DeVer 380 El Ministro Andrés Felipe Arias en el debate de la Revista Semana ante el público afirmó, el pasado miércoles, que en el Curvaradó se ha ido restituyendo la tierra colectiva a sus legítimos dueños. Y dos días después, su presidente, Álvaro Uribe, en la instalación del período de sesiones del Congreso expresó que ya no existía el paramilitarismo. Tal vez ni siquiera los más fanáticos, los más fervientes seguidores del pensamiento uribista pueden creer ni sostener lo que a diario en público se dice. La práctica circense de malabarista es parte de la intrepidez institucional que considera tontos a la mayoría. La estrategia discursiva y propagandística del “trabajar, trabajar y trabajar” debería traducirse en el infinitivo “mentir, mentir, mentir”. Por eso, mentir es la verdad. Como lo hacen los mandos paramilitares en el show de las versiones libres. Así es como subsiste las formas de ejercicio del poder autoritario, llamado democrático, versiones para hacer creer a los crédulos o los de la fe ciega, hay que creer porque es necesario creer y hacer creer a los incautos. En su discurso al Congreso de la República, el pasado 20 de julio, Uribe insistió en que ha combatido con fuerza el paramilitarismo, 30 mil desmovilizados, 14 mil capturados. Con cara ganó yo, con sello pierde usted. El descubrimiento de los “nexos” de paras con políticos es gracias a la política de seguridad, que brinda garantías para los denunciantes. Las 13 capturas de los congresistas de su bancada son una muestra. Insistió e insistió en afirmar ante los congresistas: “el paramilitarismo ya se acabó en el país (…) “no existe ni como grupo para combatir a la guerrilla, ni como mezcla ilegal con la Fuerza Pública” Y en relación con los más de 3.000 desmovilizados que reincidieron, según el Noveno informe de la MAPP OEA, expresó que estos están aliados con los narcos o la guerrilla y que serán perseguidos por la justicia. Aunque la cifra es poco representativa del fenómeno, pues según un reciente informe de Indepaz se trata de 9000 combatientes, en 70 grupos. Las aproximaciones cuantitativas pueden ser mayores, si se tiene en cuenta los mismos aspectos que plantea el Informe de la MAPP OEA, en el sentido de que las estructuras paramilitares mantienen su poder económico, lo cual significa sostener una red amplia de combatientes, auxiliares, auspiciadores y de complacencia institucional. A la OEA “le preocupa la información relacionada con una presunta intención por parte de algunos ex comandantes, de seguir manteniendo el control sobre las economías ilícitas en las zonas donde operaban. Esta presunción surge de un importante número de entrevistas y testimonios proporcionados por ex integrantes de las AUC, incluyendo desde miembros que desempeñaban la función de patrulleros hasta comandantes de bloques. No obstante, lo encontrado en las regiones por la MAPP/OEA, hasta el momento, no corresponde a la perspectiva de una única estructura”. No se trata por supuesto de intenciones ni de simple presunciones y no se trata de solamente economía ilícitas ligadas al tráfico de drogas. “9. Luego de siete meses de finalizado el proceso de desarme y desmovilización, la MAPP/OEA, en el marco de las labores de verificación del desmantelamiento de la estructura militar de las AUC y el seguimiento del orden público, identifica un complejo escenario en algunas regiones de Colombia (Nariño, Chocó, Putumayo, entre otras). En estos territorios, la población no parece percibir un cambio sustancial en las condiciones de seguridad, debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas ilegales, ligadas a economías ilícitas, con capacidad armada de intimidación y control”. Contra toda realidad y evidencia, que no provienen de las víctimas ni de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, excluidas de la interlocución de la misma MAPP OEA, se pretende ocultar que las “bandas emergentes”, como el gobierno nombra a las “Aguilas Negras” y las estructuras de tipo paramilitar que surgen con nuevas denominaciones, son las mismas viejas con nuevos rostros y nuevas denominaciones, acompasadas con la reingeniería militar de la seguridad, llamada, falsamente democrática. 17. En la dinámica actual se observa una participación activa de algunos mandos medios de las desmovilizadas autodefensas, quienes en ciertas zonas continúan dirigiendo las estructuras ilegales. Hasta ahora su identificación ha sido difícil ya que algunos de ellos no figuraron en las desmovilizaciones, o si lo hicieron, aparecieron con otros rangos. Uribe pretende negar que en muchas regiones del país como en el Chocó, la Brigada 15 se presenta en ocasiones como “Aguilas Negras” o que en ella se encuentran vinculados, no mandos medios si no de primer plano de la antiguas estructuras paramilitares, como “MARIO” pertenecientes a las nombradas antes como bloques. De modo similar ocurre entre las Brigadas y la Policía en Puerto Asís, Buenaventura, el Bajo Naya, Chigorodó, Villavicencio, el Ariari, Tumaco, Ocaña, Bucaramanga con las estructuras supuestamente desmovilizadas. Uribe olvida de la interceptación de comunicaciones en que se escucha a algunos de los mandos desmovilizados, ordenando la planificación de actividades delictivas desde la cárcel de Itagui, entre ellas las del control político. Esta reingeniería paramilitar y la persistencia del conflicto armado, que todos sabemos, Uribe se niega en aceptar es la verdad. Sus frases mediáticas ocultan y hacen creer que la mentira es la verdad. Si bien se han desmovilizado 30 mil paramilitares, en las cuentas oficiales, esto no ha significado el desmonte de la estructura paramilitar, de sus lógicas de operación criminal ni el enquistamiento en las lógicas y la política de operación militar institucional. El tímido informe de la MAPP OEA indica en su punto 43.” ha manifestado, ante las más altas autoridades del Estado, su preocupación por la inclusión de desmovilizados de las AUC en la red de cooperantes. La participación de ex combatientes en este mecanismo ha generado ciertas confusiones y creado una imagen, en algunas comunidades, de una posible connivencia con la Fuerza Pública. Especialmente en los casos en que la población es capaz de identificar antiguos paramilitares y actuales grupos rearmados, se ha manifestado inquietud frente al proceso de desmovilización y desarme”. Según, la MAPP/OEA la etapa post desmovilización está en un momento crucial. “La dinámica actual puede desencadenar un proceso de verdad y justicia que se dirija a terminar con el paramilitarismo en las regiones, permitiendo la reconstrucción del Estado. O, por el contrario, puede conducir a una profundización de la influencia del paramilitarismo asociado al narcotráfico. Para evitar esto último es vital el fortalecimiento de la institucionalidad, el proceso de reinserción de los excombatientes y una decisiva respuesta de la Fuerza Pública al surgimiento y expansión de las estructuras armadas ilegales”. Cinco años de política institucional muestran que está no se han transformado, las lógicas paramilitares continúan arraigadas en el pensamiento y la práctica militar, política, social, judicial de amplios sectores del Estado. De ahí, que la ausencia de garantías no solamente sea para participar en la ley 975, sino en las elecciones. Recientemente la Misión de Observación Electoral, MOE, iniciativa de la sociedad civil de transparencia del actual proceso electoral muestra en un primer mapa de riesgo que 328 de los 1.098 municipios del país pueden sufrir fraude en las próximas elecciones, como ocurrió en las que Uribe y varios congresistas fueron elegidos en el 2002. El paramilitarismo no es solo una estrategia militar, como lo definieron desde el 2000 con las pretensiones de “refundación de la patria” en el Acuerdo Político de Santafé de Ralito, entre los mandos de la estrategia paramilitar y partidos políticos en la costa Norte. No es la estrategia criminal de las Fuerzas Militares, es más que eso. No se trata solamente de “civiles armados” que apoyan o realizan acciones de guerra sucia que el ejército no debería realizar, pero que realiza bajo estrategias paramilitares o por tácticas bajo sus efectivos regulares, como han sido las ejecuciones extrajudiciales. Se trata de la asunción en el poder estatal y en la configuración de un modelo de sociedad viviendo en Estado de excepción o de legalización de la fuerza y de las acciones de Hecho. En realidad, por eso, muy a pesar de la MAPP OEA no se trata de un posdesmovilización. Se trata es una transacción de poder o lo que algunos llaman “transición sin transición”. Es la culminación con honores de un accionar militar nacido de la institucionalidad clandestina, que se ha nutrido del tráfico de drogas y que hoy saltan al escenario económico, político y de control territorial – social-. Es un proceso de transacción de poderes de los sectores hegemónicos tradicionales con nuevos actores que quieren compartir la hegemonía. Y eso, hoy es solo posible, con el mantenimiento de estructuras armadas, y la concesión institucional con disposiciones legales laxas. Una de ellas, simuladas como de verdad y de justicia, como la ley 975 para lograr el beneficio de lo público y el Estatuto de Desarrollo Rural para la legalización de sus bienes inmuebles. Que Uribe pretenda seguir sorprendiendo a los colombianos, gracias a los áulicos que lo rodean no es extraño; que pretenda imponer bajo los mismos clichés o bajo las mismas formulas del juego del lenguaje mediático a muchos otros colombianos y la comunidad internacional es un desatino. Debería cambiar sus tácticas discursivas, para ver si es posible que los demás podamos creer en ese país de las PARAVILLAS, y encantarnos con el agua putrefacta y envenenada que carcome y alimenta este Estado “democrático”. Contra toda evidencia el Presidente oculta la nueva fase de desarrollo de la estrategia de control institucional desatado por el paramilitarismo, justo en aplicación de su política de gobierno, que ya va por cinco años. Por eso causa vergüenza ajena, que en contravía de toda sana lógica, el Ministro de Agricultura, exprese a viva voz, en un escenario público que ya se han restituido propiedades a los afrodescendientes del Curvaradó. Hasta el día de hoy, los pobladores que habitan en las Zonas Humanitarias, las Zonas de Biodiversidad, y todas y todos los legítimos dueños del Territorio Colectivo o de los predios individuales se han visto, por el contrario, sometidos a las amenazas de paramilitares, al cinismo para empresarial que protege la extracción del corozo de la palma con las unidades de la Brigada 15 y 17, la extensión de la siembra de palma, la deforestación y la ampliación de la frontera para la extensión ganadera. Así es mejor dejar de trabajar, trabajar y trabajar. Es más sencillo, más simple y menos circense, “mentir, mentir y mentir”. Solo hay que hacer una actuación libreteada como en los reality, donde seguimos viviendo el mundo irreal e imaginario, como el de las Paravillas. - Escuchar al Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS en 73:42 minutos Foro Semana La Tierra de los paras? http://www.unradio.unal.edu.co/UNIMEDIOS_Radio/Programas/129/001.html - “Hoy no hay paramilitarismo” Uribe. El Tiempo. Sábado 21 de julio de 2007

Bogotá, D.C 22 de julio de 2007 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ