Creada para aprovechar mejor la riqueza nacional, el nacimiento de esta Agencia ha sido accidentado y no despejó las dudas sobre la debilidad del Estado frente a las grandes compañías privadas.

Nace la ANM

El objetivo de convertir al Instituto Colombiano de Geología y Minas (INGEOMINAS) en la Agencia Nacional Minera (ANM) fue fijado por el gobierno de Uribe en el 2006, buscando atraer capital extranjero para la actividad minera y volverla así un motor del crecimiento económico, emulando a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según palabras del exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, hoy miembro de la Junta Directiva de la empresa minera Gran Colombia Gold (con intereses en Marmato, Caldas).

Entre las funciones de ANM no se menciona en el decreto la necesaria formalización o legalización de la pequeña minería (ilegal), tan estigmatizada por el propio gobierno.

Mediante la ley 1444 de mayo de 2011 le fueron otorgadas facultades extraordinarias al presidente Santos por el lapso de seis meses, para adelantar una restructuración de la rama ejecutiva en el orden nacional. Entre tales facultades se incluyó la creación de entidades nuevas o la escisión de anteriores para buscar una mejor prestación del servicio público.

La Agencia Nacional Minera (ANM) se creó mediante decreto 4134 de noviembre de 2011, argumentando que con ella mejoraría la eficiencia en la administración del recurso minero y previendo un periodo de transición de seis meses para su entrada en operación, plazo que vencía el 4 de mayo de 2012.

El hecho de que se haya establecido como una Agencia implica, en primer lugar, que contará con una mayor independencia al tener personería jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera y técnica; en segundo lugar su vinculación con el Ministerio de Minas y Energía se da mediante la figura de adscripción, que la convierte en una entidad técnica, más cercana a la actividad económica que regula y menos expuesta a los vaivenes de la política.

Además de sus funciones obvias — como conceder los derechos de explotación y de exploración, celebrar los contratos de concesión, promover la industria o recaudar y transferir las regalías — se le asignan competencias específicas en el apoyo a la realización de la consulta previa con los pueblos étnicos. No se menciona en el decreto la necesaria formalización o legalización de la pequeña minería (ilegal), tan estigmatizada por el propio gobierno.

Al entrar en funcionamiento, la ANM expidió una resolución [1] donde delegó en el Servicio Geológico Colombiano (ex INGEOMINAS) “hasta el día dos de junio de 2012, las funciones que le competen a la Agencia Nacional de Minería, ANM, como Autoridad Minera” y reconoció la potestad de algunas administraciones departamentales (Antioquia, Boyacá, Norte de Santander Caldas y Cesar) para estudiar durante seis meses las solicitudes y títulos otorgados en el marco del plan de descongestión del sector, debido a que centralizar estas funciones podría atrasar aún más el despegue del sector minero.

Fiscales controvertidos

Uno de los principales retos que la actividad minera plantea al gobierno es el recaudo de las regalías. Como es el propio minero o la compañía quien debe reportar su producción — base para calcular el monto de regalías — es natural el descontento que produce ese curioso método de liquidación, sin perjuicio del principio de buena fe de quienes ejercen la minería –como puso de presente la polémica en torno a la prórroga del contrato de Cerro Matoso S.A.

Para mejorar el recaudo de las regalías, el gobierno nacional realizó un concurso público para escoger a los responsables de fiscalizar los más de 9,000 títulos mineros hoy vigentes. Los ganadores fueron el Consorcio HGC y el Grupo Bureau Veritas–Tecnicontrol, quienes fueron encargados de la difícil tarea.

De entrada, se prendieron las alarmas debido al historial de los ganadores:

• Grupos ecologistas de España denunciaron recientemente al Grupo Bureau Veritas [2] por prestarse a certificar como sostenibles proyectos forestales que han causado grandes daños al suelo y a la biodiversidad;
• De otra parte, HMV Ingenieros ha construido pequeñas plantas hidroeléctricas en quebradas y ríos en municipios como San Roque o Santa Rosa de Osos en Antioquia, con los impactos negativos que acarrea este tipo de energía renovable, pero no sustentable.

La puerta giratoria

Beatriz Uribe fue nombrada el 25 de mayo de 2012 como primera directora de la ANM

Ampliamente reconocida por su habilidad en practicar la puerta giratoria, Uribe pasó de Viceministra de Vivienda y Desarrollo Territorial, en 2003, a dirigir en 2005 la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) el gremio de los constructores. Antes de ser presidenta de la ANM fue ministra de Ambiente y Vivienda.

Su reemplazo es María Constanza García, quien ejercía como viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte y tiene experiencia en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo cual seguramente esté al tanto de los conflictos ambientales y sociales que acompañan a las industrias extractivas por todo el continente.

Más centralismo

La descentralización fue uno de los principios fundamentales de la Constitución del 91, y ella implica una apuesta política y administrativa por acercar el Estado a los ciudadanos y a las regiones, así como por la eficiencia y la legitimidad de las decisiones que emanan del centro.

En contravía del mandato constitucional, la “reingeniería” institucional” del gobierno Santos ha producido la recentralización: por ejemplo el Sistema General de Regalías (SGR) concentró en el gobierno central gran parte de los recursos que antes constituían las regalías directas de departamentos y municipios productores (ver el texto de Amylkar Acosta en esta misma edición de Razón Pública).

La restructuración del sector minero significa también una recentralización de funciones que impide a los entes territoriales participar o incidir sobe decisiones trascendentales para sus intereses y los de sus habitantes. Esta tendencia va en detrimento de la autonomía, no solo de los entes territoriales sino de los grupos étnicos, como indígenas y afros.

Un debate necesario

Con un nuevo Código de Minas (ley 685 de 2011) que reconoce a la minería como actividad de utilidad pública e interés social, y con un Plan Nacional de Desarrollo [3] que la designa como pilar central de la prosperidad, ya se hacen evidentes los graves conflictos ambientales que acarrea la marcha de la locomotora.

Sobre todo en la región andina y en la Amazonia —ante la reciente declaratoria de zona estratégica de reserva minera— se está debatiendo sobre el arribo y la expansión de la gran minería, cuando en la mayoría de los casos las empresas no han empezado siquiera la explotación propiamente dicha.

Pugnas por control del agua y de la tierra, por el respeto de los planes de vida de quienes pueden verse afectados, por la militarización de los territorios, entre otros, son problemas que crecen en comunidades que antes no los tenían.

Debido a la incipiente actividad de exploración de minerales en el municipio de La Sierra (Cauca), ya el tejido social se ha deteriorado y las veredas se han dividido entre quienes están a favor y en contra de la gran minería; las actividades agrícolas se han descuidado por la expectativa de un jornal mejor que pagarían las empresas mineras en detrimento de la seguridad alimentaria, y se han concedido permisos de aprovechamiento de agua de quebradas que alimentan a los acueductos comunitarios. Esa situación se repite en buena parte de los municipios del Macizo Colombiano, y muy seguramente en muchos otros territorio donde se han otorgado títulos mineros.

No se avizoran acuerdos concretos para resolver ese tipo de conflictos. Figuras como la consulta previa tienden a desdibujarse — de acuerdo con el borrador de la ley reglamentaria o con sentencias recientes de la Corte Constitucional [4] —. También cabe preguntarse si la nueva ANM está en capacidad analizar los temas ambientales, cuando tan solo una de sus dependencias está elaborando tímidamente los términos de referencia en coordinación con las autoridades ambientales.

Como se ha señalado reiteradamente, el plan de descongestión del gobierno nacional no ha funcionado satisfactoriamente debido a la falta de coordinación, no sólo entre dependencias de una misma entidad (ANM o SGC) o del sector minero, sino entre los diferentes ministerios e instituciones del Estado.

La ANM tiene un reto muy grande: debe fomentar una actividad que despierta desconfianza, que se está imponiendo desde los centros urbanos y desde la esfera internacional, pero que resulta indispensable para garantizar las finanzas públicas.

Autor : Juan Sebastián Anaya para Razón Pública.

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del equipo de minería en Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia.