Mañana 27 de septiembre inicia el paro del sur de la capital del país, el cual vienen convocando diferentes sectores urbanos de la periferia capitalina, pero ¿Por qué para el Sur de Bogotá? ¿Por qué el 27 de septiembre? Esta fecha rememora una de las mayores tragedias de salud pública y ambiental de las ciudades colombianas. Conflictos ambientales, sociales y políticos que se han venido agudizando como nos lo presenta Diego Pinto en este artículo.

Por Diego Pinto*. El 27 de septiembre de 1997 en el relleno sanitario de Doña Juana tras una acumulación de gas metano y lixiviados se produjo una explosión que causó el derrumbe de más de un millón de toneladas de basuras. Esta catástrofe ocasionó desde entonces, graves afectaciones a la salud de miles de familias habitantes de Ciudad Bolívar y Usme; y la contaminación del río Tunjuelo perjudicando a los pobladores de todo el sur de la ciudad.

Hoy, 20 años después, cientos de organizaciones sociales, ambientales y populares del sur de la ciudad anuncian un gran paro en toda la cuenca del río Tunjuelo. Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Techotiba (Kennedy), Rafael Uribe, San Cristóbal y otras localidades han manifestado su intención de movilizarse contra la improvisación de los malos gobiernos, que han privilegiado los negocios, las ganancias económicas, antes que la vida en condiciones de dignidad de millones de personas que habitamos el sur de la ciudad.

Doña Juana, el florero de Llorente

En el año de 1988 comenzó a funcionar el mal llamado relleno sanitario de Doña Juana que hoy recibe cerca 7000 toneladas de basuras por día que provienen de toda la ciudad e incluso de algunos municipios cercanos a Bogotá. La presencia de este basurero genera malos olores, enfermedades respiratorias y cutáneas, proliferación de moscas y roedores, contaminación de las fuentes subterráneas de agua, así como del río Tunjuelo.

Mientras las comunidades del Mochuelo protestan contra la difícil situación en la que deben vivir a causa de la presencia del botadero en su territorio, la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) abre una nueva licitación para el esquema de manejo de residuos sólidos por 4,8 billones de pesos, dejando por fuera no solo a la población recicladora, sino además sin buscar mecanismos de concertación sobre la disposición final de las basuras, es decir sin discutir el necesario cierre definitivo del botadero, que es la exigencia  de los habitantes afectados.

La administración del Relleno que está a cargo del consorcio CGR no ha logrado solucionar las afectaciones a la comunidad. No hay soluciones claras para un esquema que beneficie a las poblaciones más vulnerables como la de los recicladores de oficio y, por el contrario, si es evidente cómo ha logrado amasar una buena cantidad de dinero para algunos empresarios, entre las que destaca la participación de Luis Alberto Ríos Velilla, dueño de Servigenerales y Aseo Capital y con claras vinculaciones con el partido político del actual alcalde.

Toda esta situación ha desencadenado diferentes acciones de protesta por parte de los habitantes que están cansados de lidiar con dicha situación y exigen al distrito una discusión seria y con soluciones de fondo. Esto no ha pasado, debido a la negación de la administración de Enrique Peñalosa que, en contravía de las exigencias de la comunidad, manifiesta su intención de usar el relleno por 50 años más, aun haciendo caso omiso de las recomendaciones de las autoridades ambientales.

Esta situación ha sido el detonante para discutir por qué hay unos sectores en la ciudad que deben asumir la carga de los problemas ambientales y sociales de la ciudad. Es el Sur no solo geográfico, sino en general la margen, la periferia, donde sus habitantes deben soportar condiciones indignas para que el modelo de negocio de algunos pocos pueda consolidarse.

Peñalosa y su modelo de ciudad

Si bien los problemas de la ciudad llevan mucho tiempo consolidándose, es bajo la actual administración que se han agudizado con más claridad. El modelo que privilegia las APP (Alianzas Público Privadas), que busca la privatización de las empresas públicas y que tiende a consolidar un típico esquema de ordenamiento territorial de Centro-Periferia es el que ha elegido el alcalde Peñalosa para hacer que los bolsillos de unos pocos empresarios (sobre todo del sector de la construcción, por sus evidentes vínculos con Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras) se llenen, mientras que las poblaciones deben acarrear con los aspectos negativos del modelo.

Evidencia del modelo territorial que pretende implantar Peñalosa son las intervenciones en el Bronx y en María Paz, ubicado en la localidad de Kennedy, que busca generar espacios para el negocio inmobiliario despojando, so pretexto de las problemáticas de seguridad, a la población que habita en dichos territorios. A esto se suma la creciente actividad minera en el sur de la ciudad, donde no solo se despojan comunidades sino que además se hacen afectaciones irreversibles a la naturaleza contaminando las fuentes hídricas, dañando los suelos y alterando el orden de los ecosistemas.

El tratamiento a los vendedores informales como si fueran delincuentes, en vez de ofrecer opciones de formalización de empleo que tengan el presupuesto necesario para dignificar el trabajo de miles de bogotanos; la exclusión de facto de la población recicladora en el esquema de tratamiento de residuos sólidos y el crecimiento del desempleo son también muestra del talante de la administración y que aunque afecta toda la ciudad tiene unas implicaciones importantes en el sur.

Ni hablar de la movilidad, donde es claro que se benefician grandes negocios con el modelo de BRTs (Transmilenio) y se descarta la opción del metro subterráneo que debería solucionar la grave situación que se presenta en temas de transporte.

A pesar de los múltiples espacios de concertación que las comunidades han intentado entablar con la administración distrital, no ha sido posible que el alcalde y su gabinete de gobierno, dé soluciones a las necesidades y problemáticas del sur de la ciudad, al contrario la respuesta ha sido la militarización de los barrios y la represión de la movilización social por medio del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD).

El Paro del Sur, freno de mano ante la crisis

Dada la grave situación de problemáticas sin resolver y ante la escasa disposición de las entidades públicas para atender estas situaciones los habitantes del sur deciden salir a las calles para exigir dignidad para el Sur de la ciudad. Las exigencias incluyen temas de ordenamiento territorial con pago de la deuda social y ambiental; derechos sociales, derechos humanos y hábitat digno; acceso a la justicia, seguridad y convivencia en los territorios.

El resultado esperado de estas jornadas de movilización será que la administración dé respuestas claras, rutas definidas a la solución de las diferentes problemáticas donde las comunidades sean protagónicas y no solo consultadas o informadas sobre las decisiones.

Estas jornadas de paro y movilización se suma a otras tantas que exigen la salida de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, son una clara manifestación que los pueblos sacan a los malos gobiernos no solo por medio de las vías jurídicas como la Revocatoria de mandato sino también, y sobre todo, en la movilización social. Por eso, desde este 27 de septiembre prePAREse, porque ya es hora que los barrios y los sectores históricamente marginados seamos gobierno.

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*Diego Pinto Millán es sociólogo, especialista en análisis de políticas públicas. Vocero del comité Unidos Revocamos a Peñalosa. Miembro de los Procesos Urbanos del Congreso de los Pueblos e integrante de la Dirección Política en Bogotá de Poder y Unidad Popular.