El proceso de paz en Colombia será un gran fracaso si casos como el de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, no obtienen verdad, justicia y garantías de no repetición
Encontraran abajo un modelo de Carta para remitir a las autoridades colombianas: :
El asesinato del defensor de derechos humanos y líder social CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO, se dio en el marco de las sistemáticas amenazas que durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2014 y enero de 2015 recibieron integrantes de organizaciones sociales, políticas y de defensa de los derechos humanos por parte de las autodenominadas “AGUILAS NEGRAS” grupo perteneciente al paramilitarismo colombiano, acusándolo de estar de acuerdo con el proceso de paz que se viene adelantando entre las guerrillas y el gobierno.
La desaparición forzada y homicidio de Carlos Pedraza acrecentó las cifras de asesinatos de defensores de derechos humanos que para el primer semestre de 2015 según informe de SOMOS DEFENSORES sumaban 34, la impunidad con la que la justicia colombiana acomoda los casos según conveniencia quedó descrita en este informe “… es cómo 219 homicidios de defensores de derechos humanos ocurridos entre enero de 2009 y junio de 2013 se encontraban en total impunidad al registrar que el 95% de estos casos nunca pasaron de la etapa de investigación preliminar hecha por la Fiscalía y tan solo un caso contaba con una sentencia en firme contra los asesinos. Es muy posible que la cifra de impunidad por estos casos ya se encuentre en el 100% acompañada de un inexplicable silencio institucional de la Fiscalía.
Pasado el tiempo y tomando como referencia las acciones de la Fiscalía en los últimos años, es posible concluir que existe una decidida falta de voluntad política y administrativa de la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia; pero en contraposición, se evidencia una marcada y decidida celeridad y efectividad de la Fiscalía y sus cuerpos investigadores para judicializar y criminalizar a los defensores de derechos humanos y sus acciones cuando son acusados de diversos delitos.
Lo anterior se sustenta en que en los primeros seis meses del año, 332 defensores y defensoras fueron víctimas de amenazas mediante 27 panfletos amenazantes contra sus vidas y su actividad, y la Fiscalía no mostró avance en un solo caso.”1
Las entidades encargadas han hecho caso omiso a las peticiones de investigación del caso de Carlos Pedraza por parte del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT), de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Seguimos realizando las mismas preguntas que durante este año organizaciones sociales han planteado.
¿Existe una resistencia institucional de la Fiscalía para investigar estas amenazas?
¿Por qué la Fiscalía no ha dado ni un solo resultado a estos casos en al menos 5 años?
EXIGIMOS:
1. Dar celeridad a la investigación en el caso de desaparición forzada y homicidio que se adelanta en la Fiscalía 98 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
2. Realizar una investigación independiente, imparcial y exhaustiva para dar con los responsables intelectuales y materiales del asesinato de CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO.
3. Se imponga justicia sobre los responsables de los delitos, se encuentre la verdad sobre el móvil del asesinato y se ponga fin a la impunidad.
4. Se garantice el ejercicio de defensa de la representante de víctimas dentro del proceso adelantado en la Fiscalía.
5. Se proteja la integridad física y psicológica de los miembros del Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos.
6. Poner fin a todo tipo de amenazas, actos de hostigamiento y atentados contra los miembros del movimiento social y popular colombiano.
7. Garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado colombiano
8. Asegurar la aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
Artículo 1, que garantiza la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Artículo 12.2, que establece el deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.