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La continuidad de operaciones paramilitares en medio de la fuerza pública se mantiene en Curvaradó y su entorno, con hostigamientos y planes de acción de un sector empresarial contra integrantes de consejos comunitarios. Efectivamente, Raúl Palacio, integrante del consejo comunitario de Caracolí en Curvaradó fue blanco de un nuevo hostigamiento en su entorno de habitación por dos hombres, presumiblemente pertenecientes a los paramilitares. En la región se mantuvo abiertamente, luego del asesinato de Manuel Ruíz y su hijo Samir, las operaciones paramilitares de control social territorial en M

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El gobierno colombiano insistió este miércoles en desconocer la existencia de presos políticos o de guerra en el país, con lo cual mantuvo su negativa de que los insurgentes encarcelados sean visitados por un grupo humanitario. “En Colombia no hay presos políticos”, dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, citado por una radioemisora local, en respuesta a la pacifista brasileña Socorro Gomes, para quien el gobierno debe garantizar los derechos de esas personas.

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El financiamiento otorgado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, ACDI, a los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa en su mayoría ubicados en las cercanías de las minas, tiene por objeto ayudar a las empresas mineras canadienses a competir por el acceso a los yacimientos de minerales lucrativos en los países en desarrollo, frente a la creciente oposición local a la minería.

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Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos insisten en que este es un proyecto totalmente independiente del gobierno. No es una contra cumbre, es la cara opuesta a la Cumbre de Las Américas, espacio donde se generan procesos de resistencias al proyecto de dominación que los poderes hegemónicos quieren imponer. Es la Cumbre donde las propuestas de integración y el reclamo de los pueblos sí son atendidos.

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Eduard Mina es un hombre imponente, de unos 40 años, alto, de mirada firme; hace parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y, además, es una de las voces de esta historia que recogimos el Foro de Políticas Minero-energéticas, Resistencias y Despojo. La primera vez que intervino en dicho espacio se levantó para decir que “no sólo denunciaremos los abusos de las Multinacionales de la minería, pues las acciones de las entidades estatales tienen mucho que ver con las hidroeléctricas y micro centrales”.

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Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la consumación de daños irreparables a la vida e integridad de los miembros del consejo comunitario de Apartodocito, Curvaradó, MANUEL RUÍZ TORREGLOZA y su hijo SAMIR de 15 años de edad, por paramilitares que operan en Mutatá, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio, entre Antioquia y Chocó, al lado, junto con efectivos de la brigada 17 y la policía de Urabá, apoyando, protegiendo o desarrollando proyectos empresariales dentro de los territorios comunitarios desde 1996, así como por el segundo desplazamiento forzado de la familia RUÍZ.

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Una densa neblina fluye sobre un paisaje de la cordillera oriental siendo dispersada a veces por el viento constante que eleva nubes y permite ver lagunas, bosques de alta montaña y páramo. Descendiendo del Alto Magdalena se encuentran docenas de comunidades campesinas que producen una gran variedad de frutas y vegetales, además de criar animales no solamente para su sustento, sino para alimentar a las principales ciudades de Colombia.

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Hoy 29 de marzo tuvo lugar una movilización de trabajadores de la refinería de Cartagena por las calles de la ciudad turística. Alrededor de una millar de personas participaron de la protesta entre el castillo de San Felipe y la Plaza de la Paz. Diversos sindicatos y centrales obreras apoyaron la movilización y expresaron su solidaridad con los trabajadores en paro desde el día 14 de marzo de la refinería de Cartagena.  Los trabajadores acudirán mañana al lugar de trabajo para comprobar si CB&I permite la entrada de los obreros despedidos y los llamados a descargos.  

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La decisión fue tomada el día de ayer, 26 de marzo, por los presos políticos y los presos sociales debido a la sistemática violación de sus derechos a la salud, de higiene, de visita, de acceso a los beneficios administrativos y de condiciones de vida digna, entre  otras tantas violaciones según manifestaron los internos por intermedio de un vocero.  Uno de los detonantes para la decisión surgió luego que guardianes del INPEC destinaran, como formas de calabozos, las salas educativas las cuales no cuentan con las mínimas condiciones de habitabilidad. 

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