Bogotá, D.C., 07 de marzo de 2015
Un poblador muerto ante el terror del ESMAD
Desde las cinco de la mañana del día de hoy 07 de marzo de 2015, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, realiza un desalojo violento en contra de las comunidades de Cantagallo sur del departamento de Bolívar, quienes pacíficamente se encontraban exigiendo el Derecho a la Salud. Las comunidades denuncian que el ESMAD, está incursionando en las viviendas, tirando gases dentro y sacando violentamente sus habitantes. En el operativo del ESMAD, resultó muerto el poblador OSCAR LUIS PEÑA REDONDA, producto de la angustia, zozobra y terror que generó el accionar del ESMAD y varios pobladores han sido detenidos.
Durante los dieciocho días de protesta, la comunidad solicitó la instalación de una mesa de diálogo con la presencia de las autoridades competentes para tratar la grave crisis de salud que afronta el municipio y que ha puesto en riesgo la vida de aproximadamente 7.000 pobladores que requieren atención en salud.
Denunciamos y alertamos a la comunidad nacional e internacional los señalamientos y estigmatizaciones contra los líderes, lideresas y pobladores que participan de la protesta. Funcionarios y exfuncionarios públicos han venido señalando que es la guerrilla la que está adelantando la protesta en el municipio. Ello conlleva a elevar el grado de riesgo que afrontan los líderes y lideresas en esta región del país y que el Estado se ha negado a proteger.
El día de ayer en una acción urgente advertíamos la ausencia de voluntad política del gobierno colombiano, para atender los graves problemas que afrontan las comunidades de esta regional del país y denunciamos la respuesta violenta del Estado para reprimir el ejercicio del derecho a la asociación y protesta pacífica. La comisión de interlocución del Sur de Bolívar, centro y Sur del Cesar, ha denunciado el constante incumplimiento del Gobierno a los acuerdos con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. El gobierno nacional se comprometió a reactivar y darle impulso a las mesas de interlocución regionales, sin embargo, la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar no ha sido reactivada. De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, el desalojo del día de hoy cuenta con una orden judicial y por ello el gobierno se ha excusado en la imposibilidad de intervenir.
ANTECEDENTES
Desde el pasado 18 de febrero de 2014, las comunidades adelantaban una protesta pacífica por el Derecho a la salud, sin que las autoridades locales, regionales y nacionales hayan atendido y resuelto las exigencias de las comunidades.
El diagnóstico realizado por la comunidad de Cantagallo en materia de salud es difícil:
- Dos años sin médico en la zona rural
- Un solo médico en el casco urbano para atender 8.000 personas
- Infraestructura en salud en mal estado, inconclusa y abandonada.
- Ausencia de personal de la salud, como médicos y enfermeras, jefe de Py P, situación está que se ve agravada en la zona rural.
- Pérdida de vidas humanas tras la ausencia de atención oportuna y/o agravación de su situación de salud por las mismas razones
- Déficit Fiscal
- Incumplimiento de las proyecciones del Plan de Desarrollo Municipal, respecto a la temática de salud. (Ver tabla de programas, subprogramas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo.
- Desequilibrio en la ejecución del plan de desarrollo, mayor inversión en algunos sectores sobre el detrimento de la inversión en otros sectores que son vitales como el de la salud.
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AGROMINERAS DEL SUR DE BOLÍVAR Y ANTIOQUIA (AFASBA)
COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLIVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Bogotá, 06 de marzo de 2015
EJÉRCITO SE TOMÓ INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ORGANIZACIONES DE LA COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR Y SUR DEL CESAR, PROCESOS ORGANIZATIVOS QUE HACEN PARTE DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Las organizaciones abajo firmantes, denuncian ante la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos, que constituyen un elevado riesgo para las organizaciones agromineras, sociales y comunitarias del Sur de Bolívar; vulneraciones a la libertad de expresión e información y una abierta infracción al Derecho Internacional Humanitario.
HECHOS
1. Desde el día domingo 01 de marzo de 2015, un comando especial de la V Brigada del ejército Nacional, ocupó el centro comunitario del municipio de Arenal –Sur de Bolívar- en donde funcionan varias organizaciones que hacen parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar, entre las cuales se encuentran la Fundación Rescate Cultural – FUREC, la Cooperativa Multiactiva COOMUARENAL y es el lugar de reunión de varias organizaciones campesinas y afrodecendientes que tienen asiento en este municipio.
2. Las Fuerzas Militares se posicionaron del lugar, construyeron un campamento militar y obstruyeron el funcionamiento de las organizaciones, situación que constituye una clara y abierta infracción al Derecho Internacional Humanitario, además, poniendo en riesgo la población civil del municipio ya que el centro comunitario se encuentra en medio del casco urbano.
3. Una delegación del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del Congreso de los Pueblos hizo presencia y constató tal situación, a la vez solicitó explicación al Ejército Nacional por las graves conductas delictivas. Por parte del Ejército Nacional se comunicó a la delegación, que habían sido llamados por la Policía del municipio, ante informaciones sobre posibles ataques a las instalaciones de la Policía y que por ello la finalidad de su presencia era la protección del cuerpo policivo.
4. En el centro comunitario tiene la sede la Fundación Rescate Cultural - FUREC concesionaria de la licencia de funcionamiento de la emisora comunitaria Arenal Stereo, conocida como la Negrita Stereo. Es de tener en cuenta que FUREC, viene siendo objeto de una constante persecución por parte del Alcalde Municipal ALDOMAR PABUENA, el personero Municipal FABIO RODRIGUEZ SIERRA y la Policía del municipio de Arenal. Lo anterior se puede evidenciar ante los sistemáticos hechos de presión y amenazas desplegados por estas autoridades que han obstaculizado el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de pensamiento, expresión e información en hechos ya denunciados. El día de hoy la representante legal de FUREC, debe comparecer ante la Inspección de Policía del municipio, por cita! ción realizada por tercera vez de parte de este ente. FUREC, ha tenido que transitar por la defensa de la emisora comunitaria, tras una serie de acusaciones, difamaciones y denuncias provenientes del Alcalde Municipal ante distintas entidades como el Ministerio de Comunicaciones, en un afán por tomar el control de un medio de comunicación que ha difundido información seria e imparcial en la región.
5. Igualmente, las comunidades del Sur de Bolívar, alertan sobre la presencia durante los últimos días de hombres armados al parecer de grupos paramilitares, entre el municipio de Norosí y Arenal. De acuerdo a informaciones de la comunidad, el grupo armado se ha visto patrullando e incursionando al municipio de Arenal en horas de la noche. Situación similar ocurre en el municipio de Tiquisio y parte Alta de Norosí en donde los paramilitares se encuentran actuando pública y abiertamente generando temor y zozobra en la población, extorsionando y promoviendo la siembra de cultivos de uso ilícito.
6. Por otra parte, ni las autoridades locales, regionales y nacionales demuestran la voluntad política para atender los graves problemas que afrontan las comunidades de esta regional del país. El Gobierno ha incumplido el acuerdo con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en cuanto a la reactivación de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar. Mientras tanto las comunidades se han visto en la necesidad de hacer uso del derecho a la protesta pacífica mediante las distintas movilizaciones y acciones que se adelantan en la región, sin embargo el gobierno tampoco atiende el clamor de las comunidades.
7. Desde el día 23 de febrero de 2015, comunidades campesinas del municipio de Cantagallo desarrollan una jornada de protesta por el Derecho a la Salud, ante la grave crisis y deterioro de este derecho en el municipio. Esta crisis se agudizó ante la decisión tomada por parte de la alcaldesa Municipal, Janeth Cortes, al no girar los recursos para el funcionamiento del centro de salud, aunado a los dos años que tiene la zona rural sin contar con personal médico que brinde una adecuada atención a la población, situación que ha puesto en riesgo la vida de centenares de pobladores del municipio.
8. El día 5 de marzo de 2015 siendo aproximadamente las 6pm, cuando estudiantes de la Institución Educativa Efigenio Mendoza, transitaban por frente de la instalación del puesto de Policía fueron intervenidos por el Policía centinela quien les manifestó que estaba prohibido pasar por ese lugar, ya que había información que venía la guerrilla. Ante este comentario los menores respondieron que se supone que la calle es de libre tránsito; de acuerdo a la versión de los menores los policías los insultaron con palabras como “hijueputas gonorreas”; seguidamente los menores salieron corriendo y el Policía centinela del puesto policial a su vez salió tras ellos hasta alcanzar a uno de ellos quien es hijo de una lideresa, a quien le quitó su mor! ral escolar.
8. Luego de doce días de manifestación permanente frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la respuesta de las autoridades locales ha sido amenazar con un desalojo violento de los manifestantes sin otorgar soluciones a sus exigencias.
9. Desde las zonas rurales en el municipio de Cantagallo, también varias comunidades afectadas por las jornadas de erradicación de cultivos de uso ilícito, en donde se han combinado una serie de atropellos a sus derechos como por ejemplo, allanamientos a sus viviendas, se están movilizando en protesta por las actuaciones de las autoridades.
10. En el municipio de Norosí, luego de una infructuosa reunión con el señor JUAN CARLOS GOSSAIN gobernador del departamento de Bolívar, en la cual los asistentes recibieron insultos y malos tratos por parte de esta autoridad, ante las sus exigencias, las comunidades decidieron declarar un paro indefinido hasta el nombramiento del cien por ciento de la planta requerida para garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes en el municipio.
Reiteramos la falta de voluntad del gobierno para atender las reclamaciones de las comunidades y al igual que el incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar. Sin embargo, sí observamos respuestas de agresión y represión a las distintas movilizaciones y una alta militarización de nuestros territorios. Ejemplo de ello es la presencia de más de 180 efectivos del ESMAD, que han llegado a los municipios de Gamarra y Aguachica en el Sur del Cesar presuntamente ante los rumores de protestas de campesinos y mineros de la región del Sur de Bolívar.
EXIGIMOS:
· Que el ejército desocupe inmediatamente las instalaciones del centro comunitario del Municipio de Arenal, de manera tal, que cese el riesgo a la población civil y sea restablecido el derecho de asociación y el funcionamiento de las organizaciones campesinas, afrodescendientes y comunitarias.
· Que las autoridades competentes, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, inicien las investigaciones disciplinarias y penales pertinentes para que estas infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos ocasionadas por los miembros de la V Brigada del Ejército Nacional en el municipio de Arenal sean sancionadas pronta y eficazmente, así como sea investigada y sancionada la omisión del Alcalde y Personero Municipal al permitir y no denunciar tales conductas que ponen en riesgo a los pobladores que constitucional y legalmente tienen la obligación de proteger.
· Que cesen de manera inmediata y sean investigados los hechos de persecución contra la Fundación Rescate Cultural – FUREC, concesionaria de la licencia de funcionamiento de la Emisora Comunitaria Arenal Stereo, hechos que obstaculizan los derechos de asociación, libertad de pensamiento y expresión entre otros derechos y podrían constituir una responsabilidad internacional del Estado por violación a disposiciones contenidas en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por Colombia.
· Garantías y protección a los líderes de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar, e integrantes del Congreso de los Pueblos ante posibles represalias que puedan haber por las denuncias realizadas ante las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH que continúan ocurriendo en esta región del país.
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS
COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR