No cesan los reportes de casos de violaciones de derechos fundamentales vinculadas a proyectos mineros. Una realidad cada vez más visible, a la que no podemos dar la espalda. Campesinos, indígenas y población afrodescendiente son asesinados, amenazados, torturados, intimidados o desplazados al defender su existencia y su territorios frente al saqueo de los recursos naturales.
Colombia ha tenido un comportamiento atípico, frente a los otros países de América Latina. Mientras que en la mayoría de ellos se impusieron las dictaduras militares, aquí no fue necesario ese desprestigio político, aunque la barbarie estatal fue mayor. Mientras que la devastación neoliberal provocó explosiones sociales que derribaron gobiernos, aquí el Terrorismo de Estado ha perpetrado un continuo genocidio que le da seguridad al régimen. Mientras que la crisis se ha ensañado contra las economías regionales, en Colombia los narco capitales le dan estabilidad a su economía.
El gobierno de los EEUU aun no ha ratificado el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos (EEUU) y Colombia (TLC). Han pasado tres años desde que se firmò el TLC pero el gobierno EEUU no lo ha ratificado debido a preocupaciones del Congreso EEUU acerca de violaciones laborales y de derechos humanos en Colombia.
El Consorcio Minero del Cesar, operadora de las empresas Carbones del Cesar y Coalcorp, esta ultima de capital Canadiense, resolvió de manera unilateral y arbitraria, suspenderle los contratos de trabajo a los 400 trabajadores que laboran para ella, desde el 6 de junio del presente año, lo que obligo a los trabajadores a permanecer en las puertas de esta empresa reclamando el derecho al trabajo, lo que no se hizo esperar para que todo el patronato que tiene a cargo la explotación del carbón en esta zona, acudiera a la fuerza pública para desalojarlos, en cambio el Ministerio de la Protecció
En su visita a Colombia la semana pasada, entre las muchas cosas que recomendó el Relator Especial de la ONU para Indígenas James Anaya, fue discutir con los pueblos indígenas el proyecto de ley que prepara actualmente el Gobierno para regular la consulta previa. Con esta alusión, el Relator puso el dedo en la llaga de uno de los temas que más dolores de cabeza han causado al gobierno de Uribe.