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Lundi 15 juin 9 membres de la communeauté de Micoahumado, dans la région du Sur de Bolivar ont été détenues dans le cadre d'une opération militaires caractérisé par un usage excessif de la force, A 2h du matin ce lundi, les troupes de l'armée colombienne ont fait éruption dans plusieurs maisons de "LA Plaza", détruisant, portes et biens immeubles, tout en tirant des coups de feu sans justification.
Réveillée par les faits, une délégation de la communauté s'est rendu à la base militaire, installée illégalement sur des terrains de la population civile depuis janvier 2019. Les militaires les ont reçues avec des gaz lacrymogènes, et de coups, la présidente du conseil de la communauté a été blessée alors qu'elle est enceinte.
Les communautés de la région protestent depuis des mois contre l'arrivée de 4 000 hommes des forces militaires, qui a marqués une recrudescence des agressions, violations du droits international humanitaire et autres affectations a la vie de la population. Malgré la répression, la mobilisation se poursuit et demande l'arrivée d'autorités civiles, ministère de l'Intérieur, gouverneur, Mission des nations unies afin de vérifier la situation.
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Version en espagnol:
El Proceso Ciudadano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado, La Federación Agrominera del sur de Bolívar y la Corporación Sembrar denunciamos los siguientes hechos:
1. Hoy 15 de julio de 2019, en el casco urbano del corregimiento de Micoahumado “La Plaza” municipio de Morales, sur de Bolívar siendo las 2 de la mañana se desarrolló un operativo en el que participaron la Policía y el Ejército Nacional, donde detuvieron 9 personas (1 mujer y 8 hombres) pobladores del Corregimiento.
2. Las personas capturadas en dicho operativo son: KELLY JOHANA GARCIA, FREDY GARCIA BARRAGAN (discapacitado que requiere acompañamiento permanente) ELIODORO VIRGUES ANGARITA, AMIN CURE AGUILAR, YOHAN REYES, ESNEIDER TRUJILLO SERNA, JAIME DAVID COLORADO ROQUEME (Hijo de un líder de Asopromic, organización afiliada a Fedeagromisbol), ALIRIO GARCIA CUEVAS, Y JAINER QUINTERO.
3. Que en dicho operativo, los uniformados ingresaron de forma violenta, haciendo disparos, rompiendo las puertas y generando daños en las viviendas, sacando las personas a la fuerza, no se les permitió vestirse y ponerse zapatos y no se respetó la presencia de menores de edad.
4. Ante la gravedad de los hechos, la comunidad se dirigió hacia la base militar ubicada en un espacio civil, que la fuerza pública está ocupando desde el mes de enero de 2019 a escasos metros del casco corregimental, violando las normas del DIH; para verificar el estado de las personas detenidas y exigirle a los militares respuestas frente al porqué de los atropellos. La comunidad fue agredida con gases lacrimógenos y maltrato físico, una víctima de este maltrato fue la presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Plaza, que fue golpeada y que se encuentra en Estado de Embarazo.
5. Que ante esta grave y reiterativa situación de agresión contra la población, sumado a lo que ya se ha venido denunciando desde inicios de este año, como lo es: la militarización del territorio con la llegada de 4000 hombres de la Fuerza de Tarea Marte, las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las ejecuciones extrajudiciales, losfalsos positivos y la permanente persecución al proceso organizativo y sus liderazgos; los pobladores y pobladoras han decidido desplazarse de su territorio para exigir garantías para sus vidas, su libertad y la permanencia en este.
Las comunidades, que ya se encuentran en el casco urbano de Morales, exigen la presencia del Gobernador de Bolívar, del Ministerio del Interior y organismos de Control, así como la llegada de una Misión de verificación Institucional con presencia de Naciones Unidas, que se está exigiendo desde inicios de año, sin que hasta el momento se haya dado respuesta positiva. Las comunidades plantean que mientras no existan esas garantías para su vida y su libertad se verán obligados a permanecer indefinidamente desplazados forzadamente de su territorio.
6. Alertamos también sobre otros operativos de capturas en el Municipio de Norosi.
Por último demandamos del gobierno nacional el respeto a las garantías y debido proceso de los detenidos y el respeto a su integridad, la Definición inmediata de la Misión de Verificación para el Sur de Bolívar, así como garantías políticas, humanitarias y de protección para las comunidades que se han visto obligados a desplazarse.