La Caravana Humanitaria que recorrió los municipios de Socha, Socotá, Pisba y Paya en el departamento de Boyacá finalizó con un llamado unánime: Las comunidades, junto con organizaciones sociales, campesinas, defensoras de derechos humanos y medios de comunicación, exigen con urgencia la construcción de una vía que mejore sus condiciones de vida.
El 28 de septiembre, en la vereda El Santuario (Socotá) se instaló la Mesa de Concertación y Negociación entre la Asociación Corredor Humanitario Ruta Libertadora e Instituciones Estatales. Su objetivo es que el Estado colombiano cumpla con una demanda histórica de las comunidades: la construcción de 32 kilómetros de carretera que transformarían la calidad de vida de sus habitantes.
Quienes participaron en la caravana, realizada entre el 26 y el 28 de septiembre, corroboraron las denuncias reiteradas hechas por los campesinos y campesinas de la región.
La urgencia de la vía
Organizaciones sociales, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y representantes del Gobierno documentaron las duras condiciones que enfrentan las comunidades debido al abandono estatal, la precariedad económica, el deterioro ambiental y la continua vulneración de sus derechos.
En la instalación de la mesa participaron el senador campesino Robert Daza; Luz María Múnera, Consejera para las Regiones de la Presidencia de la República; y Nini Johana Moreno, representante del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. La Defensoría del Pueblo solo asistió el primer día y, sin explicación alguna, abandonó la actividad.
Luz María Múnera se comprometió a impulsar acciones para avanzar en la construcción de la vía. El senador Daza y otros funcionarios nacionales asumieron la misma actitud, y reconocen la urgencia de la obra. Por su parte, Nini Johana Moreno se comprometió a presentar las exigencias de la comunidad ante el gobernador Amaya.
Las comunidades esperan que, en los próximos días, las entidades estatales tomen acciones concretas respecto a la vía que exigen.
Alcaldías desconectadas de la comunidad
En el evento de cierre no participaron representantes de las alcaldías de Socha, Socotá, Pisba y Paya, pese a haber sido invitadas e informadas con semanas de anticipación.
Uno de los casos más criticados fue el del alcalde de Socotá, Adiel Panqueba Chía, quien estigmatizó a las comunidades y organizaciones sociales, insinuó la existencia de vínculos con grupos al margen de la ley y afirmó que la caravana “venía a hacer turismo”. Esto, a pesar de que la exigencia central es la construcción de una vía.
Campesinos y campesinas de la región relataron que durante la pasada campaña electoral, Panqueba les prometió apoyar la construcción de la carretera, promesa que incumplió. Aunque la comunidad realizó rifas y donaciones para recaudar recursos, el alcalde amenazó con enviar a la policía si iniciaban cualquier trabajo en la vía.
Alcalde de Socotá, Adiel Panqueba Chía el 26 de septiembre en el Colegio Jairo Albarracín Barrera de la vereda Cómeza Hoyada (Socotá) en la instalación de la Caravana Humanitaria en la Ruta de los Libertadores.
El 26 de septiembre, el alcalde negó tener conocimiento de la caravana, a pesar de que su administración, al igual que otras entidades, había sido notificada semanas atrás. Tampoco asistió a la instalación de la Mesa de Concertación el 28 de septiembre.
Ante esto, uno de los defensores de derechos humanos presentes interpuso una queja ante la representante de la Gobernación de Boyacá para que se investiguen las declaraciones estigmatizantes del alcalde Panqueba y otros mandatarios locales.
Frente a los argumentos ambientales esgrimidos por algunos opositores a la carretera, las comunidades campesinas aclararon que siempre han protegido el páramo de Pisba y que es posible construir una carretera con mínimos impactos ambientales.
Además, señalaron con ironía que, si en la región hubiera petróleo u otros recursos valiosos, la vía ya estaría construida. Dudan, por tanto, que la verdadera preocupación de las instituciones sea el medio ambiente.
Instalación de la Caravana Humanitaria en el Colegio Jairo Albarracín Barrera de la vereda Cómeza Hoyada (Socotá), el 26 de septiembre.
Derechos incumplidos
Colombia Informa también acompañó la caravana y constató los reclamos históricos de las comunidades. Aunque esta región forma parte de la Ruta Libertadora, atravesada hace más de 200 años por el ejército de Simón Bolívar, hoy sus habitantes carecen de una carretera y deben transitar durante horas por trochas con ayuda de mulas y caballos.
La población denunció que, en varias ocasiones, personas enfermas han muerto en el camino al no poder llegar a tiempo a un hospital. Aunque las comunidades improvisan camillas y se unen para trasladar a sus familiares o vecinos, el recorrido por el frío páramo de Pisba resulta largo y peligroso.
Llevar a un ser querido hasta un vehículo puede tomar entre 8 y 10 horas, y desde allí aún deben viajar hasta los lejanos hospitales de Boyacá.
Otros derechos vulnerados
La falta de una vía también impide al campesinado comercializar productos como café, plátano, papa y carne. Muchos habitantes abandonan el territorio por la falta de empleo, educación y la imposibilidad de vender sus cosechas, además de las dificultades para mejorar sus viviendas al no poder transportar materiales de construcción.
A esto se suman la falta de electricidad, Internet, telefonía, acueducto y alcantarillado, servicios básicos para una vida digna a los que las comunidades no acceden.
Al cierre de la Caravana y la instalación de la Mesa de Concertación, las comunidades mantienen la esperanza de que el Gobierno nacional, departamental y las entidades competentes cumplan su promesa de construir los 32 kilómetros de carretera que transformarían la vida de las familias campesinas de esta región de Boyacá.