7 nov. CI.- El Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena, Freddy Machado, ordenó la libertad inmediata de los líderes y lideresas sociales del Sur de Bolívar que desde el 22 de marzo estaban injustamente detenidos por defender los derechos humanos y el territorio. De esta manera, Milena Quiroz, Isidro Alarcón, Nubia Gómez, José David Jaime Lemus, Manuel Francisco Zabaleta Centeno y Félix Muñoz quedan en libertad.

“Lo que tenemos ahora es la decisión de un Juez a raíz de una tutela ante la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte, en segunda instancia, ordenó que se nos amparen los derechos fundamentales que nos fueron violados. Entonces, finalmente, vuelvo a Arenal, que es mi pueblo natal”, explicó la lideresa Milena Quiroz.

Para esta decisión, el Juez Machado se basó en que los argumentos de la investigación adelantada contra las y los líderes del Sur de Bolívar era precarios, pues no se abordó una investigación integral y, más bien, todo el caso se parecía a otro de los tantos falsos positivos judiciales.

El 22 de marzo de este año, en horas de la madrugada, la Seccional de Investigación Criminal -Sijin- realizó unas 12 capturas de líderes y lideresas sociales de la región del Sur de Bolívar bajo la acusación de una supuesta pertenencia de los mismos al Ejército de Liberación Nacional -ELN.

Ser líder social no es delito

Más tarde ese día, cuando se les judicializaba ante una Jueza de Control de Garantías en Cartagena, la Fiscalía argumentó que la verdadera causa de estas detenciones era que (por ejemplo) Milena Quiroz, una de las detenidas, debía estar privada de su libertad porque promovía y organizaba marchas “de alta peligrosidad al orden del Estado, al orden de la seguridad”.

Pero la realidad que se le olvidó mencionar y analizar a la Fiscalía es que en Colombia el derecho a la protesta está garantizado por el Artículo 37 de la Constitución Política.

Desde ese momento, organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil colombiana e internacional reclamaron justicia para estos 12 líderes y defensores de derechos humanos detenidos en el Sur de Bolívar.

Toda esta operación de la Fiscalía de Cartagena no fue más que uno de los hechos de persecución al movimiento social y criminalización a la protesta, que cobran auge cada vez más en esta nación Suramericana.

Administrar Justicia

Quiroz, entrevistada esta mañana por Colombia Informa, explica que a las y los líderes detenidos les han hecho durante este tiempo “un daño muy grande moral, física y psicológicamente; a nivel familiar y organizativo. Este daño es irreparable. Aunque pase el tiempo será muy difícil subsanar este tipo de cosas. La justicia debe ser aplicada a los corruptos pero a las personas de bien debían ayudarlas a defender sus derechos.

“La libertad es un derecho que todos anhelamos. Pero siento mucha felicidad, alegría y emoción porque hubo justicia. Todo este tiempo permitió demostrarle a las entidades que administran justicia que no se puede estar señalando a las personas solo porque se piense que hacen cosas o porque otros digan que hacen cosas. Debe haber más tacto y más ética de las entidades antes de poner en el escarnio público y ante señalamiento a las personas de bien.

“Estos ocho meses han sido un espacio para reflexionar sobre el papel que jugamos los líderes en los procesos organizativos, el riesgo que corremos y las pocas garantías que tenemos para realizar este tipo de trabajo con las comunidades

“Creo que, en lo adelante, el Gobierno y los que hacen este tipo de señalamientos deben tener mucho más tacto porque eso no construye paz. Lo que hace es que las personas que defendemos las comunidades nos convirtamos en víctimas del conflicto y de los que aman la guerra”.