No podemos aceptar éticamente que en Colombia se siga matando y atentando contra nuestras/os líderes comunitarios, sociales y sindicales y defensores de derechos humanos. Si esto no cesa, no se podrá configurar una real paz, estable y duradera y por el contrario de seguro viraremos a otra época de terror, que no la recuerda dolorosamente lo vivido por la Unión Patriótica.
Mauricio Torres-Tovar
Profesor Universidad Nacional de Colombia
El odio no tiene la última palabra, el amor es más fuerte que la muerte y la violencia”
Papa Francisco
“Cada muerte violenta nos disminuye como seres humanos.
Cada noticia que llega con la velocidad que hoy permite las redes sociales sobre el asesinato de una lideresa o un líder social en cualquier rincón de Colombia, me genera una desazón, un malestar, una profunda tristeza, una rabia, una impotencia, y una pregunta que ya muchas y muchos nos hacemos: ¿qué podemos hacer para detener este nuevo genocidio que se consuma en nuestro país?
Hablamos de genocidio, no como parte de un discurso político, o como una simple descalificación, sino porque efectivamente lo que se viene dando en estos momentos en Colombia corresponde a su definición referida a una aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por causas comunes. Es decir, en Colombia se viene dando una eliminación sistemática de lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos relacionada con su actuar en las esferas de lo social y lo político.
El Gobierno nacional insiste en que no hay un patrón sistemático de conducta que explique este conjunto de asesinatos en Colombia, mientras las organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, sostienen que los hay y que avanzamos en la configuración de un nuevo genocidio en Colombia contra nuestros lideresas y líderes comunitarios, sociales, sindicales y contra los defensores de derechos humanos.
En lo que va de esta semana en Colombia dolorosamente se registra un atentado en el Departamento del Huila a Jhon Ninco, dirigente sindical de los trabajadores enfermos por el trabajo en el sector petrolero; el asesinato en el municipio de Tumaco, Departamento de Nariño, de José Jair Cortés, líder comunitario; el asesinato en el municipio de Coyaima, departamento del Tolima, de Liliana Astrid Ramírez una educadora y dirigente del Sindicato de maestros del Tolima (Simatol); y se releva el asesinato de 6 excombatientes que retornaron a la vida civil producto del acuerdo entre el gobierno y las Farc, en Isupí, localidad de San José de Tapaje, en el municipio del Charco, departamento de Nariño.
Estas muertes se suman al lamentable conteo que se hace de los asesinatos que se vienen dando en el país en el marco de los acuerdos de paz. Según el informe “Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre del 2017” realizado por varias organizaciones de derechos humanos y publicado en este mes de octubre, en el 2016 fueron asesinados y desaparecidos de manera forzada 101 dirigentes, 65 de los cuales estaban en zonas claves para la paz.
En tanto en el primer semestre de 2017, según la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados 52 líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo cual implica una trágica cifra de 186 asesinatos entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de julio de 2017, mostrando una dramática tendencia sostenida de asesinatos contra este perfil de personas.
El informe evidencia también que los líderes y organizaciones con mayor número de afectaciones son las de carácter campesino y étnico, enfocadas en la defensa de derechos territoriales: el 36% corresponde a campesinos, el 23% a indígenas y el 7% a afrodescendientes. Entre los campesinos, menciona el informe, que la mayoría han sido líderes de Juntas de Acción Comunal; y entre los indígenas, predominan los casos en contra de activistas defensores del territorio.
Igualmente menciona el informe, que entre las organizaciones sociales más afectadas se encuentran el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule, del Chocó (Orewa), así como sus organizaciones sociales de base.
En relación a los autores de los hechos el informe menciona que para los casos de 2016, en el 57% se desconoce al autor de los hechos; para el 25% corresponde a narco-paramilitares y a grupos armados sin identificar, el 5,94%. Indica que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) y el Ejército Nacional son presuntos autores del 4,95% de los casos; mientras que las guerrillas de las Farc y del ELN, lo son de otro 4,95%. Es decir que como es costumbre, se mantiene un patrón de impunidad en tanto no se reconoce quiénes son los autores intelectuales y materiales, y por lo tanto no hay juzgamiento para estos casos.
Este trágico panorama, ratifica que este conjunto de muertes se relaciona con aspectos sociales y políticos, muy vinculados como la tenencia de la tierra, la defensa del territorio que conlleva un rechazo a los proyectos de explotación minero-energéticos, la apuesta por configurar proyectos comunitarios colectivos, la exigencia y protección de derechos humanos y laborales, entre otros. Es decir, sí se establece un patrón de exterminio sistemático contra aquellos que luchan por su territorio y sus derechos, que ratifica la idea de un genocidio.
No podemos aceptar éticamente que en Colombia se siga matando y atentando contra nuestras/os líderes comunitarios, sociales y sindicales y defensores de derechos humanos. Si esto no cesa, no se podrá configurar una real paz, estable y duradera y por el contrario de seguro viraremos a otra época de terror, que no la recuerda dolorosamente lo vivido por la Unión Patriótica.
Frente a la pregunta planteada en relación al qué hacer, yo solo atino a escribir estas notas, a replicar por las redes sociales que es intolerable, a apoyar las expresiones sociales en contra de estos hechos. Pero tal vez sea muy poco, tal vez no sirva de nada, tal vez debo involucrarme de otra manera, expresarme de otra manera, como seguramente tendrían que hacerlo más personas de este país y de otros países, bajo la consideración que si con cada asesinato se provocará una expresión contundente de indignación tanto nacional como internacional, eso de alguna manera exigiría, llevaría, a que se detuvieran.
No podemos como sociedad seguir acostumbrados al asesinato como si fuera un hecho natural, como si fuera un designio divino para nuestra sociedad.
Colombia no puede perder otra esperanza para construirse como sociedad diferente, necesitamos darle vuelta a la historia, para configurar un país que sea digno, justo, respetuoso de la vida y la integridad de sus conciudadanos.
Debemos instalar en nuestra sociedad el mandato ético de que nos merecemos una paz con justicia social y que esta paz ¡no nos puede costar a la vida!