En 1989 el consenso de Washington definió las políticas económicas de las multinacionales para imponer a los países del Sur. Las negociaciones de tratados comerciales entre el Gobierno colombiano y países desarrollados son la continuación del modelo que ha dejado al 60% de la población colombiana en la pobreza, principalmente a las mujeres, tres millones de personas desempleadas y cuatro millones de desplazadas. Los hombres y las mujeres despojadas de sus tierras se convierten en mano de obra barata, vulnerable y dominada políticamente. Ante estas injusticias los movimientos y organizaciones sociales fortalecen su resistencia social y política contra los TLC.
Los tratados de libre comercio (TLC) ya en vigencia con Canadá y Suiza, y por confirmar con la Unión Europea y sobre todo con los Estados Unidos, son la mejor prueba de que los gobernantes venden el país al mejor postor, mientras las multinacionales acumulan enormes capitales. El objetivo de estos TLC es lograr una mayor liberalización comercial, sustentada en procesos de desgravación arancelaria progresiva o inmediata. Con el fin de crear una zona de libre comercio, en la que circulen, sin barreras, bienes y servicios provenientes de las grandes empresas de los países firmantes del tratado correspondiente. Los TLC benefician únicamente a las empresas colombianas relacionadas con el comercio internacional.
Estas empresas cuentan con capital extranjero y son las que tienen el control del comercio exterior de Colombia, y además son las que han comprado los sectores claves de la economía: salud, energía, comunicaciones, servicios públicos y minería. Según el Banco de la República de Colombia, las empresas multinacionales generan la mitad del comercio exterior del país. Con los TLC el mercado interno es presa de la competencia internacional y ello afecta considerablemente a la pequeña y mediana industria, siendo el sector agropecuario el más golpeado. Se importan los cereales subsidiados en los países desarrollados que desplazan la producción local de alimentos básicos y a cambio se destinan grandes extensiones para la producción de agrocombustibles y para la ganadería bovina. Los cultivos de cereales, oleaginosas y algodón, que en conjunto generan 270 mil empleos permanentes y ocupan una extensión de 1.460.000 hectáreas, serán los mayores perdedores con la entrada en vigencia del TLC con EEUU, país que produce a gran escala estos productos. En 1990 Colombia era autosuficiente en la producción de alimentos y en el año 2011 es un país importador de 10 millones de toneladas de alimentos.
Uno de los grandes peligros del avance de esta neocolonización es el desarrollo de la agroindustria que implica acaparamiento, control y apropiación de los bienes comunes: tierras y aguas. Igualmente se conoce el interés de las multinacionales de apropiarse de los recursos genéticos a través de patentes de semillas y plantas que las convertirán en mercancías, con lo que se pierden las culturas locales, la soberanía alimentaria y se genera mayor dependencia y dominación política.
Los TLC han generado amplias manifestaciones de resistencia social y política en Latinoamérica y especialmente en Colombia.
La campaña por la defensa del agua como bien público y derecho humano fundamental y la campaña por la defensa de la soberanía, la seguridad y la autonomía alimentaria han convocado a un gran número de organizaciones que se resisten a la privatización y la mercantilización de los bienes comunes, y luchan por el derecho de los pueblos a la alimentación. Con estas campañas se rechazan los TLC por considerar que estos generan más violencia social y política, desempleo, pobreza y la pérdida de la soberanía colombiana.
César Augusto Quintero Ramirez es miembro de La Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, una organización ambientalista y feminista sin ánimo de lucro, dedicada a la educación y a la promoción de una gestión ambiental alternativa.
Publicado en SETEM: La revista, núm. 20, diciembre de 2011.