Contexto: Organizaciones sociales completan 7 días de bloqueos a multinacionales petroleras en Arauca
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Por primera vez en 22 años, Sintracarbón se ve precisado a paralizar las labores de explotación minera en la mina Cerrejón, operada por Carbones del Cerrejón Limited, compañía concesionaria de la explotación del carbón colombiano en el departamento de La Guajira.
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En la realidad colombiana diferentes empresas vienen utilizando el término de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), para aparentar un compromiso con la sociedad, el medio ambiente y el crecimiento económico.
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El municipio petrolero de Puerto Gaitán (Meta) fue el lugar escogido para realizar, entre el 13 y el 14 de julio, la tercera audiencia del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, en la que se recogieron testimonios y pruebas que comprometen a la trasnacional de origen canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE) y a otras trasnacionales que operan en Colombia con violaciones de derechos humanos y serios problemas ambientales, sociales y económicos.
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La Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, conformada por los más importantes movimientos y organizaciones sociales colombianos en lucha contra la actual política minera, manifestamos nuestro total respaldo, apoyo y solidaridad con Sintracarbón, miembros de Reclame, en la huelga que acaban de iniciar en la empresa Cerrejón, conformada por las transnacionales BHP Billiton, Glencore y Anglo American.
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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA N° 11 ¿CONTRA QUIÉN ES EL PARO CÍVICO GENERAL INDEFINIDO QUE INICIA EL 12 DE FEBRERO A LAS 6:00 AM?
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El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos seccional Valle del Cauca se permite informar a la opinión pública la grave situación de derechos humanos en la que se encuentra los detenidos y detenidas políticas y sociales del COMPLEJO DE JAMUNDÍ (COJAN), HECHOS
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Al aprobar recientemente1 una enmienda constitucional que amplía la jurisdicción militar para casos de violaciones a derechos humanos, Colombia le asestó un golpe contundente a la justicia. La reforma permitiría que graves crímenes contra los derechos humanos sean investigados y juzgados por la justicia militar, una práctica que entra en conflicto con años de jurisprudencia de los altos tribunales colombianos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.2
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