El 6 de diciembre de 1928 en la plaza municipal de Cienaga Magdalena fueron
asesinados cerca de 3000 hombres y mujeres, por exigirle a la transnacional
estadounidense UNITED FRUIT COMPANY solución al pliego de peticiones presentado por
el sindicato. Ese día el ejercito colombiano al mando del general Carlos Cortés
Vargas disparo sus armas contra la multitud para aniquilar la protesta de los
trabajadores.
Esta misma transnacional ahora conocida como la CHIQUITA BRANDS o BANADEX S.A. el
15 de mayo de 2004 confesó haber entregado 1.7 millones de dólares en un periodo
que va desde 1997 hasta 2004 a las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá
(ACCU). Según el juez federal de los Estados Unidos Royce Lamberte más de 100
pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en
Cincinnati - Ohio. Producto de la confesión una Corte Federal acepto
provisionalmente el acuerdo entre la transnacional y la fiscalía y deberá pagar 25
millones de dólares en cinco cuotas de 5 millones cada una.
En octubre de 2001 la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos le impuso a la
Chiquita Brands una multa de 100.000 dólares, por haber sobornado a empleados del
Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN para que le
expidieran la licencia aduanera y portuaria en el municipio de Turbo en el Urabá
Antioqueño. El caso en Colombia fue archivado.
Impunidad Total. Por esta y otras razones, el Tribunal permanente de los Pueblos que sesiona en el país desde el mes de abril de 2006, bajo la coordinación del OBSERVATORIO SOCIAL DE EMPRESAS TRANSNACIONALES, MEGAPROYECTOS Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, inició un proceso de juzgamiento contra la CHIQUITA BRANDS por los delitos de FINANCIAMIENTO DE GRUPOS TERRORISTAS y TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A GRUPOS PARAMILITARES EN COLOMBIA. El dictamen del tribunal en la audiencia agroalimentaria afirma: "En el caso de la transnacional Chiquita Brands, la relación entre empresa y paramilitarismo es más evidente, ya que fueron presentadas pruebas de que dicha empresa ha dado significativos aportes financieros a grupos paramilitares y en 2001 transportó 3000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, autores de varios miles de crímenes horrendos en dicha zona. Según las acusaciones, ningún proceso penal o disciplinario adelantado por las autoridades ha producido efecto, permaneciendo todos estos crímenes y procedimientos en absoluta impunidad. Por el contrario, quienes denuncian estas acciones criminales son judicializados, pasando de acusadores a acusados. En resumen, el terror laboral impuesto en Colombia por el Estado y las multinacionales, combina, para lograr sus fines, estrategias legales e ilegales." El juicio ético y político que en el mes de abril del año anterior el Tribunal Permanente de los Pueblos iniciara, se refuerza de una manera muy importante con el acuerdo realizado entre Chiquita Brands y la fiscalía de los EU, pero aún falta mucho camino por recorrer, pues ni ha habido justicia ni a las victimas, familias, organizaciones sociales y población afectada por las atrocidades se les ha mitigado tanto dolor causado. Continuamos exigiéndole a la Fiscalía General de la Nación claridad sobre estos hechos, ya que su silencio no solo la convierte en responsable por omisión, sino en agente de impunidad y generador de nuevos crímenes al no permitir que haya verdad, justicia y reparación. Así como la Chiquita Brands, también la Drummond ha sido llamada a juicio por las Cortes federales de Alabama en los Estados Unidos acusada por el asesinato de los dirigentes sindicales de Sintramienergética, Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Este crimen hace parte de la serie de casos presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en su audiencia minera celebrada en Medellín en el mes de noviembre pasado.
Edgar Páez M. Dirección Nacional SINALTRAINAL - Colombia Marzo 29 de 2007
Chiquita ha admitido haber realizado pagos a escuadrones de la muerte colombianos, pero las víctimas de los escuadrones no recibirán nada de dinero de la multinacional, y ninguno de los ejecutivos de la compañía va a pasar tiempo en la cárcel. Marino Cordoba vivía en el pueblo de Riosucio, un pequeño pueblo habitado por los descendientes de los esclavos liberados en el departamento colombiano de Choco, en una región llamaba Uraba, la cual es famosa por sus plantaciones de plátanos y palma, su oro, sus bosques y sus ríos. En años recientes, la región también se ha vuelto famosa por sus escuadrones de la muerte: grupos paramilitares de la derecha que aterrorizan a las comunidades que se rehúsan a inclinarse ante la voluntad de las compañías extranjeras y de los grandes inversionistas. Estas milicias están organizadas bajo un “grupo sombrilla”, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes tienen fuertes lazos con el gobierno y el ejército colombiano, así como con traficantes de cocaína y heroína. En 1996, Riosucio se convirtió en la primera comunidad de la región en obtener el título legal de sus tierras bajo la constitución de Colombia de 1991, la cual garantizaba a las comunidades afrocolombianas los derechos colectivos de la tierra que colonizaron sus ancestros. En un artículo del 2000, Cordoba describió lo que pasó después: Siete días después, a las 5 AM el 13 de diciembre de 1996, llegaron grupos paramilitares a mi pueblo Riosucio, con la intención de asesinar a los líderes y sus familias. Muchos fueron obligados a levantarse de sus camas y a pasear desnudos por las calles. Cualquiera que se resistiera era asesinado. Los gritos me despertaron; corrí a refugiarme en el pantano con otros más… A las 8:00 AM, los helicópteros del ejército empezaron a patrullar. Los paramilitares les avisaron por radio a los pilotos para que empezaran a atacar el pantano, diciendo que esa gente era de la guerrilla. El ejército nos atacó con bombas y rifles, matando a mucha gente. Aquellos que sobrevivimos nos quedamos en el agua durante tres días hasta que el hambre y la desesperación nos obligaron a salir. Algunos de nosotros atravesamos el pueblo sin ser vistos y llegamos a una comunidad rural al otro lado del río. Yo me recuperé ahí, y después huí a Bogotá. El otro día me puse a pensar en Marino Cordoba y los otros sobrevivientes de la masacre de Riosucio cuando leí que Chiquita (la antigua United Fruit Company) se había declarado culpable en una corte federal de los cargos de financiar a un grupo terrorista, después de admitir que pagó 1.7 millones de dólares a las AUC durante un periodo de 10 años. Su castigo fue una multa de 25 millones de dólares, menos de la mitad del dinero que la compañía ganó por vender su filial colombiana, una compañía que nunca podría haber crecido tanto como lo hizo de no haber sido por el papel que jugaron los paramilitares en impedir la organización de los sindicatos en las plantaciones de plátanos y en obligar a las comunidades a salir de sus tierras de cultivo. Chiquita Colombia generó mucho de su dinero en Uraba. Ninguno de los sobrevivientes de los crímenes de las AUC llegará a ver un centavo de ese dinero. Y, aunque los ejecutivos más altos aprobaron personalmente los pagos a las AUC, ninguno de ellos va a pasar un solo día en la cárcel. Una amarga ironía para los árabes-americanos encerrados en una prisión federal en nombre de la guerra contra el terrorismo, cuyos crímenes palidecen en comparación con los de Chiquita: gente como el Dr.Rafil Dhafir, un iraquí-americano que está cumpliendo una condena de 22 años en prisión, no por dar dinero a terroristas, sino por mandar comida, medicina y cobijas a los iraquíes, violando las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Cuando Dafir fue arrestado, el Abogado General John Ashcroft dio una [conferencia de prensa] en donde les dijo a los reporteros que: “Mientras el presidente Bush dirige una coalición internacional para terminar con la tiranía y el apoyo al terrorismo de Saddam Hussein, el Departamento de Justicia velará porque los individuos al interior de nuestras fronteras no puedan socavar estos esfuerzos”, Y que, “Aquellos que busquen transferir dinero a Irak bajo el disfraz del trabajo caritativo serán aprehendidos y juzgados”. De manera contrastante, el Departamento de Justicia de los EU no tiene ningún apunte sobre el sitio de Chiquita en su página web. Una vez más se demuestra que, para el Departamento de Justicia de los EU, el terrorismo no es realmente terrorismo a menos que las víctimas vivan en los EU o que los terroristas sean musulmanes.
Impunidad Total. Por esta y otras razones, el Tribunal permanente de los Pueblos que sesiona en el país desde el mes de abril de 2006, bajo la coordinación del OBSERVATORIO SOCIAL DE EMPRESAS TRANSNACIONALES, MEGAPROYECTOS Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, inició un proceso de juzgamiento contra la CHIQUITA BRANDS por los delitos de FINANCIAMIENTO DE GRUPOS TERRORISTAS y TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A GRUPOS PARAMILITARES EN COLOMBIA. El dictamen del tribunal en la audiencia agroalimentaria afirma: "En el caso de la transnacional Chiquita Brands, la relación entre empresa y paramilitarismo es más evidente, ya que fueron presentadas pruebas de que dicha empresa ha dado significativos aportes financieros a grupos paramilitares y en 2001 transportó 3000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, autores de varios miles de crímenes horrendos en dicha zona. Según las acusaciones, ningún proceso penal o disciplinario adelantado por las autoridades ha producido efecto, permaneciendo todos estos crímenes y procedimientos en absoluta impunidad. Por el contrario, quienes denuncian estas acciones criminales son judicializados, pasando de acusadores a acusados. En resumen, el terror laboral impuesto en Colombia por el Estado y las multinacionales, combina, para lograr sus fines, estrategias legales e ilegales." El juicio ético y político que en el mes de abril del año anterior el Tribunal Permanente de los Pueblos iniciara, se refuerza de una manera muy importante con el acuerdo realizado entre Chiquita Brands y la fiscalía de los EU, pero aún falta mucho camino por recorrer, pues ni ha habido justicia ni a las victimas, familias, organizaciones sociales y población afectada por las atrocidades se les ha mitigado tanto dolor causado. Continuamos exigiéndole a la Fiscalía General de la Nación claridad sobre estos hechos, ya que su silencio no solo la convierte en responsable por omisión, sino en agente de impunidad y generador de nuevos crímenes al no permitir que haya verdad, justicia y reparación. Así como la Chiquita Brands, también la Drummond ha sido llamada a juicio por las Cortes federales de Alabama en los Estados Unidos acusada por el asesinato de los dirigentes sindicales de Sintramienergética, Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Este crimen hace parte de la serie de casos presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en su audiencia minera celebrada en Medellín en el mes de noviembre pasado.
Edgar Páez M. Dirección Nacional SINALTRAINAL - Colombia Marzo 29 de 2007
Con una multa de 25 millones de dólares, Chiquita se lava las manos del caso del escuadrón de la muerte
Chiquita ha admitido haber realizado pagos a escuadrones de la muerte colombianos, pero las víctimas y sus familias no recibirán ni un centavo de la multinacional Por Sean Donahue Via la Narcoesfera www.narconews.com 18 de marzo de 2007Chiquita ha admitido haber realizado pagos a escuadrones de la muerte colombianos, pero las víctimas de los escuadrones no recibirán nada de dinero de la multinacional, y ninguno de los ejecutivos de la compañía va a pasar tiempo en la cárcel. Marino Cordoba vivía en el pueblo de Riosucio, un pequeño pueblo habitado por los descendientes de los esclavos liberados en el departamento colombiano de Choco, en una región llamaba Uraba, la cual es famosa por sus plantaciones de plátanos y palma, su oro, sus bosques y sus ríos. En años recientes, la región también se ha vuelto famosa por sus escuadrones de la muerte: grupos paramilitares de la derecha que aterrorizan a las comunidades que se rehúsan a inclinarse ante la voluntad de las compañías extranjeras y de los grandes inversionistas. Estas milicias están organizadas bajo un “grupo sombrilla”, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes tienen fuertes lazos con el gobierno y el ejército colombiano, así como con traficantes de cocaína y heroína. En 1996, Riosucio se convirtió en la primera comunidad de la región en obtener el título legal de sus tierras bajo la constitución de Colombia de 1991, la cual garantizaba a las comunidades afrocolombianas los derechos colectivos de la tierra que colonizaron sus ancestros. En un artículo del 2000, Cordoba describió lo que pasó después: Siete días después, a las 5 AM el 13 de diciembre de 1996, llegaron grupos paramilitares a mi pueblo Riosucio, con la intención de asesinar a los líderes y sus familias. Muchos fueron obligados a levantarse de sus camas y a pasear desnudos por las calles. Cualquiera que se resistiera era asesinado. Los gritos me despertaron; corrí a refugiarme en el pantano con otros más… A las 8:00 AM, los helicópteros del ejército empezaron a patrullar. Los paramilitares les avisaron por radio a los pilotos para que empezaran a atacar el pantano, diciendo que esa gente era de la guerrilla. El ejército nos atacó con bombas y rifles, matando a mucha gente. Aquellos que sobrevivimos nos quedamos en el agua durante tres días hasta que el hambre y la desesperación nos obligaron a salir. Algunos de nosotros atravesamos el pueblo sin ser vistos y llegamos a una comunidad rural al otro lado del río. Yo me recuperé ahí, y después huí a Bogotá. El otro día me puse a pensar en Marino Cordoba y los otros sobrevivientes de la masacre de Riosucio cuando leí que Chiquita (la antigua United Fruit Company) se había declarado culpable en una corte federal de los cargos de financiar a un grupo terrorista, después de admitir que pagó 1.7 millones de dólares a las AUC durante un periodo de 10 años. Su castigo fue una multa de 25 millones de dólares, menos de la mitad del dinero que la compañía ganó por vender su filial colombiana, una compañía que nunca podría haber crecido tanto como lo hizo de no haber sido por el papel que jugaron los paramilitares en impedir la organización de los sindicatos en las plantaciones de plátanos y en obligar a las comunidades a salir de sus tierras de cultivo. Chiquita Colombia generó mucho de su dinero en Uraba. Ninguno de los sobrevivientes de los crímenes de las AUC llegará a ver un centavo de ese dinero. Y, aunque los ejecutivos más altos aprobaron personalmente los pagos a las AUC, ninguno de ellos va a pasar un solo día en la cárcel. Una amarga ironía para los árabes-americanos encerrados en una prisión federal en nombre de la guerra contra el terrorismo, cuyos crímenes palidecen en comparación con los de Chiquita: gente como el Dr.Rafil Dhafir, un iraquí-americano que está cumpliendo una condena de 22 años en prisión, no por dar dinero a terroristas, sino por mandar comida, medicina y cobijas a los iraquíes, violando las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Cuando Dafir fue arrestado, el Abogado General John Ashcroft dio una [conferencia de prensa] en donde les dijo a los reporteros que: “Mientras el presidente Bush dirige una coalición internacional para terminar con la tiranía y el apoyo al terrorismo de Saddam Hussein, el Departamento de Justicia velará porque los individuos al interior de nuestras fronteras no puedan socavar estos esfuerzos”, Y que, “Aquellos que busquen transferir dinero a Irak bajo el disfraz del trabajo caritativo serán aprehendidos y juzgados”. De manera contrastante, el Departamento de Justicia de los EU no tiene ningún apunte sobre el sitio de Chiquita en su página web. Una vez más se demuestra que, para el Departamento de Justicia de los EU, el terrorismo no es realmente terrorismo a menos que las víctimas vivan en los EU o que los terroristas sean musulmanes.