Lamentablemente informamos la muerte del preso político del Ejército de Liberación Nacional –ELN-  Vicente Saúl Balcarcel Albarracín, quien después de haber sido diagnosticado tardíamente de cáncer del colon murió el 18 de septiembre de 2012 a las 5:45 de mañana en el hospital San Blas de Bogotá tras permanecer 12 días sin recibir la atención médica adecuada.
Vicente Saúl Balcarcel de 42 años de edad, estuvo recluido en el patio tres de la prisión de Palogordo; a pesar de sus dolencias y los llamados urgentes que efectuaron los presos políticos, incluso con jornadas de desobediencia exigiendo su atención inmediata, el Inpec y caprecom actuaron de forma tardía cuando el cáncer ya había afectado otros órganos vitales.

El 15 de febrero de 2012 se interpuso acción de tutela correspondiéndole al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga; acción que fue fallada a su favor el 29 de febrero de este año, sin que el Despacho Judicial o la oficina jurídica de Palogordo hubiese notificado a VICENTE SAUL de forma oportuna; posteriormente el tratamiento se efectuó de forma irregular, una veces no lo trasladaban a la quimioterapia y en otras ocasiones no suministraban los medicamentos ordenados por el médico tratante; finalmente, al momento de concederle la domiciliaria, el Inpec lo trasladó a la ciudad de Bogotá siendo abandonado por varios días en una celda de la Picota, después lo entregan a la familia, incluso, caprecom y el Inpec no remitieron la historia clínica, lo que dificultó su tratamiento paliativo.

La muerte deVicente Saúl Balcarcel Albarracín se suma a los numerosos casos de presos que han muerto en los últimos meses por negligencia estatal; a pesar  de las denuncias formuladas en el marco de Movimiento Social Carcelario, la crisis en las prisiones sigue profundizándose sin que exista respuesta de fondo por parte del gobiernos de Santos; sumado a lo anterior, la muerte de VICENTE SAUL, es una violación al Derecho Internacional Humanitario, en la medida que los prisioneros deben recibir en todo momento la atención médica requerida, observándose que existe un comportamiento vindicativo por parte del estado expresado en la forma inhumana que son tratados los combatientes capturados.

Es urgente el pronunciamiento de todas las organizaciones nacionales e internacionales para exigir al estado que permita la verificación de la situación de las cárceles colombianas. Dentro del incipiente proceso de negociación con la insurgencia se debe ordenar la libertad de los presos políticos que padecen graves enfermedades, pero además el Estado colombiano debe solucionar integralmente la crisis carcelaria, cumpliendo con los normas internacionales que protegen a la población privada de la libertad.

Bogotá, 24 de septiembre de 2012.