Este informe analiza la nueva Ley de Restitución de Tierras, descrita por Santos como una parte esencial de la ‘verdadera revolución’ colombiana, en el marco histórico de la política agraria en Colombia.
Pese a que el Estado colombiano invirtió casi 100 millones de dólares para proteger a personas amenazadas o en riesgo, en 2012 se presentó el más alto número de agresiones contra defensores de derechos humanos en los últimos diez años.
Los datos son tomados de ‘El efecto placebo’, el informe de 2012 del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia.
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca como espacio de encuentro, reflexión y acción colectiva de organizaciones sociales de base campesina, indígena, urbana y de mujeres, tal como lo hace desde hace 10 años, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, presenta el documento “INFORME SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA AÑO 2.011”, el cual da cuenta de reflexiones y análisis colectivos acerca del contexto que se vive en la regi
Desde el 2002 más de 50 líderes1 de comunidades desplazadas así como líderes de comunidades Afro-Colombianas e Indígenas que luchan por la restitución de sus tierras o por la defensa de sus territorios colectivos han sido asesinados. Tan solo en el primer año de la administración de Juan Manuel Santos han sido asesinados 20 líderes. La lucha por el control y el uso de la tierra en Colombia ha producido violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos de comunidades campesinas, afro-colombianas e indígenas.
En 2010 y 2011 continuaron los graves ataques contra los defensores de derechos humanos en Colombia, incluyendo numerosos asesinatos. Igualmente, continuó el clima constante de intimidación, amenazas y hostigamiento contra los defensores y sus organizaciones.
¿Cuanto dolor, lágrimas, despojo, desaparecidos, presos políticos y torturas más hacen falta para que el mundo cese la complacencia cómplice con el régimen colombiano?
Las cifras de asesinados, torturados, encarcelados y desaparecidos, así como las leyes de impunidad para la herramienta paramilitar, el entreguismo a multinacionales y el despojo continuo, demuestran claramente la catadura genocida del gobierno.
En este periodo de 2011 compartimos la satisfacción de lograr mantener para la comunidad la producción del informe semestral de derechos humanos y derecho internacional humanitario; el avance está en este documento, en calidad, profundidad y rigurosidad del análisis, hoy en sus manos, a pesar de un contexto cada vez más adverso para los movimientos de derechos humanos, en medio de un conflicto que cada día se complejiza más para dolor del pueblo colombiano.
Las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado que afecta al país, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, ha declarado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
En Ginebra, el 20 de septiembre de 2011, en el XVIII período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya, presenta sus informes 2011, correspondientes al tercer año de su mandato, período Septiembre 2010- septiembre 2011.
Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el apoyo financiero estadounidense a Colombia que hasta ese momento se destinaba a la lucha contra el narcotráfico a través del Plan Colombia pasó a financiar la lucha contra el terrorismo.