Humanidad Vigente y la Asociación Campesina del Catatumbo denuncian las sistemáticas estrategias de intimidación, abuso y violación al DIH que realiza la Brigada Móvil 23 del Ejército Nacional en la región del Catatumbo, entre las que se señalan persecución de líderes sociales, ocupación de viviendas y escuelas, empadronamientos y maltrato psicológico y verbal a los campesinos y campesinas.

Denuncia Pública

Persecución contra defensor de DD.HH y líder campesino José del Carmen Abril

El 10 de octubre de 2011, en la vereda el Cerro, corregimiento de Guamalito, municipio del Carmen, en Norte de Santander, tropas de la Brigada Móvil 23, llegaron a la tienda del Señor José del Carmen Moreno preguntando por el señor José del Carmen Abril, ofreciendo "recompensa" de 50 millones de pesos por la captura de Carmito Abril, como es conocido el líder social, quien es el presidente y representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

José del Carmen Abril, al igual que otros 15 campesinos están vinculados a un proceso penal que adelanta la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía y en el pasado fueron capturados y posteriormente dejados en libertad porque las autoridades determinaron que NO existe mérito probatorio para su detención; a pesar de dicha decisión procesal, el Ejército Nacional mantiene un constante hostigamiento sobre este defensor de Derechos Humanos y demás integrantes de Ascamcat.

El hecho más reciente de esta persecución contra Carmito Abril sucedió el pasado 21 de octubre a las 11 de la mañana en la Base Militar de la Esmeralda del Batallón Plan Especial Energético Vial No 10, cuando le fueron solicitados documentos de identidad. El cabo Negrete le dijo "queda detenido porque tiene antecedentes" sin manifestarle cuáles, qué autoridad y por cuál delito. Pasados unos minutos al lugar se presentan agentes del DAS quienes verificaron la información y manifestaron que José del Carmen Abril NO tiene orden judicial de captura vigente. No obstante el cabo Negrete le manifiesta que no se puede retirar pues está "averiguando con otros organismos de investigación para saber si tiene orden de captura" , obligándolo a permanecer por varias horas en ese retén militar hasta la intervención de un abogado de Ascamcat que advierte a los militares sobre las graves violaciones a los derechos humanos en las que estaba incurriendo el Ejército.

 

Estigmatización e intimidación al movimiento campesino

El 4 de Septiembre de 2011, a las 11:35 de la mañana, en el casco urbano del municipio de Convención, agentes de la SIJÍN, en el sitio conocido como la Cadena, abordaron el carro en el que se movilizaban los compañeros de Ascamcat, Guillermo Quintero, José Del Carmen Montaguth y José Gregorio Rincón , a quienes hicieron bajar del carro para requisar el carro y las pertenencias, igualmente solicitaron los documentos para buscar antecedentes judiciales, además le quitaron a la fuerza la billetera a Guillermo Quintero. Los agentes con insistencia preguntaban de dónde venían y hacia dónde se dirigían y comentaban entre ellos "estos son los que estamos esperando". Después de 40 minutos los dejaron seguir.

Posteriormente, el 1 de Octubre, 2011 sobre las 2:10 de la tarde en la salida del casco urbano del municipio de Hacarí, tropas del Ejército Nacional hicieron parar el carro en el que se transportaban Guillermo Quintero y el equipo de apoyo de los talleres de socialización de la Zona de Reserva Campesina, los defensores de derechos humanos respondieron al insistente interrogatorio del Ejército, que ellos venían del corregimiento de San José del Tarra y que hacían parte a la Asociación Campesina del Catatumbo- Ascamcat, a lo que un soldado reaccionó diciendo "ustedes son los que enseñan a la gente a pelear".

Dos horas y media más tarde de camino en la entrada al municipio de la Playa de Belén, dos hombres que vestían prendas militares, se estaban cambiando el camuflado por ropa civil, la comisión de Ascamcat vio como uno de los militares se acomodaba un arma en la cintura, dos kilómetros más adelante los compañeros fueron objeto de otro reten por parte de la Policía Nacional, quienes hicieron separar a todo el grupo, dos agentes pertenecientes a la estación de policía de la Playa les dijeron en tono irónico "ustedes son los de la ONG", de inmediato les pidieron los documentos de identidad y posteriormente fueron empadronados por el patrullero Carvajal, al pedir la explicación sobre el empadronamiento como un acto ilegal, respondió el agente Carvajal que se hacía por la seguridad de ellos como defensores de derechos humanos.

En el momento de la requisa y el empadronamiento llegó una camioneta Gran Cherokee, color verde oscuro de placas ITP- 887 DE ITAGUI, las personas que habían visto cambiándose de ropa a militar a ropa particular eran las que iban en ese carro, una de estas personas le pasó el documento de identidad al agente de policía, pero este le dijo que podía seguir, sin embargo, se quedaron esperando en la carretera, cuando salió la comisión de Ascamcat arrancó, la Gran Cherokee se fue siguiéndolos y en varias ocasiones hizo el intento de atravesarse en el camino, esta situación se dio cerca de durante 40 minutos hasta llegar a la ciudad de Ocaña.

 

Señalamientos a la población civil, amenaza de paramilitares e infracciones al DIH

El campesino José del Carmen Moreno ha sido objeto de señalamientos y acusaciones por parte de integrantes de la Brigada Móvil 23 quienes constantemente le acusan de ser colaborador de la insurgencia "Usted es el que les ha ido a llevar jugos y galletas a los guerrilleros, nosotros encontramos las botellas y las bolsas de galletas". La estigmatización y los señalamientos han generado gran temor, miedo y zozobra en la comunidad.

Asimismo, en los retenes y patrullajes que realizan los militares en las veredas del corregimiento de Santa Inés y veredas aledañas, los militares amenazan a la población civil asegurando que "con nosotros (Ejército) vienen unos desmovilizados de los paramilitares, así que es mejor que ustedes no denuncien porque es probable que estas personas se vuelvan a meter a los ’paracos’ y los maten". Estas mismas amenazas y palabras eran usadas en esta región años atrás durante las incursiones paramilitares que ocasionaron masacres, desapariciones forzadas y desplazamiento entre otras violaciones a los DD.HH.

De igual forma, la vivienda del señor José del Carmen Moreno ha sido "tomada" por lo militares de la Brigada Móvil 23, los militares permanecen allí sin autorización, pese a las solicitudes del dueño del predio para que abandonen su vivienda pues ponen en grave riesgo a él y a su familia, así como la afectación del negocio de tienda que tiene en la vereda para el sostenimiento de su familia.

En la región del Catatumbo es habitual que los integrantes de la Brigada Móvil 23 no porten los uniformes con su identificación personal, por el contrario, portan camisetas negras y blancas sin que se pueda identificar el nombre y grado de los militares que permanecen en las veredas

La actuación irregular de la Brigada Móvil 23 se evidenció aún más 17 de octubre cuando la familia Sanabria, vecina de la vereda El Cerro, dejó al cuidado del señor José del Carmen Moreno a sus dos pequeños hijos de 7 y 9 años de edad, mientras el padre y la madre realizaban diligencias en el corregimiento de Guamalito, aprovechándose de esta situación un soldado no identificado, pues no portaba uniforme con las insignias y nombre, se llevó la niña aproximadamente a unos 200 metros, donde la tuvieron por espacio de dos horas, desconociendo el contenido de la charla, lo que generó inquietud en la comunidad, por el riesgo que implica para los niños y las niñas permanecer con cualquier actor armado.

En otro hecho relacionado, el 18 de octubre en cercanías de la boca toma del acueducto veredal de El Cerro, explotó un artefacto, inmediatamente tropas de la Brigada Móvil 23 efectuaron disparos e instalaron un retén militar restringiendo el paso vehicular y peatonal de los labriegos hacia el corregimiento de Santa Inés, manteniendo por varias horas la suspensión del transito, ante los requerimientos de los pobladores – pues el riesgo de un ataque por parte de las subversión era posible – los militares les manifestaron que la comunidad era cómplice de los hechos delictivos de la guerrilla y que por eso no los iban a dejar pasar.

 

Caso familia Quintero: persecución y toma de bienes civiles

Las familias Quintero Sierra y Quintero Monroy, residentes desde hace varios años en el corregimiento Aserrío, vereda La Cristalina, municipio de Teorama (N/S), finca Villa María, hacen parte de la Asociación Campesina del Catatumbo y algunos de sus miembros han sido y son integrantes de la dirección de esa asociación campesina. En el 2010 algunos de sus miembros fueron detenidos y vinculados a procesos penales por supuestamente auxiliar a la guerrilla, no obstante recuperaron su libertad ante la inconsistencia de las pruebas aportadas de supuestos reinsertados.

Desde el mes de julio de 2010 existen amenazas en contra de los Quintero Sierra y Quintero Monroy hechas de manera verbal y otras escritas en donde se les advierte "que hay un plan para desaparecerlos o encarcelarnos de por vida, donde insisten que la familia Quintero debe abandonar la región e irse lejos donde no los puedan encontrar"

Desde hace varios meses la finca Villa María ha sido utilizada por el Ejército Nacional, tanto por el Batallón Plan Vial y Energético No. 10 de la Brigada móvil 23, quienes acampan y permanecen en sus inmediaciones, pese a que el dueño de la finca no les ha autorizado su presencia y permanencia, pues constituye un bien civil, los militares se retiran durante algunos días y regresan; de igual manera, los militares utilizan las escuelas y casas cercanas a los poblados, en abierta violación a los principios del DIH.

Los propietarios de las finca que ha sido tomada por los militares, le han solicitado su retiro pues ponen en riesgos la vida e integridad de las familias, por las acciones de combate o también por que la guerrilla los considere como un auxiliador del ejército y los declaren objetivo militar, o que se presente bajas o lesionados en el ejército y se les acuse de cómplices o colaboradores de la subversión, a continuación reseñamos algunos situaciones que evidencian el riesgo en que se ha puesto a estas familias:

a) El 18 de octubre, guerrilleros hostigaron las tropas del Batallón Especial Energético Vial 10 adscrito a la Brigada Móvil No 23, que permanecen en la finca, desde una un cerro que queda en frente.

b) El 19 de octubre, 2011, siendo las 10:50 de la noche, desconocidos dispararon contra la casa principal de la finca quedando los impactos en la ventana, en el techo junto al baño.

c) El 8 de Octubre, 2011, aproximadamente a las 4 de la tarde, guerrilleros lanzaron un mortero hacia la Finca Villa María, donde se encontraban militares del Plan Especial Energético Vial No 10, cayendo este aproximadamente a 30 metros de la vivienda.

d) Cuando los moradores de la finca reclaman al ejercito para que abandone la finca, los militares responden que los hostigamientos y ataques son responsabilidad de la guerrilla y no de ellos.

Ante la situación denunciada, Humanidad Vigente y Ascamcat, denuncian y rechazan la persecución en contra de los y las integrantes de la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CATATUMBO tal como se evidencia en los hechos de esta denuncia pública, así mismo, reiteramos nuestra solidaridad, compromiso y firmeza en la lucha por la vigencia, protección y promoción de los Derechos Humanos así como los derechos de los y las campesinas del país. Con fundamento en lo anterior, nos permitimos presentar las siguientes exigencias:

1. A los altos mandos militares y al Ministerio de Defensa nacional, así como a los comandantes e integrantes de la Brigada Móvil 23 la aplicación inmediata de los principios del Derecho Internacional Humanitario, en especial los de distinción y protección; para lo cual deberá ordenar el desalojo inmediato de las fincas de las familia Quintero Sierra, Quintero Monroy y la del señor José del Carmen Moreno.

2. Al Vicepresidente y al Ministro del Interior, para que en cumplimiento de las recomendaciones de organismos intergubernamentales, de la Constitución Política y de resoluciones de la Presidencia de la República, hagan pronunciamientos públicos y comunicaciones dirigidas a las autoridades militares comprometidas en estos hechos, en las cuales reconocen la labor importante y necesaria de las organizaciones defensoras de DD.HH., como ASCAMCAT en la región del Catatumbo, respaldan su actividades legitimas y legales y ordenan a las autoridades civiles y militares brindar colaboración y protección.

3. A los organismos de control como son la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN como la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, iniciar de inmediato las investigaciones penales y disciplinarias con el fin de esclarecer estos hechos, castigar a los responsables y proteger a las víctimas.

4. Hacemos un llamado a los organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, para que expresen su solidaridad y respaldo a la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CATAUMBO, para tal pedimos envíen comunicaciones a las siguientes entidades del Estado colombiano: JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

 

ANGELINO GARZÓN, Vicepresidente de la República Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C. contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
JUAN CARLOS PINZÓN, Ministro de la Defensa Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co,mdn@cable.net.co
GERMÁN VARGAS LLERAS, Ministro del Interior Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. Fax. 2221874 ministro@minjusticia.gov.co
VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ,Defensor del Pueblo Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C. Fax. 640 04 91 defensoria@defensoria.org.co
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, Procurador General de la Nación Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C. anticorrupcion@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co