Avanza la fase de legalización y legitimación del despojo violento con la simulación de la restitución de la propiedad

Ministro del Interior FABIO VALENCIA COSSIO reconoce como representante Legal de la Cuenca del Curvaradó a afrodescendiente MARMOLEJO, impuesto por los empresarios ocupantes de mala fe y beneficiarios del paramilitarimo. Persiste agresión a Zona Humanitaria de Caracolí y la presencia de paramilitares en Llano Rico. Constancia 08032010 Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2009 FRANCISCO SANTOS Vicepresidente de la República FABIO VALENCIA COSSIO Ministro de Interior JAIME BERMÚDEZ Ministro de Relaciones Exteriores. FERNANDO PAREJA REINEMER Vice Fiscal General de la Nación (e) ALEJANDRO ORDÓÑEZ Procurador General de la Nación VOLMAR PÉREZ Defensor Nacional del Pueblo En sus despachos nuestra nueva Constancia Histórica y Censura Ética ante las actuaciones arbitrarias e ilegales empresariales, las intimidaciones, abusos y arbitrariedades de GERMÁN MARMOLEJO, reconocido por el Ministerio del Interior como representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, desconociendo los mecanismos ilegales, ilegítimos de su elección. Si el gobierno hubiera actuado razonablemente, en derecho y con los mínimos éticos, no reconocería la elección oscura y turbia de GERMÁN MARMOLEJO. La asamblea realizada en septiembre pasado fue auspiciada por los empresarios de la palma aceitera, ganadería extensiva, ocupantes de mala fe, beneficiarios del paramilitarismo, como parte de una estrategia de simular una restitución de la propiedad y mantener sus negocios cimentados en el crimen y la corrupción. Los patrocinadores de la elección de MARMOLEJO hoy están amparados por el gobierno nacional no solo por la tolerancia, la complicidad y la unidad de acción que en muchas ocasiones es evidente con la Fuerza Pública y la nueva fase de la estrategia paramilitar, sino con el aval que el propio ministro del Interior, FABIO VALENCIA COSSIO pretende hacer a la arbitrariedad, a la corrupción, al abuso y del uso irracional de la fuerza, lo que no causa el mínimo escozor ni vergüenza. Ninguno de ustedes puede desconocer lo que ha pasado, lo qué pasa en Curbaradó y Jiguamiandó. No pueden pasar impávidos ante el poder empresarial de ocupantes de mala fe y beneficiarios del paramilitarismo, no puede tapar el sol con las manos, pues se impone la criminalidad sobre el derecho, la impunidad y la ilegalidad, para mantener los agronegocios fundidos en sangre en los predios colectivos. La presencia del Ministro COSSIO es solamente el último mecanismo novedoso de impunidad, de legitimación de la criminalidad empresarial y del engaño a la comunidad internacional. MARMOLEJO ya se ha paseado por los medios de información difamando, calumniando, acusando, como parte de una estrategia de desprestigio y de señalamientos, aquí en Colombia como en los Estados Unidos, sin que los afrocolombianos y mestizos que dice representar lo reconozcan como vocero real de sus intereses. Entre tanto, el ministerio del interior negando los argumentos de facto y de derecho en la impugnación en claro rechazo a la ética, a lo legal y a lo legítimo de las familias afrocolombianas y mestizas desconoce que nunca participaron la totalidad de las comunidades en dicha elección, solo 3 de 19; que no hubo garantías ciertas y reales por la presión paramilitar y empresarial y se presentó un trasteo de votantes y de personas que no habitan en Curvaradó. representar. El Ministerio del Interior se negó a informar a los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y al representante legal elegido en conformidad con la ética y el derecho, LUIS ALBERTO RENTERÍA, el estado del proceso de impugnación. Sin consulta alguna con los habitantes legales y legítimos del territorio MARMOLEJO a instancias de esa decisión y aval perverso del Ministerio del Interior ha ido ambientando y concertando con los sectores palmeros de Fedepalma, la continuidad de unos agronegocios fundados allá en Curbaradó y Jiguamiandó en crímenes de lesa humanidad, crímenes ambientales y la corrupción institucional. Mientras el Ministerio del Interior se ha negado a informar en el marco de las reuniones de seguimiento de las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la representación legal; los trabajadores de los empresarios ocupantes de mala fe y beneficiarios del paramilitarismo, con temor, algunas veces, con vergüenza, informaban que sus empleadores ya habían logrado asegurar en el Ministerio del Interior al más alto nivel la representación legal de MARMOLEJO, para simular una restitución de la propiedad pues era claro que la tierra nunca la iban a devolver. Antes de legitimar, lo que era un secreto a voces, MARMOLEJO, el representante ilegal o ilegítimo o representante empresarial, ha abusado de su supuesta autoridad con intimidaciones, con autoritarismo, con prepotencia y con ignorancia de la propia ley 70 y de los derechos de los afrocolombianos y mestizos con sus actuaciones arbitrarias en la Zona Humanitaria en Caracolí. En sus despachos nuestra Constancia Histórica y Censura ante la secuencia de nuevos fundamentos de hecho que constatan la erosión del Estado de Derecho, la supremacía de la barbarie, de las lógicas del guerrero criminal, del guerrero mafioso paramilitar sobre los derechos de las víctimas, sobre la dignidad de los seres humanos, sobre el bien de la humanidad. Viernes 26 de febrero: hacia las 10:00 a.m. ingresó el empresario de la ganadería extensiva, beneficiario del paramilitarismo RAMIRO QINTERO, acompañado de su hijo y de dos personas más reconocidas como parte de las estructuras paramilitares de las “Águilas Negras”, a la propiedad del líder comunitario asesinado por paramilitares en enero pasado, ARGENITO DÍAZ, ubicada en la comunidad de Llano Rico, territorio Colectivo de Curbaradó. De acuerdo con versiones de testigos, los ocupantes de mala fe ofrecieron en venta la propiedad de ARGENITO a VICTOR RÍOS, ganadero de Chigorodó, Antioquia. Martes 2 de marzo en horas de la madrugada, hacia las 7:30 a.m., las/os habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí, constataron un nuevo daño a la propiedad humanitaria por parte de la empresa La Tukeka, ocupante de mala fe. El ganado vacuno de la familia ARGOTE, propietarios de la empresa, ingresó al espacio de protección destruyendo una y media hectárea de maíz para el autoconsumo, afectando la propiedad y negando el derecho a la alimentación. Jueves 4 de marzo hacia las 3:15 p.m. mientras los miembros de la Zona Humanitaria de Caracolí se encontraban reunidos con integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y una delegación italiana, irrumpió en el lugar GERMÁN MARMOLEJO, quien ingresó al lugar humanitario sin permiso de sus habitantes, con dos escoltas de un esquema armado de protección dispuesto por el gobierno y ROBINSON BLANDÓN, oriundo de la cuenca del Jiguamiandó. Alrededor del espacio humanitario se ubicaron seis agentes de policía que les acompañaron, entre ellos, el sargento MONCADA. MARMOLEJO preguntó por la señora LIRIA ROSA GARCÍA y sugirió hablar a solas con la líder comunitaria de 53 años, quien le menifestó que no tenía nada que hablar con él. Así mismo, entregó una copia de la Certificación de la Directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y de Justicia, con fecha del 21 de diciembre de 2009, firmada por ROSA CARLINA GARCÍA ANAYA. En su contenido central manifesta: “de conformidad con la Constancia de inscripción expedida por el dr Adán Córdoba Palacios. Alcalde del municipio de Carmen del Darién – departamento del Chocó, de fecha 18 de septiembre del 2009, ante esa alcaldía se encuentra inscrito el Consejo Comunitario Mayor de la cuenca del Río Curbaradó. Que en asamblea de reestructuración del Consejo realizada el 12 de septiembre de 2009, fue designado como representante legal el señor Germán Antonio Marmolejo Rentería identificado con la c.c No 71,984567 de Turbo Antioquia” Amparado en ese certificado, MARMOLEJO exigió a la integrante del Consejo Comunitaria de Caracolí, que debería abstenerse de ordenar el corte de la palma. Agregó que Caracolí es parte del territorio colectivo de Curbaradó y él, como representante legal del Consejo Comunitario, “es quien define y acuerda los trabajos que se tienen que hacer” y “por eso la palma no se puede cortar más”. Miembros de las comunidades le exigieron respeto a la propiedad humanitaria y agregaron que el afrocolombiano LUIS ALBERTO RENTERÍA, es el representante legal en Curbaradó al que ellos reconocían. Reiteraron que MARMOLEJO puede representar a los habitantes del casco urbano de Carmen del Darién, donde lo eligieron con el apoyo de los empresarios, pero no a los que habitan en los espacios rurales. Le recordaron además, a quien funge, de manera ilegal e ilegítima, como represente legal, que ninguno de los miembros de los consejos menores lo reconocen como representante pues ninguna comunidad participó en esa elección por las evidentes irregularidades y actuaciones contra derecho de su elección. MARMOLEJO aseveró que no había dialogado con sectores empresariales. Cuando se le mostró un documento de Fedepalma en que se hace alusión a su solicitud de apoyo. El representante legal empresarial GERMÁN MARMOLEJO respondió airado manifestando: “LUIS ALBERTO fue el representante, fue removido porque no estaba haciendo las cosas bien” (…) “ lo que las ong hacen es decirles mentiras, lo que están es enriqueciéndose con ustedes porque en el Atrato entraron más de 15 millones de dólares para las comunidades negras por las ong y donde estaba esa plata” Agregó: Yo si me reuní con FEDEPALMA, porque busco es el desarrollo, las ong no los dejan desarrollar(…) Miren, ¿que tienen ustedes?!!! Nada!!! (…) no deberían dejarse engañar de las ong. Ustedes deberían estudiar la ley 70 y dejen de estar estudiando filosofía barata (refiriéndose al libro El Señor de los Anillos, que se encontraba sobre la mesa) y deberían es buscar empresas para salir de pobres. Una de las que hay en el territorio u otras si quieren extranjera o lo que sea y no estar estudiando filosofía comunista. No le crean a las Ong, miren en el África los negros son ricos, no todos pero hay negros con plata y en Estados Unidos también hay negros con plata. Siembren 20 hectáreas de plátano y véndale a Uniban o a otra empresa.” Cuando una observadora internacional italiana y una integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz quisieron intervenir para aclarar su papel y misión, MARMOLEJO les gritó: “Ustedes no hablen, que ustedes no tiene tierra aquí, y usted no es de este país. (…) Y agregó: “No le crean a las ong que se la pasan diciendo cosas y sacando plata además ¿que son esos carteles? (refiriéndose a los distintivos de la zona Humanitaria) que a mí nadie me puede prohibir entrar a ningún lado y si quiero me quedo a dormir y qué?, ¿o es que me pasa algo?. Yo creo que no me van a masacrar. Y terminó sosteniendo que el territorio colectivo él puede “hacer y deshacer”. Hacia las 3:30 p.m. MARMOLEJO y su comitiva se retiraron del lugar. A eso de la las 5:00 p.m. GERMÁN MARMOLEJO, el Sargento MONCADA, y otras personas que estuvieron en la Zona Humanitaria de Caracolí fueron observadas departiendo en el caserío de Belén de Bajirá con JOSÉ BUITRAGO, administrador de las propiedades ocupadas de mala fe por la empresa “La Tukeka”, propiedad de CLAUDIA y ANTONIO ARGOTE. Domingo 7 de marzo hacia las 10:45 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el Ministro de Interior y Justicia FABIO VALENCIA COSSIO, junto con la Viceministra del Interior y la Directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y de Justicia, arribaron al municipio del Carmen del Darién. El Ministro del Interior notificó que reconocían como representante legal a GERMÁN MARMOLEJO, lo que generó la reacción inmediata de las comunidades locales. Éstas rechazaron dichas arbitrariedades, ilegalidades y mecanismos fraudulentos aplicados para esa elección de Marmolejo. Según él, se le devolverían las tierras al representante legal del Consejo Mayor antes de terminar el gobierno del presidente URIBE. Los representantes de los Consejos Menores de la cuenca del Curbaradó, entregaron cartas al Ministro del Interior y Justicia en las que expresaron su desconocimiento a GERMÁN MARMOLEJO como representante legal, elegido solamente cuando participaron los habitantes del casco urbano y con el trasteo de personas de otros lugares de la región. Los afrocolombianos y mestizos que reiteraron su objeción a la decisión gubernamental y rechazaron las intimidaciones y las actividades adelantadas por MARMOLEJO desconociendo el pensar de las comunidades que habitan en la zona rural, tal como lo establece la ley 70 de 1993. En presencia de VALENCIA COSSIO y los demás funcionarios, MARMOLEJO manifestó que había viajado a los Estados Unidos y allá se había enterado que la Comisión de Justicia y Paz había recibido 15 millones de dólares para invertir en las comunidades y se las había robado. HERNANDO OLIER, quien actúa en escenarios nacionales, junto con MARMOLEJO, aseveró que la afrodescendiente, LIGIA MARÍA CHAVERRA, formaba parte del frente 57 de las FARC y añadió que en las Zonas Humanitarias había presencia de la guerrilla y que nuestra Comisión tenía también relación con este grupo insurgente. Hacia las 4:00 p.m. del mismo día, la integrante del Consejo Comunitario de Caracolí, LIRIA ROSA GARCÍA, de la Zona Humanitaria fue informada por un agente policial que debía salir de la región “porque la situación se iba a poner más dura con la nueva representación legal”. En lo ocurrido se constata que la voluntad institucional está ligada a un modelo de desarrollo que ampara, sin que así lo quieran reconocer, la legitimación de la criminalidad, la negación de los derechos de las víctimas y la negación de la existencia de un sujeto colectivo de derechos en ecosistemas declarados como Zona de Reserva Forestal. Con esta situación se ha dado un paso atrás al trabajo adelantado en derecho por la ex-viceministra, MARÍA ISABEL NIETO, y la distancia entre el derecho y la ética se ha hecho evidente. Este respaldo del ejecutivo se suma al desconocimiento del cumplimiento del Auto 222 de la Corte Constitucional que ordena, al mismo Ministerio del Interior, garantizar a la Comunidad de Caracolí el goce de su territorio ante la permanente agresión legal y de hecho por parte de la empresa La Tukeka de la familia ARGOTE. Hasta tanto la justicia no opere efectivamente, las operaciones empresariales y paramilitares seguirán incólumes, el poder de la barbarie y de la corrupción definiendo el papel de las instituciones y las víctimas que afirman sus derechos negados como sujetos de derecho, pues una obsesiva idea de desarrollo sin ética y sin derecho, lo justifica todo. Amparados en el artículo 23 de la Constitución nacional, solicitamos se nos responda a las siguientes cuestiones: • ¿Por qué se ha negado la respuesta al Derecho de Petición con fecha del 16 de febrero, en relación con la necesidad de recibir la información sobre la representación legal del Curbaradó? • ¿Por qué se ha reconocido a GERMÁN MARMOLEJO como representante legal, desconociendo los fundamentos de hecho y de derecho argumentados en la impugnación de LUIS ALBERTO RENTERÏA y de los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad miembros de los Consejos Comunitarios Menores de Curbaradó? • ¿Por qué los medios de información colombianos y otros actores en los Estados Unidos fueron notificados de esta ilegal e ilegitima decisión, y no los directamente afectados? • ¿Cuáles son los alcances del artículo 4 del Decreto 1745 reglamentario de la Ley 70 de 1993 referente a la toma de decisiones? * El gobierno Nacional legitima que GERMÁN MARMOLEJO tome decisiones sin consulta con las comunidades? En razón de que facultades legales y constitucionales? * Si MARMOLEJO está ya actuando en contravía de las disposiciones de la ley 70 de comunidades negras, cómo va a intervenir? En sus despachos nuestra Censura Ética porque no será solamente la comunidad ética universal la que rechaza tanta podredumbre y la urdimbre criminal que se ha hecho a la propiedad colectiva en Curbaradó y Jiguamiandó, sino que la justicia universal entrará en algún momento a actuar ante la denegación de la justicia y de una auténtica restitución en conformidad con la Constitución y el Derecho Internacional Comisión Intereclesial de Justicia y Paz