Voici une action urgente lancée par des groupes écologistes et de solidarité en lien avec la destruction de la forêt tropicale humide colombienne et les crimes contre l’humanité commis au nom de l’undustrie agro-alimentaire. Elle concerne la situation des communautés du Jiguamiando et du Curvarado qui font face à l’ensemencement illégal de la palme africaine sur leurs terres ancestrales, officiellement reconnues comme Territoire collectif. Il s’agit d’un exemple concret de ce qui arrive au delà du Choco, dans plusieurs autres régions de la Colombie comme le Meta, Montes de María, Magdalena Medio, Catatumbo, Tumaco. Des membres de la Commission Éthique pour la Vérité sur les crimes contre l’humanité et différentes organisations environnementales et de droits humains ont pu constaté, directement dans la région, l’avancée rapide du projet agro-industriel de la palme africaine. Il s’agit d’une monoculture qui a été imposé à travers plus de 120 assassinats, 13 déplacements forcés orchestrés par la stratégie (para)militaire de l’État, sans compter les nombreuses opérations psychologiques forçant les paysanNEs de renoncer à leurs terres. Tous ces crimes contre l’humanité s’accompagnent de la destruction des forêts vierges du Curvarado qui constituent une zone de haute biodiversité. Dans les journées du jeudi 6 et vendredi 7 septembre dernier, les habitants de ’’Cano Manso’’ qui retournaient sur leur Territoire après 10 ans de déplacement forcé, furent intimidéEs et menacéEs par ceux qui se sont appropriés illégalement leurs terres. Une de leurs maisons a été brûlée et ont leur a dit que le reste des maisons construites risquent de subir le même sort. Dans la région, les structures paramilitaires sont toujours actives, sous la nouvelle dénomination ’’Aguilas Negras’’, malgré la supposée démobilisation du gouvernement colombien. Formellement, ce dernier prétend être engagé dans un processus de restitution des titres collectifs et individuels sur les terres après 7 ans de négligeance et d’inaction. Mais dans les faits, les entreprises palmicultrices continuent d’opérer librement dans l’impunité la plus absolue. Joignez-vous à cette action urgente en signant et en faisant parvenir la lettre suivante aux autorités colombiennes concernées. Ce modèle de lettre présente les éléments mentionnés ci-haut en plus de demander la restitution réelle des titres collectifs et individuels sur les terres des communautés. ***Modèle de lettre*** * Francisco Santos, Vicepresidente de la República * Andrés Felipe Arias Leyva, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural * Juan Lozano Ramírez, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial * Fernando Araújo Perdomo, Ministro de Asuntos Exteriores * Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo * Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación * Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación Estimados señores, Estoy profundamente preocupado(a) por el programa de expansión de cultivos de palma aceitera y de especies destinadas a la producción de biocombustibles, y en especial por la expansión de plantaciones de palma africana relacionada con la destrucción masiva de unas de las selvas más biodiversas en el mundo, de las biodiversidad de las praderas naturales y de las tierras agrarias utilizadas por las comunidades locales para su sobrevivencia y su soberanía alimentaria. La producción de aceite de palma para biocombustible está también vinculada a graves violaciones de derechos humanos. A través de este correo, quiero brindar mi apoyo personal a la amplia protesta contra la promoción de biocombustibles por parte del Gobierno de Colombia, a costa de la destrucción de la selva húmeda y del sufrimiento de las comunidades rurales. Lo que buscamos es promover la concientización sobre este fenómeno y generar cambios positivos al nivel social y ecológico. La organización colombiana Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y ONG internacionales, entre las cuales Christian Aid, Amnistía Internacional, varias iglesias de Estados Unidas, y Ecologistas en Acción, han documentado 113 asesinatos ocurridos en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, a mano de paramilitares que trabajan con las empresas palmicultoras para usurpar la tierra que pertenece legalmente a las comunidades afrodescendientes. Los grupos paramilitares operan con el apoyo de la Brigada 17 del Ejército, y son responsables de 13 desplazamientos forzados. Recientemente, las comunidades afrodescendientes que han retornado en su territorio y que han conformado Zonas Humanitarias para vivir y Zonas de Biodiversidad para proteger el medioambiente, han sido amenazadas de muerte repetidamente por el grupo paramilitar "Águilas Negras". Las selvas del Chocó que están siendo destruidas por la expansión de plantaciones de palma de aceite, constituyen unas de las últimas importantes selvas húmedas de tierra baja que quedan en el mundo, y es de las zonas de mayor biodiversidad en el planeta. De 7,000 a 8,000 especies viven en estos ecosistemas, incluyendo 2,000 especies de plantas endémicas y 100 especies de pájaros también endémicas. Aún antes de la expansión de los cultivos de palma aceitera, 66% de esta selva había sido destruida. Colombia y el resto del mundo dependen de la protección de estas selvas que son esenciales para regular el clima global y regional, el ciclo del agua regional y la sobrevivencia de miles de especies. Las comunidades locales, incluyendo las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, buscan proteger tanto la biodiversidad de los ecosistemas como su modo de vida y su soberanía alimentaria, amenazados por las empresas palmicultoras y por las violaciones de derechos humanos relacionadas a la expansión de estos cultivos y perpetradas por paramilitares y por la Fuerza Pública. Quisiera solicitarle de manera urgente que: * proteja los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes, campesinas y de los pueblos indígenas afectados por las plantaciones de monocultivos a gran escala; * garantice de inmediato el retorno de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos indígenas afectados por las plantaciones de monocultivos, como las comunidades afrodescendientes del Curvaradó afectadas por las plantaciones de palma aceitera; para eso se solicita al Gobierno que implemente el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo y las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las Zonas Humanitarias de Refugio del Curvaradó y del Jiguamiandó; * detenga la deforestación y la explotación a gran escala de plantaciones de palma de aceite en la cuenca del río Curvaradó y en otras partes en Colombia; * garantice la reparación integral por los daños ambientales y humanos generados por la imposición de monocultivos de gran escala y por las violaciones de derechos humanos perpetradas por la Fuerza Pública ; * reconozca y respete las iniciativas civiles dirigidas a proteger el medio ambiente, tales como la creación reciente de las Zonas de Biodiversidad; Si la política gubernamental de “biocombustibles” pretende desarrollar de manera sostenible su país y buscar soluciones al cambio climático, no está realizado ninguno de estos propósitos cuando acaba con las selvas húmedas y desplaza sus habitantes. Para obtener la sostenibilidad ecológica y la justicia social, es imprescindible que el gobierno revise su política de “biocombustibles”, y el impacto de los monocultivos extensivos sobre las comunidades, sus derechos humanos y sobre el medio ambiente, incluyendo los impactos de la destrucción de las selvas húmedas sobre el cambio climático. El gobierno debe prohibir el desarrollo de “biocombustibles” a partir de monocultivos de gran escala, incluyendo a partir de palma aceitera. Atentamente, ***SIGNEZ ICI)*** Les détails de cette action urgente peuvent être consultés en anglais, en espagnol et en allemand aux adresses suivantes: www.regenwald.org www.climateark.org www.regenwald.org/international/spanisch www.salvalaselva.org