Invitada por la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia, Marylen Serna, portavoz nacional del Congreso de los Pueblos, ha visitado Valencia donde ha impartido una conferencia sobre el proceso de paz y el rol que, en las mismas, desempeñan los movimientos sociales. Compagina la tarea de vocera con el trabajo de base, con mujeres y víctimas de crímenes de estado en Cojibío (Cauca). Marylen Serna considera que la participación de los movimientos sociales en el proceso de paz ha de realizarse “desde un espacio autónomo y una agenda propia”. Asegura que esta es la mejor manera de luchar por cambios de fondo en el país. Cambios que rechazan el gobierno, los poderes fácticos colombianos y las multinacionales.
¿Qué agrega el Congreso de los Pueblos al Movimiento Social colombiano?
El Congreso de los Pueblos surge en 2010 en la región del Cauca, como movimiento político –siempre en construcción- que articula 650 organizaciones de 25 regiones de Colombia. No somos un partido. Pretendemos recoger las múltiples expresiones del movimiento social e integrarlas en una “agenda común”. Además, partimos siempre de las luchas locales. Lo esencial es la construcción de un amplio movimiento desde la base con capacidad de interpelar al estado y, para ello, priorizamos el trabajo en cuatro áreas: defensa de la tierra y el territorio; salida política al conflicto social y armado; rechazo al modelo desarrollista extractivo y garantía para la población de derechos básicos, como salud, educación y vivienda.
¿Cómo han evolucionado los movimientos sociales en los últimos años? ¿Cuál es, actualmente, su estado de salud?
Los movimientos sociales han logrado sustentarse en el tiempo, a pesar de la represión estatal. Lo que ocurre es que han logrado dispersar y debilitar a las organizaciones. Ahora bien, desde los últimos cuatro años, hay una recomposición de las organizaciones populares, que se hacen más visibles y contundentes. En ese periodo han surgido el Congreso de los Pueblos, la Minga Social y Comunitaria, Marcha Patriótica, la MANE estudiantil y la Coalición de Movimientos Sociales de Colombia (COMOSOC), mujeres, sindicatos, iniciativas de paz y ONG. Se produce una coincidencia en una serie de planteamientos generales: salida política al conflicto social y armado; derechos a la salud, educación y vivienda; defensa del territorio y rechazo de los Tratados de Libre Comercio.
¿Consideras que deberían estar los movimientos sociales en la mesa negociadora, con el gobierno y la insurgencia?
Los movimientos sociales se articulan en la “Ruta social para la paz”. Eso significa que estamos creando un movimiento para la paz con una agenda propia, con un espacio autónomo de participación en el proceso de paz. No se trata necesariamente de estar en esa mesa como un agente negociador. Más bien, como te decía, la idea es erigirse en actor autónomo, que no delega sus propuestas en los actores que están en esa mesa. La “Ruta Social para la paz” ha saludado el inicio del diálogo. Lo considera decisivo. Y también es muy importante el cese del fuego (las FARC acaban de declararlo), para que la población se identifique con el proceso. Es muy difícil que lo haga si padece en carne propia los efectos del conflicto. Sería importante, además, que al proceso se sumara toda la insurgencia.
En el primer punto de la agenda de diálogo se habla de una “política de desarrollo agrario integral” ¿Cómo se debería concretar la propuesta?
En Colombia es necesaria una devolución de la tierra con garantías a las víctimas del despojo, y eso incluye el desmantelamiento del aparato militar. Los campesinos no pueden volver a sus tierras porque están poseídas por sus victimarios y cultivadas por paramilitares o multinacionales. La restitución de las tierras implicaría, por tanto, que al tomar posesión de la tierra, las víctimas tuvieran garantías para ponerlas en producción y poder mantenerse en el territorio. También hay que entregar tierras a la gente desposeída. Y eso significa habilitar un presupuesto nacional, agilización de trámites e identificar las tierras productivas. Además, deben establecerse unos topes para la tenencia de la tierra. Por último, habría que fomentar una economía propia, con producción e intercambios locales, y que respete la diversidad.
La cuestión agraria. ¿Igual hoy que hace 60 años?
Sí, los problemas estructurales son los mismos. Quien posee la tierra, acumula la riqueza. En los últimos años se ha agudizado el proceso debido al despojo de la tierra por medio de la violencia, lo que ha provocado grandes desplazamientos. A ello hay que añadir la entrada de capital multinacional, que ha dado nuevos usos a la tierra, como la minería, la agroindustria o los agrocombustibles. También hay países que compran enormes extensiones de tierra para la producción de alimentos. Son factores que apuntan a una “extranjerización” de la economía. Pero es algo que no sólo ocurre en el campo. La entrada de capital extranjero que, según Santos, traerá el “desarrollo”, afecta a los sectores minero-energéticos, la banca, la salud, las grandes superficies comerciales, los agroquímicos o la estética.
Pero la entrada del capital transnacional empezó con Uribe
Uribe empezó y Santos les ha abierto totalmente las puertas. De entrada, hay un gran interés por parte del capital transnacional en los recursos naturales (agua, minería, bosques o hidrocarburos). Ha habido cambios en la legislación colombiana para favorecer estos intereses. Y se ha creado, por ejemplo, la Agencia de la Minería, encargada de conceder las licencias de explotación. Otra cuestión muy relevante es la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En octubre de 2011 se firmó uno de ellos entre Colombia y Estados Unidos, hay otro suscrito con Suiza y se está negociando un tercero con la Unión Europea. Estos acuerdos bajan el nivel de exigencia para la penetración de las multinacionales, a las que se les grava con impuestos muy bajos, precarizan el trabajo y, sobre todo, acaban con las economías locales. Un ejemplo. Desde la firma del TLC con Suiza, en Colombia es ilegal, debido a la Ley Fitosanitaria, el comercio local de leche.
Volvamos a la cuestión agraria. Y al problema central, la situación del campesinado. ¿Con qué diagnóstico tendrán que operar los negociadores en la mesa de diálogo?
El promedio de tierra por campesino se sitúa en 1,6 hectáreas para una familia de seis personas, lo que hace inviable la permanencia del campesino en la tierra y también que mantenga su producción agrícola. En consecuencia, la gente ha de venderse como mano de obra a las transnacionales o desplazarse a cosechar a otras regiones. Muchas mujeres se ven forzadas a marchar a las ciudades; también es frecuente la deserción escolar. Por descontado, estos procesos deterioran la soberanía alimentaria. Si la gente no puede producir en su propia tierra, acaba por perder la identidad campesina. Se ve forzada, por ejemplo, a sembrar coca, amapola o ingresar en grupos armados. Hay que impulsar, por tanto, políticas distintas de apoyo al campesinado, que incluyan sistemas efectivos de crédito.
¿Confías en que las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla resuelvan estas cuestiones?
No. Si Santos se sienta en la mesa de diálogo es porque necesita parar el conflicto armado, y así generar las condiciones para la penetración de las multinacionales en el país. ¿Por qué es esto importante? Porque el gobierno colombiano no está interesado en transformaciones reales. Los terratenientes tampoco están dispuestos a ceder parte de sus terrenos. Ni las transnacionales, a perder sus concesiones. Son, de hecho, las grandes amenazas del proceso de paz. Precisamente por eso, por la dificultad de encontrar salidas en el marco actual del proceso, es tan importante la participación de los movimientos sociales y la introducción de la “agenda social”, que pone encima de la mesa todos los problemas estructurales del país.
¿Y la legislación sobre restitución de tierras impulsada por Santos? ¿Podría ser un punto de partida?
Esta legislación no garantiza la devolución de las tierras a sus legítimos dueños. Entre otras cosas, porque continúa el conflicto armado y la presencia de paramilitares. Las tierras de los campesinos están ocupadas por terratenientes y paramilitares. Si los campesinos regresan, firman su sentencia de muerte. De hecho, muchos líderes, miembros de organizaciones campesinas y víctimas de desplazamientos han muerto asesinados en el proceso de reclamación para recuperar sus tierras. Y hay otro factor. El campesino ha de demostrar con títulos que la tierra le pertenece. Esto implica enfrentarse a los grandes equipos de abogados de terratenientes y multinacionales.
Además de portavoz nacional del Congreso de los Pueblos, desarrollas un trabajo de base en Cajibío (Cauca).
En el Movimiento Campesino de Cajibío, que también forma parte del Congreso Nacional Agrario. Desarrollamos procesos con mujeres, niños y niñas, víctimas de crímenes de estado, agroecología y jóvenes, entre otros. Nuestro eje de trabajo es el Plan de Vida Digna para Cajibío, en el que participan todas las organizaciones y comunidades de la región. Personalmente, estoy implicada en el trabajo con mujeres y víctimas de los crímenes de estado.
En el Cauca, un laboratorio perfecto para el proceso de paz
En Efecto. En el Cauca están presentes todos los actores armados. La región cuenta con una planicie de gran riqueza productiva, enmarcada entre dos cordilleras. En esta llanura hoy domina la gran propiedad agrícola y ganadera, y los proyectos transnacionales dedicados a la caña de azúcar, los agrocombustibles, recursos forestales y mineros. Se trata, asimismo, de una región muy militarizada, con un conflicto armado que se agudiza por la presencia de grupos paramilitares. La resistencia social en el Cauca es muy fuerte. El movimiento indígena, el más fuerte del país, se suma al campesino, a los movimientos barriales y los afrocolombianos, entre otros. Por lo demás, ha habido propuestas de que en el Cauca se desarrolle la fase colombiana de las negociaciones de paz.
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