Par – Ti – SÍ – Pa 108 La lucha por la recuperación de la memoria histórica, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, se ha visto expresada con firme determinación a lo largo y ancho del país en números esfuerzos de una multitud de personas, organizaciones y comunidades afectadas por la acción criminal del poder estatal y su estrategia paramilitar. Como el Movimiento de Víctimas lo ha reiterado; el camino recorrido por Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos de gobierno, no conduce a la reconciliación y mucho menos a la paz, por el contrario, ha estimulado la confrontación armada, consolidado la impunidad e incrementado considerablemente la vulnerabilidad y el número de víctimas, como lo demuestran los últimos acontecimientos. Con la apertura de procesos judiciales y las capturas de altos funcionarios del gobierno, Congresistas, Gobernadores, Alcaldes, etc., es cada vez más claro que se viene deslegitimando el actual proyecto oficial de ultraderecha debido a que todos ellos son los que han apoyado su campaña política a costa de la sangre de los Colombianos y las Colombianas. El Estado sigue siendo rehén del paramilitarismo y el narcotráfico. Las recientes elecciones han confirmado su poder político, económico y social en centenares de municipios y regiones del país. El paramilitarismo no solo no se ha desmovilizado sino que mantiene intactos sus nexos con los agentes de la Fuerza Pública, los organismos de inteligencia del Estado y sectores del Poder Judicial; así como los vínculos con gremios económicos, empresas nacionales y transnacionales. El gobierno hace todo los esfuerzos por obstruir las investigaciones de la Corte Suprema en un descarado afán por favorecer a la bancada Uribista vinculada con crímenes de lesa humanidad. Bajo las políticas de "lucha contra el terrorismo" y la estrategia oficial de la "seguridad democrática" se viene legalizando el poder mafioso en Colombia, lo cual es una amenaza para las fuerzas sociales y democráticas que buscamos una trasformación real del país. Diversas valoraciones de entidades nacionales e internacionales coinciden con el Movimiento de victimas sobre el colapso de la ley 975 de 2005. Las versiones libres de los jefes paramilitares no vienen aportando mayores elementos para esclarecer la verdad y en cambio se han dedicado ha hacerle apología al delito. Más de cuatro millones de personas continúan desplazadas porque no ha habido devolución de tierras y bienes; al mismo tiempo que crecen las amenazas y riesgos para las victimas, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación está más empeñada en proteger los intereses del gobierno y de los victimarios, que en ofrecer garantías reales a las víctimas para la superación de la impunidad. Por su parte las fuerzas armadas, que tienen en su contra cientos de investigaciones, recobraron su protagonismo en la guerra sucia no solo por la continuación de alianzas con el paramilitarismo, sino por el hecho de que se han registrado 955 asesinatos atribuidos a sus agentes desde 2002, que hacen parte de "falsos positivos". También llama la atención la crisis económica, social, cultural y de soberanía nacional que vive el pueblo, crisis que se expresa en el aumento de las cifras de desempleo, pobreza, privatización de empresas de servicios domiciliarios y el cierre de hospitales y clínicas publicas. De otro lado el gobierno insiste en suscribir con Estados Unidos un TLC arbitrario y desventajoso. A pesar que el acuerdo humanitario, está lejos de ser una prioridad del gobierno, quien entorpece o desconoce cualquier iniciativa para su desarrollo, durante el último año ha emergido con mayor fuerza la exigencia por la libertad de los retenidos; los estudiantes y profesores se levantaron ejemplarmente para defender el carácter público de la educación; los trabajadores se han movilizado oponiéndose a las políticas de privatización y en contra del recorte a las transferencias. Las luchas indígenas, campesinas y de la población afro colombiana se expresan en forma heroica en busca de sus derechos; Las operaciones del Plan Colombia y su nueva fase, está causando un enorme daño al medio ambiente, a la salud campesina y vienen victimizando enormemente a la población civil en las áreas de conflicto. Frente a esta realidad la exigencia de la solución política negociada al conflicto colombiano surge como la alternativa más realista en la hora actual. Desde su tercer encuentro el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE-, propaga numerosas acciones en torno a sus ocho estrategias a nivel nacional y en los lugares mas apartados del mundo donde ha sido invitado. Las Audiencias Ciudadanas por la Verdad, los encuentros regionales de victimas, la formulación del proyecto de acto legislativo de no repetición del paramilitarismo, la creación de nuevos capítulos, la constitución de la Comisión Ética Internacional, los avances para hacer efectivo el Catastro Alternativo de Tierras, el apoyo a la consolidación del movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, entre otros, son signos contundentes del fortalecimiento del Movimiento de Victimas y de los avances de la lucha contra la impunidad en el país. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado convoca al IV Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y graves violaciones de los derechos humanos para los días 6, 7 y 8 de marzo de 2008, en la ciudad de Bogotá, D.C. En los eventos regionales preparatorios y en esta reunión nacional, los y las familiares de las víctimas del terrorismo estatal, los sobrevivientes de grupos políticos y movimientos sociales sometidos a genocidios, los representantes de las comunidades afro descendientes, campesinas e indígenas en resistencia, los delegados de los desplazados y exiliados por la violencia política, evaluarán, discutirán y ampliaran las estrategias de lucha contra la impunidad tendientes a fortalecer el Movimiento y sus relaciones con experiencias similares en América Latina. El Encuentro adoptará además las directrices a seguir en la lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de NO repetición; por la salida negociada del conflicto político, social y armado, el acuerdo humanitario y por la democratización del país.

¡Contra los crímenes del terrorismo estatal: verdad, justicia, reparación integral, memoria y no repetición!

Comité Nacional de Impulso Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Bogotá, Noviembre del 2007