANO, por que lo se coordinó con esos dos señores fue lo siguiente, fue capturarlo donde JIMMY, sacarle todas las informaciones que JIMMY necesitaba y luego iba ser entregado al DAS para que ellos hicieran las respectivas investigaciones” y afirma además que estos funcionarios conocieron desde el primer momento del homicidio del sindicalista. De igual manera OMAR DAVID CELEDON, otro paramilitar actualmente preso, señaló que JOSE ANTONIO RIAÑO era “muy conocido [con el alias de PELUCAS] en el Norte por toda la organización, por que nos colaboraba aquí en el Cesar” Aún así, nada dijeron estos funcionarios del DAS al proceso y por el contrario, permitieron que la investigación se encaminara hacia hipótesis distintas que ocultaban la responsabilidad paramilitar en el crimen: primero se dijo que se trataba de un simple hurto del automotor que conducía la víctima, luego que fue un crimen pasional, también se afirmó que fue asesinado para lograr el cobro de un seguro de vida inexistente; y cuando se logró establecer que las estructuras paramilitares estaban involucradas en el mismo, fue precisamente el funcionario JOSE ANTONIO RIAÑO, quien presentó a la Fiscalía los testigos que empezaron a señalar falsamente que LUCIANO ROMERO MOLINA era integrante del Ejército de Liberación Nacional – ELN. Súmese a lo anterior que JOSE USTARIZ ACUÑA, quien ostentaba la calidad de fuente humana protegida y pagada por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, encontrándose a cargo del funcionario JOSE ANTONIO RIAÑO , es la misma persona que hoy se está condenada por el homicidio de LUCIANO ROMERO MOLINA en condición de determinador. Todo ello se agrava, si se tiene en cuenta que el Sindicato Nacional de la Industria Agroalimentaria – SINALTRAINAL, es una de las organizaciones de trabajadores víctima de los actos de persecución, seguimientos y espionaje ilegal, protagonizados por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a través del conocido Grupo de Inteligencia G-3, reciclado luego en el GONI. Grupo éste que fue organizado (o mejor será decir, re-configurado, porque ya sus funciones venían desarrollándose) en el año 2005, siendo uno de sus mentores JOSE MIGUEL NARVAEZ, asesor de dicha entidad que ha sido señalado por varios comandantes paramilitares como ideólogo de dichas estructuras criminales , que incluso dictaba cursos sobre “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?”. Se ha podido establecer que el grupo Especial de inteligencia G3 y el GONI, tenía por objeto Desarrollar “inteligencia estratégica” del Estado tomando como “blanco” las organizaciones y personas con “tendencia opositora”, para lo cual se controlaban y hasta saboteaban sus actividades. También se conoce que a través de esta entidad se recaudaba información de perfiles, rutinas, lugares de residencia, familiares, amistades, ocupaciones, etc, de sus opositores. A la vez, cada día resultan más voluminosas la evidencias que indican la coordinación DAS-Paramilitares a lo largo y ancho del país, e incluso en el exterior. De todo ello tenía conocimiento el Presidente Uribe Vélez, según lo dijo el ex funcionario del DAS Rafael García. Así las cosas y con base en las pruebas recaudadas en el proceso, difícilmente podría desligarse la tortura y homicidio de LUCIANO ROMERO MOLINA, de la sistemática persecución y terror que se ha impuesto en Colombia contra las organizaciones sociales, sindicales y de defensoras de derechos humanos, que se oponen a la implementación de intereses económicos y políticos en nuestro país. En la actualidad, no todos los autores intelectuales y determinadores y ningún beneficiario, del crimen contra LUCIANO ROMERO MOLINA se encuentran vinculados al proceso penal. Y aún cuando el Juez 2 Penal del Circuito especializado de descongestión OIT ordenó la investigación de los directivos de la multinacional Nestlé – CICOLAC, no existen mayores avances en el este sentido a pesar que el paramilitar SALVATORE MANCUSO afirmó en sus versiones libres que la misma financió dichas estructuras criminales. En otras palabras, han transcurrido cuatro años desde que nuestro compañero y amigo LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA fuera torturado y asesinado en manos del Bloque Norte de los paramilitares y a la fecha solo han sido condenados algunos autores materiales (4 personas), mismos que hoy pretenden ocultar los verdaderos móviles, beneficiarios y determinadores del crimen, y a la vez recibir los excesivos beneficios de la Ley 975 de 2005, conocida como ley de “justicia y paz”, en virtud de la cual se les impondría una pena no mayor a ocho años por este y todos los crímenes que cometieron. De otra parte, tratando de materializar la estrategia contra los procesos sociales, varios paramilitares, desde las cárceles se han dado a la tarea de llamar e intimidar a dirigentes de las organizaciones sociales, entre ellos a integrantes de Sinaltrainal para comprometerlos y silenciarlos, bajo la advertencia que sino lo hacen, en sus declaraciones en las audiencia públicas de la ley 975 de Justicia y Paz, serán acusados de tener vínculos con los paramilitares y la insurgencia, para que sean judicializados y sobre todo, para crear la confusión, la desconfianza, convirtiendo sus declaraciones en vitrina política y terror contra la población para que accedan sus exigencias. Los paramilitares, buscan imponer una censura y condena moral y política, para igualar sus acciones criminales, a la actividad legal y legítima de las organizaciones sociales de la población, justificando con mentiras los crímenes cometidos y como ha sucedido en varios casos, señalan que las víctimas son o tienen vínculos con la insurgencia, pero ha sido tanta la inconsistencia de sus mentiras que las víctimas han desvirtuado estos montajes. El caso de nuestro compañero LUCIANO ROMERO MOLINA es solo un ejemplo más. Es evidente el interés del Estado y del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en su estrategia de impunidad, para hacer creer que en Colombia afrontamos un etapa de post-conflicto, para ocultar que los grupos paramilitares, como ellos mismo lo han confesando siguen operando con el apoyo y permisividad del Estado colombiano y no permiten establecer la verdad histórica, a la vez que se desconocen e intentan aniquilar la oposición política y social. Quienes conocimos a LUCIANO como un luchador por los derechos de los pueblos, como un soñador más por otro mundo posible, nos negamos a permitir que su crimen continúe en la impunidad, rechazamos la tergiversación e inversión de la verdad, nos negamos a aceptar que quienes han perpetrado tan horrendos actos reciban beneficios por mentir, por ocultar la realidad, nos negamos a creer que su tortura y homicidio fue un hecho aislado y que fue LUCIANO el “responsable” o culpable de los hechos de los que fue víctima. A la vez exigimos que todos los responsables, por acción u omisión, que los beneficiarios y determinadores de este crimen sean sancionados ejemplarmente. SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA – SINALTRAINAL FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS COLECTIVO COLOMBIANOS/AS REFUGIADOS EN ASTURIAS Bogotá septiembre 10 de 2009.