DeVer 390 Un despertar de la sensibilidad colectiva parece despertar en sectores que tradicionalmente aparecían ajenos a la crisis ambiental, a los intereses de las multinacionales sobre los territorios y la vida de los colombianos. En Cartagena y Santa Marta la discusión se ha hecho pública pues los intereses de complejos hoteleros ven diezmados sus ganancias con la construcción de obras de infraestructura para la salida al mar de la extracción de recursos naturales. Pero al mismo tiempo, los excluidos, los sectores medios de la población empiezan en medio de los intereses de los sectores del capital a dar su opinión, a expresar su objeción a tanta expoliación. Igualmente, en dos regiones, el Bajo Atrato y el Catatumbo, en donde el gobierno actúa de modo claro a favor de los intereses transnacionales, simulando el ejercicio del derecho a la consulta, militarizando y judicializando a las organizaciones y comunidades indígenas, campesinas mestizas y afrocolombianos se enfrentan al poder económico multinacional que usa formalmente el Derecho de Consulta para imponer la extracción de los recursos naturales. Aparición inusitada o mejor explícita de los intereses del capital internacional en medio de la implementación de la política de seguridad “democrática”, con su estela de legalización o institucionalización paramilitar, la judicialización de los líderes sociales, la reingeniería paramilitar, combinada con la configuración del Estado Comunitario. Hace menos de tres semanas en el Carmen del Darién, delegados de la Muriel Mining Corp. presentaron un supuesto balance de las “consultas” realizadas desde Marzo 2006. En realidad tres reuniones de recolección de información empresarial sobre el pensar y el sentir comunitario indígena y afrocolombiano para acomodar esas solicitudes a las técnicas de consentimiento y de control social, en las que se oculta la verdad sobre la destrucción ambiental, las afecciones sobre la vida colectiva. Más allá de “las bellezas” con las que se presentó la explotación a cielo abierto para la extracción de moligdeno, oro y cobre, la empresa con una actitud candorosa explicó que en la etapa previa se harían solo 6 “huequitos”, uno por cada 25 hectáreas, con una profundidad de 300 a 600 metros y de 25 a 30 cm. Pequeña labor de año y medio, para comprobar si en el Jiguamiandó existen minerales; hallazgo que no requiere mayor investigación, pues es claro que existen informes científicos y técnicamente elaborados que así lo corroboran, y que dejan en claro, que se causaría una afección profunda sobre la identidad indígena. La empresa indica que si se encuentran minerales habría un proceso de consulta para la explotación y esta empezaría en unos 5 años. Y agregan, que “la exploración no creará ningún tipo de impacto” y el Ministerio del Interior será veedor del proceso en el que se respetaran las tradiciones de las comunidades. Cómo quién dice, si pero no, que en realidad es un Sí a la exploración y explotación. La objeción de la mayoría de las comunidades indígenas, en particular, los que habitan el Resguardo de Coredocito y Uradá fue evidente. Ellos expresaron que no estaban de acuerdo ni con la exploración ni la explotación del Cerro. Los habitantes de los resguardos indicaron que no han sido consultadas todas las comunidades, ni afros ni mestizas, que sus lugares sagrados van a ser afectados y su identidad cultural. Incluso, a pesar de que se niegue que la exploración esté desligada de la militarización, es claro que, la forma como se piensa asegurar la desterritorialización es con las armas, mucho más en esta fase de la institucionalización paramilitar y la reingeniería militar. La misma decisión de objeción y de negación a la exploración fue expresada por las mujeres que estuvieron en la reunión. Los afrocolombianos que habitan en las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad han objeto la iniciativa empresarial han afirmado un no público, a pesar de que no han sido ni convocado ni consultados, pues, como siempre, se usa de testaferros. Los pueblos que habitan ancestralmente el Bajo Atrato están en altísimo riesgo por la implementación de la Interconexión Eléctrica, la carretera panamericana, el poliducto al pacífico, los agronegocios de palma, de plátano y de banano, y la extracción maderera, estos tres últimos con control paramilitar. La decisión de un no ante el proyecto del Cerro Cara de Perro es una decisión por el bien no solo de las comunidades locales sino para el bien de la humanidad, justo cuando el calentamiento global. La misma postura han asumido las organizaciones de los pueblos indígenas, mestizos que habitan en el Catatumbo respecto a la extracción carbonífera. La región geoestratégica fronteriza con Venezuela, punto de interconexión de infraestructura energética, de comunicación del comercio transnacional, la extracción petrolera, gasifera y agreonegocios de palma y extensión ganadera, recientemente se han pronunciado por la NO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE DE LAS EMPRESAS NACIONALES, MULTINACIONALES Y TRANSNACIONALES La Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia, Asocbari; la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, el Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca desde un ejercicio de la memoria han reconstruido el sentido de la concesión que favoreció los intereses extranjeros en 1905, con la que se posibilitó la ocupación y usurpación del territorio, el etnocidio del pueblo Barí y por tanto han afirmado la protección ambiental. Las organizaciones identifican claramente que a los intereses petroleros se suman los de la extracción carbonífera, lo que explica la militarización territorial Brigada 30, “Aguilas Negras” y las fases previas de operación paramilitar de desalojo violento, desapariciones forzadas, y millares de Crímenes de Lesa Humanidad. Los beneficiarios, los rostros ocultos que se disfrazan de progreso son las empresas la Compañía Minera Río de Oro, Compañía Minera La Esmeralda, Promexco, Sopromin, Carbo Fuels and Minerals, Geofisin EU, Prominorte, y, Mora y Mora Multinversiones Mineras que pretenden operan sobre 25.000 hectáreas de los municipios de Convención, Teorema, Tibú y El Tarra y en zonas de Resguardo del Pueblo Barí. La explotación es mucho mayor que la que se ha realizado en El Cerrejón en la Guajira. Como en el bajo Atrato, no solo se trata de la extracción de los recursos sino también de agronegocios como la palma africana, se pretende pasar de 6000 hectáreas sembradas en palma a 20.000 hectáreas y de la instalación de una planta extractora de aceite. Despertar de sentidos colectivos, de sujetos históricos, quiénes a pesar de la represión, de la destrucción de proyectos de vida, hoy continúan erigiéndose como protectores de la vida no solo la suya sino la de la humanidad, sometida a una crisis ambiental, expresión de las secuelas de la idea de “progreso” en la que se ha fundado el terror de Estado, el terror empresarial y los Estados sin derecho. Bogotá, D.C. octubre 1 de 2007 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ