Un ex paramilitar acusó a la multinacional estadounidense Drummond de financiar a varios grupos de mercenarios para asesinar a líderes sindicales en Colombia.

"La compañía financió el Bloque Norte" del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y "fortaleció el Frente Juan Andrés Álvarez de esta organización", declaró el ex paramilitar Alcides Mattos Tabares, alias "El Samario" durante un proceso que adelanta la Corte de Alabama contra la empresa minera Drummond.

Varios trabajadores al servicio de la multinacional Coca Cola, Saceites y otras empresas, afiliados a Sinaltrainal, provenientes de varias regiones de Colombia, nos declaramos en huelga de hambre en la plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, para denunciar que somos víctimas de amenazas de muerte, atentados, 24 asesinatos, desplazamiento, exilio, quema de sede sindical y judicializaciones basadas en sucios montajes, entre otros.

El cuerpo de Luciano Romero fue encontrado el 11 de septiembre de 2005 en la periferia de la ciudad colombiana de Valledupar, detrás de una guarnición militar. No era la primera vez que paramilitares dejaban sus víctimas en tal lugar. Romero, sindicalista durante muchos años y ex-empleado de la empresa local Cicolac, fue torturado y asesinado, habiendo recibido docenas de puñaladas. En esa región dominada por latifundistas, había luchado por los derechos de los trabajadores y los derechos humanos.

Con el nombre de Marmato asociado al   vocablo “marmaja” mineral que los aborígenes Cartamas molían sobre piedras   para extraer el oro, se identifica este histórico poblado anclado sobre los   riscos del cañón del río Cauca, en una zona aurífera de Caldas cuya historia   está cruzada por la miseria, el abandono y la codicia y cuyo nombre honró,   Juan M. Bossingault al denominar marmatita a una variedad del mineral esfalerita. 

Las zonas de mayor riqueza hídrica y minera sufren la condena de ser las más afectadas por la violencia y el despojo en Colombia. En vista del auge de proyectos de exploración y explotación de minería y proyectos hidroeléctricos en el país,  las organizaciones antioqueñas que integran la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (organizadoras del foro) esperan evidenciar los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales que generan estos mega-proyectos.

En el sector de Cazucá, perteneciente al municipio de Soacha, Cundinamarca, la locomotora minera del gobierno Santos está avanzando y destruyendo todo a su paso, como en el resto del país. El impacto que ha tenido en la comunidad este proyecto minero arroja resultados negativos, ya que las problemáticas sociales se han ahondado en vez de brindar las mil y una soluciones que el gobierno tanto ha prometido. Un gran proyecto de explotación minera a cielo abierto se está llevando a cabo desde hace varios años en el municipio de Soacha, tanto de manera legal como ilegal.

El martes 14 de febrero de 2012 en horas de la mañana fueron desalojados cerca de 300 pescadores y habitantes de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo quienes protestaban en defensa de su territorio y por las consecuencias negativas de este megaproyecto. Uno de los pobladores perdió un ojo a causa de la acción policial.

Plataforma 2012 surge de la necesidad de construir una voz colectiva que pueda debatir abierta y públicamente los grandes problemas nacionales para contribuir al accionar social transformador, por fuera de los reduccionismos y del encapsulamiento del debate que promueve polarizaciones descalificadoras.
Plataforma 2012 es un colectivo de intelectuales y trabajadores de la cultura comprometidos en la lucha por un país verdaderamente independiente, una sociedad justa e igualitaria con plena vigencia de la libertad y los derechos humanos.

Acumulación por desposesión es un término que se utiliza para estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los derechos comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los métodos imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos, en consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por deudas.