ÍNDICE

1. Introducción.................................................................................................................................................2
2. Derecho y normas internacionales.............................................................................................................5
3. Defensores y defensoras de derechos humanos: Concepto .....................................................................9
¿Quién es defensora o defensor de derechos humanos?...............................................................................9
Por qué importa el reconocimiento ..............................................................................................................11
4. Tipos de ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos .............................................14
Asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y amenazas de muerte .................................................14
Violencia de género contra defensoras de derechos humanos....................................................................17
Castigos por ejercer el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica..........................20
Estigmatización y ataques a la reputación ...................................................................................................23
5. Defensoras y defensores en mayor riesgo: ..............................................................................................26
Tierra, territorio y recursos naturales ............................................................................................................26
Conflicto armado en Colombia.......................................................................................................................28
Disputas de tierras.........................................................................................................................................30
Megaproyectos ..............................................................................................................................................32
6. Defensoras y defensores en mayor riesgo: Sexo, género y sexualidad...................................................38
Derechos sexuales y reproductivos .............................................................................................................38
Violencia de género contra las mujeres.......................................................................................................39
Ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo........................................41
7. Defensoras y defensores en mayor riesgo: Derechos de las personas migrantes .................................44
8. Defensoras y defensores en mayor riesgo: Lucha contra la impunidad...................................................47
9. Defensoras y defensores en mayor riesgo: Periodistas, blogueras y blogueros y sindicalistas ............51
10. Protección de defensoras y defensores de derechos humanos ............................................................55
11. Conclusiones y recomendaciones ..........................................................................................................59
Recomendaciones..........................................................................................................................................60
Notas finales .................................................................................................................................................64

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Abstractos de Colombia:

ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR, COLOMBIA

La Organización Femenina Popular (OFP) lleva 40 años promoviendo los derechos humanos de las mujeres en
Colombia y trabaja con mujeres sobrevivientes de violaciones de derechos humanos apoyándolas en su lucha
por obtener justicia, verdad y reparación. El 13 de septiembre de 2012, Gloria Amparo Suárez, representante
legal de la OFP en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, recibió una amenaza telefónica.
El hombre que la llamó le dijo que tenía 72 horas para irse de la ciudad y añadió “Dígale lo mismo a su jefa
Yolanda, le damos 48 horas para que desaparezca de la ciudad”. Yolanda Becerra es la directora de la OFP. El
14 de marzo de 2012, un hombre se acercó a María Iluminada Ortiz Moscote, otra integrante de la OFP,
delante de su casa en Barrancabermeja y la acusó de ser una informante de la policía. Apuntándole con el
dedo a la cabeza, le dijo: “dígales que soy un paramilitar para llenarle la cabeza a plomo para [que] vea qué
es un paramilitar”. Otros muchos miembros de la OFP han sufrido intimidación y ataques. En el último
decenio han sido víctimas de asesinato tres integrantes de la organización. Nadie ha comparecido ante la
justicia para responder por las amenazas. Actualmente, los miembros de OFP reciben protección limitada.

OVIDIO NIETO JARABA, COLOMBIA

El 27 de julio de 2012, la comunidad local LGBTI de Barrancabermeja, departamento de Santander, organizó
en el municipio la primera marcha por el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas
LGBTI. Altos cargos del gobierno local pidieron que se cancelara la marcha. Al día siguiente, el grupo
paramilitar Rastrojos Comandos Urbanos envió una más en la larga serie de amenazas. Dejaron un volante
con amenazas de muerte en las oficinas de la ONG Gente en Acción en Barrancabermeja.
El defensor LGBTI Ovidio Nieto Jaraba, director de Gente en Acción, era uno de los nombres que aparecían en el
volante, junto con la acusación de estar “provocando y organizando marchas de protesta” y de apoyar a las
guerrillas. La amenaza también decía que “llano [sic] será una amenaza, serán hechos […]”. Oviedo Nieto
Jaraba ha sido blanco de varias amenazas de muerte y actos de intimidación. En el momento de redactarse
este informe estaba recibiendo protección del Estado.
 

WILLIAM CRISTANCHO, COLOMBIA

El 10 de diciembre de 2010, William Cristancho sobrevivió a un atentado contra su vida cuando se desplazaba
a la prisión de Palogordo, en el municipio de Girón, departamento de Santander. El 26 de octubre de 2010
había recibido amenazas de muerte, al parecer relacionadas con un caso en el que trabajaba sobre
ejecuciones extrajudiciales de dos campesinos a manos de miembros del ejército colombiano. Cuando se iba
de una reunión con autoridades judiciales, se le acercó un hombre que le dijo: “Ábrase, hijueputa defensor de
guerrilleros, lo tenemos en la mira”. Ese día también se amenazó a un testigo del caso. El 31 de mayo de
2012, William Cristancho sufrió otro acto de hostigamiento e intimidación.
William Cristancho trabaja como abogado para la organización de derechos humanos Corporación
Compromiso, que proporciona asesoramiento jurídico y representación legal a víctimas del conflicto armado
de Colombia, especialmente a familias de personas ejecutadas extrajudicialmente por miembros de las
fuerzas armadas. Nadie ha comparecido ante la justicia por el ataque ni por las amenazas contra él. En 2011,
William Cristancho tuvo que rechazar el ofrecimiento de protección del Estado, porque, según la información
recibida, el guardaespaldas que le asignaron era un paramilitar desmovilizado. El 3 de octubre de 2012, tras
repetidas peticiones, incluida una acción de tutela, el Estado puso en marcha finalmente un plan de
seguridad, que incluía un vehículo blindado y un guardaespaldas que William Cristancho consideró aceptable.

OSCAR ARTURO OROZCO Y WILSON JARAMILLO, COLOMBIA

El 4 de agosto de 2012, Oscar Arturo Orozco y Wilson Jaramillo, presidente y secretario general
respectivamente de la filial de Caldas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), viajaban en un vehículo
en el departamento de Caldas cuando les dispararon dos hombres desde una motocicleta y otros situados a
un lado de la carretera. Varios disparos impactaron en el automóvil, pero ninguno de los dos sindicalistas
resultó herido. Los dos hombres son también miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado
(MOVICE) y del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL).
Ambos se dirigían a una reunión con unos pescadores del río Arauca. Los pescadores locales han venido
denunciando que el impacto medioambiental de la Central Hidroeléctrica de Caldas ha afectado
negativamente a sus medios de subsistencia.
En años recientes han aparecido repetidamente volantes con amenazas de muerte en las oficinas de
SINTRAELECOL. A mediados de julio de 2012 llegó una amenaza que contenía una imagen de un cartucho de
balas en un momento en que se había ordenado retirar las medidas de protección que Oscar Arturo Orozco
recibía del Programa de Protección del Ministerio del Interior. Mientras se redactaba este informe, Oscar Arturo
Orozco seguía recibiendo protección del Estado. No se ha brindado protección a Wilson Jaramillo, y nadie ha
comparecido ante la justicia por ninguna de las amenazas ni por el atentado contra ellos.
Amnistía Internacional,

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO, COLOMBIA

En julio de 2012, la organización paramilitar Ejército Anti-Restitución de Tierras envió un mensaje de correo
electrónico en el que nombraba a 13 personas calificándolas de “objetivos militares”, incluidos políticos y
defensoras y defensores de derechos humanos. La amenaza de muerte decía: “13 guerrilleros camuflados en
los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares”.54 Y continuaba: “Nuestro ejercito
tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere [sic] quitarle la tierra [sic] los
ciudadanos de bien para darsela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te
[sic] tenemos plenamente identificado sus esquemas [de protección] y a los que no tambien”. Muchas de las
personas mencionadas en la amenaza han prestado apoyo a reivindicaciones sobre restitución de tierras y a
trabajo en zonas donde la gente reclamaba la devolución de sus tierras.
Varias de las personas citadas en la amenaza habían participado también en la protesta organizada el 6 de
marzo de 2012 por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) para pedir la puesta
en marcha de un proceso efectivo y completo de restitución y restauración de las tierras usurpadas
violentamente por todas las partes del conflicto.

Ha habido ataques contra miembros del MOVICE en todo el país. Por ejemplo, la oficina del MOVICE en el
departamento de Sucre se constituyó en 2006 y, desde entonces, ha sido escenario de más de un centenar de
actos de intimidación, amenazas o agresiones contra sus integrantes, cuyo objetivo es tratar de impedirles
realizar su trabajo legítimo. Entre estos actos cabe mencionar vigilancia, robo de información confidencial y
delicada, amenazas de muerte, uso indebido del sistema judicial y asesinatos. Uno de los últimos incidentes
ocurrió el 11 de marzo de 2012, cuando Hernando José Verbel Ocón sufrió un atentado contra su vida en el
municipio de San Onofre, departamento de Sucre. Hernando José Verbel Ocón denunció este atentado ante la
policía judicial y de investigación (SIJIN). El 23 de marzo de 2011, Eder Verbel Rocha, padre de Hernando José
Verbel Ocón, fue asesinado por paramilitares y, en enero de 2012, el hermano de Eder Verbel Rocha, testigo de
su asesinato, recibió amenazas de muerte. En el momento de redactarse el informe, el Estado no les estaba
proporcionando medidas de protección. Están recluidos en espera de juicio dos paramilitares que, al parecer,
dispararon contra los dos hermanos. Sin embargo, las investigaciones sobre quién ordenó el asesinato no han
dado ningún resultado.

El MOVICE es una coalición de más de 200 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos de
Colombia que hacen campaña para llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de
derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, solas o en connivencia con los grupos
paramilitares, durante el conflicto armado. Su labor ha sido crucial para documentar y sacar a la luz
numerosos casos de asesinato y desaparición forzada perpetrados por las fuerzas de seguridad y grupos
paramilitares.
Índice:

MANUEL RUÍZ Y SAMIR DE JESÚS RUÍZ, COLOMBIA

El 27 de marzo de 2012 se encontró el cadáver de Manuel Ruíz en el municipio de El Carmen del Darién,
departamento del Chocó. El 28 de marzo se halló en las cercanías el cuerpo sin vida de su hijo de 15 años,
Samir de Jesús Ruíz, que presentaba signos de tortura. Según testigos, ambos habían sido secuestrados por
paramilitares unos días antes. Manuel Ruíz consiguió telefonear a su familia para decirle que los habían
sacado del vehículo en el que viajaban y que sus secuestradores pedían una gran suma de dinero a cambio de
su liberación. Antes de su secuestro, unos paramilitares se les habían acercado y los habían acusado de ser
guerrilleros, y luego la policía los había retenido brevemente.

Manuel Ruíz y su hijo eran miembros de la comunidad afrodescendiente y afromestiza de Apartadocito, en la
cuenca del río Curvaradó, departamento del Chocó. Los asesinatos se cometieron justo antes de que, según
estaba previsto, Manuel Ruíz guiara una inspección del gobierno en una zona conocida como Los Piscingos. La
inspección estaba relacionada con una orden judicial dictada el 7 de marzo de 2012 en la que se indicaba que
se iba a realizar un censo de la zona para determinar quiénes eran los propietarios legítimos de la tierra. La
familia de Manuel Ruíz y otras personas habían sido desplazadas de Los Piscingos en una operación conjunta
emprendida en la zona por el ejército y los paramilitares en 1996. Tras el secuestro y el asesinato de Manuel
Ruíz y su hijo, la familia ha abandonado Apartadocito, pues temen por su seguridad. En el momento de
redactarse este informe, nadie había comparecido ante la justicia por los asesinatos.

El consejo comunitario de Apartadocito forma parte del órgano que gobierna la zona de tierras colectivas del
Curvaradó.52 Desde la década de 1990, los paramilitares, solos o en connivencia con las fuerzas armadas,
han sido responsables de asesinatos, amenazas de muerte y desplazamientos forzados de comunidades
afrodescendientes e indígenas que viven en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y en el resguardo
indígena de Urada-Jiguamiandó. Para garantizar su seguridad, los miembros de las comunidades
afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó crearon Zonas Humanitarias para afirmar su derecho como
civiles a no verse arrastrados al conflicto. Las comunidades han tratado de defender su derecho a la tierra y
de impedir la expansión de plantaciones ilegales de palma africana y otras actividades económicas en su
territorio. A consecuencia de ello, se ha amenazado y asesinado a muchos de sus miembros.