Los años noventa representan en Colombia una época en la que la estrategia paramilitar del Estado alcanzaría su apogeo en términos de barbarie. Con la tolerancia y el apoyo de las autoridades colombianas, los diferentes bloques paramilitares han efectuado una represión masiva en todo el país contra todos aquellos y aquellas que han osado proteger sus derechos y sus tierras. El objetivo: eliminar toda forma de organización e imponer un modelo de desarrollo único vinculado a la inversión privada y al despliegue capitalista mundial. La estrategia preponderante ha sido entonces la masacre, en la que han sido cruelmente asesinadas muchas personas, frecuentemente ante sus propias familias, con el objetivo de sembrar el terror y así forzar al resto de la población al destierro o a la sumisión. De esta manera, los grandes latifundistas y las compañías privadas han logrado desplazar a miles de campesinos y campesinas colombianos de sus tierras ancestrales (tres millones en total en todo el país). La estrategia militar y paramilitar les ha permitido apropiarse de una enorme cantidad de tierras para poner en marcha proyectos agroindustriales, fortaleciendo así la contra-reforma agraria que tiene lugar en Colombia. La represión y los desplazamientos forzados han permitido igualmente al Estado preparar el terreno para numerosos megaproyectos de infraestructuras emprendidos en el marco del Plan Puebla Panamá y del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En el medio rural, las principales víctimas de esta represión son las comunidades negras, autóctonas y campesinas. Históricamente, estas viven de la agricultura de subsistencia y poseen un modo de organización social muy diferente de aquel que el Estado y el Capitalismo quieren imponer a la fuerza. Las comunidades han debido entonces buscar el medio de frenar la represión y de reiterar su lucha por el Derecho al Territorio y por la Autodeterminación. Es este el contexto en el cual las Zonas Humanitarias aparecerán: surgirán como una estrategia de distinción y de protección en medio del conflicto armado. Pero aún más a fondo, permitirán a las comunidades agruparse, organizarse, y emprender sus proyectos de vida autónomos. Las Zonas Humanitarias son enclaves de resistencia civil en medio del conflicto armado que, apoyándose en el Derecho Humanitario Internacional tanto como en el acompañamiento nacional e internacional, constituyen una nueva estrategia ante el despliegue paramilitar y militar que se efectúa hoy en Colombia.
Las tres Zonas Humanitarias del Jiguamiandó en el departamento del Chocó
Las Zonas Humanitarias de Bella Flor Remacho, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza están ubicadas en la cuenca del río Jiguamiandó en el departamento del Chocó. Están conformadas por poblaciones negras y mestizas que han vivido desde tiempos ancestrales en esta región (Bajo Atrato), cuyos integrantes que fueron desplazados del Curvaradó (cuenca hídrica vecina), hoy se encuentran en proceso de retorno a su tierra materna. Estas zonas fueron creadas en el 2004, siete años después del desplazamiento forzado. Fue en los tiempos de la operación Génesis, en 1997, cuando las comunidades campesinas de la región fueron desplazadas masivamente. El ejército nacional bombardeó la zona con la ayuda de helicópteros y avionetas, para que luego los militares y paramilitares atacasen conjuntamente en tierra bajo el pretexto de la presencia guerrillera en los alrededores. No menos de 4000 personas fueron obligadas a buscar refugio en otras poblaciones. Luego de varios meses de oscuridad, las personas afectadas comenzaron a organizarse con el fin de regresar a su territorio ancestral. Tras numerosas reuniones y gracias a la solidaridad de la Comisión Justicia y Paz, las comunidades lograron volver a la cuenca del río Jiguamiandó en el año 2000. En el 2004 crearon tres Zonas Humanitarias como estrategia de resistencia civil en medio del conflicto armado. Se trata de sitios exclusivos para la población civil en donde ningún actor armado puede entrar. La protección del territorio y la lucha por la autodeterminación es el punto central de la resistencia de las comunidades. Pese a las amenazas y a los asesinatos que continúan golpeando a los campesinos del Jiguamiandó, ellos han logrado desarrollar su propio sistema educativo; la educación propia, también llamada educación étnica. Se trata de un modelo basado en la historia y cultura de las comunidades mestizas y de descendencia africana. Los profesores de la escuela primaria son miembros de la comunidad y los jóvenes del colegio pueden igualmente volverse enseñantes de dicha escuela. En cuanto a la secundaria (o bachillerato), los acompañantes nacionales e internacionales juegan un papel importante a nivel de enseñanza. Por lo que corresponde a las decisiones de contenido y de desarrollo de la enseñanza, son tomadas en asamblea colegial de profesores y estudiantes. Los cultivos de víveres se encuentran diseminados alrededor de las Zonas Humanitarias y a veces en la otra rivera del río, donde estaban las aldeas antes del 2002. En periodos difíciles ligados a una presencia militar o paramilitar, las cosechas pueden perderse ya que el miedo impide a la gente ir al campo sembrado. Las mujeres siembran pequeños huertos en colaboración con un médico para diversificar la alimentación. La producción de madera y su venta posterior en el río Atrato constituye la actividad económica más rentable. Los hombres se organizan en equipo laboral y parten varias semanas hacia la selva a realizar varias talas selectivas para luego descender las tablas hasta el río Atrato. La venta de plátano no es muy lucrativa, pero permite la supervivencia de los que no poseen los útiles necesarios para cortar madera. El comité de Jóvenes se ocupa de realizar torneos de fútbol entre las comunidades, tardes de música y poesía, actos culturales, entre otras actividades. Cada Zona Humanitaria cuenta con una banda de música que toca vallenatos románticos y canciones sobre el proceso. Hace varios meses, las comunidades del Jiguamiandó están afectadas por un proceso judicial hacia sus líderes. Hoy en día, se cuentan órdenes de captura en contra de no menos de veinte miembros de las comunidades. Por la mediación de varias irregularidades y falsos testimonios, estas personas están acusadas de ser miembros del frente 57 de las FARC. En realidad, su único crimen consiste en continuar denunciando las masacres cometidas por los militares y los paramilitares, así como la sembradura ilegal de palma africana en su territorio colectivo.
Las dos Zonas Humanitarias del Curvaradó en el departamento del Chocó
El 8 de Abril del 2006, esta vez en las entrañas de la cuenca del Curvaradó, una nueva Zona Humanitaria ha sido fundada bajo el nombre de Caño Claro, con habitantes del río que estaban dispersos en diferentes pueblos de la región: en Belén de Bajirá y Chigorodó principalmente. Está situada en medio de plantaciones de palma africana en donde los puestos de control de la Policía y el ejército son abundantes. En cuanto a los paramilitares, estos están muy arraigados en la región, pero vestidos de civiles y portando armas ligeras y radios de comunicación. Circulan habitualmente en motocicleta y no se identifican oficialmente como tales. En octubre, la zona de El Tesoro fue puesta en marcha, por familias del Curvaradó que vivían en la zona de Bella Flor Remacho del Jiguamiandó. Además de las Zonas Humanitarias, las familias del Curvaradó han también decidido crear, con el apoyo de Justicia y Paz, « Zonas de reserva natural y de biodiversidad ». El concepto de «Zonas de Reserva » encuentra sus fundamentos jurídicos en el « Estatuto del medio ambiente » colombiano, que hace referencia a las « Zonas de reserva de la sociedad civil ». La primera zona de reserva fue entonces creada en el Curvaradó en junio de 2006 y otras nacerán en los siguientes meses, germinando como pequeños islotes de resistencia y de afirmación de sus derechos en medio de la adversidad. Estas zonas sirven en principio como espacios de cultivo agrícola de subsistencia y tienen el fin de proteger determinadas zonas del bosque tropical húmedo. Mas ante todo, la creación de Zonas de Reserva y de dos Zonas Humanitarias en el Curvaradó significa para los campesinos una nueva etapa en la resistencia por la defensa de su territorio. De la etapa defensiva –que consiste en protegerse de las incursiones armadas y en denunciar el robo de sus tierras –, pasaron ahora a la etapa ofensiva, en el curso de la recuperación directa de sus tierras.
Las 2 Zonas Humanitarias del Cacarica en el departamento del Chocó
Las Zonas Humanitarias de Esperanza en Dios y de Nueva Vida están ubicadas en la región del Bajo Atrato, en cercanías a la frontera con el Panamá. Éstas fueron las dos primeras Zonas Humanitarias en ser creadas en Colombia. Los campesinos y campesinas que allí viven son en gran parte afro-descendientes. Se trata igualmente de comunidades que han sido golpeadas directamente por la operación Génesis en 1997. Los militares y paramilitares llegaron a las poblaciones obligando a todo el mundo a abandonar sus tierras ancestrales. Varios hombres fueron masacrados a sierra mecánica delante los miembros de sus propias familias y, en total, más de 80 personas fueron asesinadas o reportadas desaparecidas. La mayoría de los campesinos fueron transportados en barcos hasta el pueblo de Turbo en donde las autoridades municipales estaban ya enteradas de su llegada (Una más de las pruebas de que esta operación fue un desplazamiento planificado por las autoridades colombianas). Ciertos habitantes huyeron hacia el Panamá, caminando varios días mientras que otros rehusaron partir de su territorio y han sobrevivido desplazándose continuamente en la selva. Gracias a un trabajo constante de organización mientras estaban desplazados en el municipio de Turbo, los campesinos del Cacarica regresaron a su territorio ancestral en el 2000. Obtuvieron en un principio la titulación colectiva sobre su territorio ancestral en 1999. Allí establecieron las dos primeras Zonas Humanitarias de Colombia. De la misma manera crearon su propia organización CAVIDA (Comunidades Autodeterminación Vida y Dignidad del Cacarica). Las comunidades han puesto en marcha su propia escuela primaria y secundaria autónoma, radio autónoma, el desarrollo de la agricultura de subsistencia y del comercio de la madera e inclusive ya poseen su propia bandera y su declaración política. Además, han escrito un libro sobre su historia y gravado dos discos compactos de cantos sobre su persistencia en medio de la guerra. Pese a las dificultades, el camino más accesible hacia las pequeñas aglomeraciones y el relativamente fácil acceso al río Atrato hacen la economía del Cacarica más viable que la del Jiguamiandó. Las comunidades del Cacarica denuncian el abastecimiento ilegal de madera en su territorio colectivo por la empresa maderera « Madera del Darién » que tala la selva virgen desde hace aproximadamente 40 años. Deben igualmente luchar contra los proyectos agro-industriales de palma africana, de mini bananas ‘‘primitivo’’ y contra los megaproyectos de infraestructuras como el nuevo canal interoceánico, la carretera panamericana, una línea de transmisión eléctrica, y un gasoducto que partiría desde Venezuela hasta el departamento de la Guajira en Colombia. A pesar de un fuerte control militar y paramilitar en la región, las comunidades del Cacarica continúan su lucha por la posesión de sus territorios y la protección de su cultura ancestral. En el 2004 los militares se instalaron en los límites de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Dios, ocupando los terrenos, hostigando jóvenes para alistarlos al ejército y mujeres para servicios sexuales. La situación de la comunidad se tornó crítica y la mayoría de las familias se desplazó de nuevo, esta vez hacia otra Zona Humanitaria. Sin embargo, algunas familias permanecieron en el sitio, agotadas de huir y ocasionalmente seducidas por el alivio de un nuevo hospital y de la ayuda financiera militar. Meses más tarde, la situación del sitio « El Limón » conformado por militares y civiles se volvió dramática: violaciones, droga, amenazas y en cuanto a las familias (las primeras en haber formado la zona), no pueden sino difícilmente ir a la nueva Zona Humanitaria a causa del miedo a los informadores.
La Zona Humanitaria CIVIPAZ en el departamento del Meta
En el 2002, con la zancada que fue la ruptura de los diálogos entre las FARC-EP y el gobierno Pastrana, fue desplegada una vasta operación militar sobre toda la parte norte de la municipalidad El Castillo. Los militares y los paramilitares se presentaron en los pueblos, destruyendo casas, robando animales, computadores, radios y otros bienes ajenos. Varios campesinos fueron detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados, como tal fue el caso de Eyder Quianas, de sólo 14 años de edad, asesinado el 29 de enero del 2002. En el marco de varias operaciones, a lo largo del 2002, la mayoría de los habitantes del norte de El Castillo fueron desplazados a la fuerza hacia la ciudad de Villavicencio y sus alrededores. El contexto en el cual se efectuó la represión, así como la masiva presencia paramilitar, hicieron imposible la organización de las familias campesinas, quienes fueron obligadas a desplazarse en dispersión. En el año 2002, las familias desplazadas se instalaron en Villavicencio, en donde intentan sobrevivir en condiciones deplorables. Durante estos tres últimos años, estas han debido poner la cara a los insultos de los habitantes de la ciudad y a las amenazas de un eventual desplazamiento por parte de la municipalidad de El Castillo. A pesar de todo, estas han hecho prueba de una determinación sin límites y han comenzado a reunirse y a organizarse. Mediante las constantes reuniones semanales, los campesinos y campesinas lograron vencer el temor y con celeridad surgió la voluntad de regresar a su territorio. Las 45 familias comenzaron con la adquisición de un terreno de cinco hectáreas gracias al apoyo financiero de organizaciones españolas. También elaboraron un proyecto de vida en comunidad con sus criterios de organización comunitaria y, por medio de varios viajes puntuales a su nueva tierra, comenzaron a construir casas comunitarias y a desbrozar el campo para la agricultura. Hoy en día, varias familias ya están instaladas de modo permanente en la Zona Humanitaria. Cultivan yuca, plátano, cacao, fríjoles, entre otros víveres. Aun así, deben continuamente confrontar un bloque económico que afecta bastante su alimentación. Cuando la gente hace mercado en Medellín del Ariari, debe pasar enseguida por un retén paramilitar y hacer firmar las facturas por el comandante en jefe. El importe de la factura no puede ser superior a una cantidad precaria de dinero predeterminada. Esta forma tan perversa de represión alimentaria es tolerada por las autoridades civiles y militares colombianas. Las comunidades continúan sin embargo resistiendo y organizándose en la zona con el objetivo último de poder retornar a sus parcelas en donde vivían tiempo atrás.
La Zona Humanitaria LA BALSITA en el departamento de Antioquia
Esta Zona Humanitaria está internada en las montañas antioqueñas, cerca al municipio de Dabeiba, en medio del camino que une a Medellín y Apartadó. El territorio agrupa aproximadamente cien personas desplazadas en 1997, que decidieron reorganizarse y conformar la comunidad VIDA Y TRABAJO LA BALSITA. En 1996 una comisión de la municipalidad de Dabeiba se presentó en varias veredas y caseríos rurales para anunciar la posibilidad de la compra de tierras para la construcción de una represa hidroeléctrica. La gente fue objeto de un censo y fueron advertidos de estar listos pues otra comisión vendría posteriormente. Pero esto nunca ocurrió, y en cambio llegaron las tropas paramilitares a la región. En el mes de noviembre de 1997, los paramilitares llegaron identificándose como « Autodefensas campesinas de Córdoba y de Urabá ». Asesinaron y secuestraron a 34 personas ante sus familias, quemaron más de cuarenta casas, robaron la mayoría del ganado de los campesinos y arrasaron una gran cantidad de puentes. Una cuantiosa parte de la población de la región –cerca de 400 personas –, fue forzada a abandonar sus propiedades para refugiarse en Dabeiba. En total en la región, se cuentan más de 250 personas secuestradas y/o asesinadas entre 1996 y 1999. Después de dos largos años en los refugios de Dabeiba, sufriendo humillaciones y amenazas, los campesinos decidieron reorganizarse y elaborar un proyecto de vida. Hicieron la adquisición de una parcela de aproximadamente 100 hectáreas en donde formaron la Zona Humanitaria, en el año 2001, lugar en el que viven y cultivan colectivamente. La mitad del precio de compra aún queda por pagar de hoy a cinco años, lo que es económica y prácticamente imposible. Ahora desarrollan sus proyectos de agricultura de subsistencia e intentan eliminar todo tipo de abono químico y de pesticidas para incentivar una agricultura más ecológica. La juventud está integrada al proceso de resistencia civil tanto a nivel organizativo como a nivel cultural y artístico. La comunidad da mucha importancia a la recuperación de la memoria colectiva tanto como a la necesidad de una recuperación integral de todas las víctimas de la represión; así mismo, le otorga relevancia a la recuperación de todos los bienes perdidos y de todos los años de trabajo y sacrificios que han sido malogrados. La juventud trata de elaborar novedosos proyectos, consciente de que cuando crezca la nueva generación, cien hectáreas no bastarán para alojar y alimentar a su comunidad. Por tanto ya ha creado su propio colegio, su elenco teatral, su grupo de danza y de artesanías.
Una forma de resistencia
Es necesario mencionar que la Zona Humanitaria no representa la única alternativa de resistencia ni de organización en el interior del conflicto armado en Colombia. Más bien corresponde a una estrategia que ha sido desarrollada por diversas comunidades en determinados contextos y regiones. Asimismo, otras formas de resistencia están siendo emprendidas en diferentes regiones del país. No obstante, la lucha campesina no debuta con las Zonas Humanitarias; ésta cuenta con una larga historia cuyas diversas raíces remontan numerosas décadas en los anales de la guerra civil en Colombia. Tampoco hay que creer que las comunidades que viven en las Zonas Humanitarias se declaran neutras o « en medio del fuego cruzado ». Al contrario, estas afirman ser víctimas de una represión que proviene del Estado y su estrategia paramilitar. Asimismo saben muy bien que esta violencia apunta a imponer un modelo económico exclusivo, un modelo de vida único. Las comunidades se agrupan por consiguiente al amparo de las Zonas Humanitarias para resistir esta violencia estatal y poder entablar su propio modo de vida y de organización.