Por segundo año consecutivo, el gobierno Conservador ha fallado en cumplir con su obligación moral de analizar el impacto del Acuerdo de Promocion Comercial entre la Republica de Colombia y Canada en materia de los derechos humanos.  La obligación de informar, incluida como un acuerdo paralelo en el TLC, fué aclamada por los liberales como un "nuevo estándar de oro" para los informes de derechos humanos en los acuerdos de libre comercio y anunciada por el gobierno conservador como una manera significativa para abordar la rendición de cuentas sobre los derechos humanos en el comercio.  La sociedad civil y las organizaciones sindicales y de derechos humanos temen que esta sea simplemente una cortina de humo obligatoria.

El informe del año pasado, denominado por muchos como un "sin-informe", prometió que un verdadero estudio saldría en 2013.  Este "proporcionaría un análisis de los cambios notables en el comercio y en la situación de derechos humanos en los sectores económicos más activos derivados del acuerdo" y algún "punto de referencia" básico acerca de los derechos humanos y el comercio en Colombia.  Publicado a mediados de junio, el informe de este año está muy lejos del prometido estándar de oro y confirma las sospechas de que la obligación de informar era una cortina de humo. Este habla casi exclusivamente de la macroeconomía y de los flujos comerciales y - lo más alarmante - limita su ámbito de aplicación a las medidas adoptadas por el gobierno de Canadá bajo la Ley de Implementación del TLC.

Claramente ausente del informe es cualquier dato o análisis en torno a los cambios en la situación de los derechos humanos o el impacto de la inversión canadiense en materia de derechos humanos en Colombia, lo que hace el informe prácticamente irrelevante.
Uno podría ser perdonado por pensar que el gobierno es consciente de los problemas de derechos humanos en Colombia y trata de evadir el escrutinio público y de los medios de comunicación sobre el tema: En lugar de anunciar públicamente el lanzamiento del informe como una buena noticia para el comercio y los derechos humanos, este furtivamente se aprobó justo antes que los miembros del Parlamento se fueran por el verano.

 El informe describe un proceso de consulta con los inversionistas lo cual es indicativo de un problema más profundo con el gobierno de Harper: El desprecio por una auténtica, amplia consulta popular de base. Prueba de ello es su "convocatoria pública para propuestas" de la sociedad civil.  Un artículo no anunciado en la página web de DFAIT (Department of Foreign Affairs and International Trade) dió a los participantes solamente una semana para que ofrecieran sus comentarios en este debate importante. Como era de esperarse, no se recibieron propuestas. El gobierno continuó con las actividades de un proceso de consulta, pero es evidente que no proporcionó una oportunidad real o significativa para la participación.

Los canadienses deberían estar indignados por el informe displicente del gobierno y su falso intento de consulta pública sobre la grave situación de los derechos humanos que afectan a los colombianos. También deberían cuestionar la pérdida de dinero de los contribuyentes en un proceso que incluyó costosos viajes ministeriales con resultados tan triviales como "designar puntos oficiales de contacto", pero no alcanzó efectivamente su objetivo de examinar cómo el libre comercio está afectando los derechos humanos en Colombia.

Teniendo en cuenta la alarmante prevalencia de los abusos de los derechos humanos, violencia, intimidación y asesinatos en Colombia, el gobierno Conservador ha perdido una importante oportunidad para hacer que el gobierno Colombiano sea responsable por la lamentable situación de los derechos humanos en ese país. Se ha demostrado, una vez más, que los derechos corporativos dominan la agenda de nuestro gobierno a expensas de los derechos humanos y las cuestiones laborales.

De acuerdo con un reciente artículo publicado en la revista Embassy, "más de un tercio de los pueblos indígenas de Colombia están en peligro de exterminio, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia del país - una crisis alimentada por la violenta imposición de megaproyectos en territorios indígenas. Y en 2012, más de 280 sindicalistas Colombianos recibieron amenazas de muerte y 20 fueron asesinados – haciendo de este uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas".

El mes pasado, dos líderes sindicales colombianos de la Union Sindical Obrera de la Industria del Petróleo de Colombia (USO) recorrieron diversas ciudades de Canadá para denunciar violaciones de la compañía petrolera Canadiense Pacific Rubiales Energy.  Su declaración final, denunció el "fracaso de los gobiernos de Canadá y Colombia al no cumplir con los acuerdos laborales y ambientales y respetar los derechos humanos, a pesar de los compromisos que fueron ratificados por ambos gobiernos en el marco del  Acuerdo de Promocion Comercial entre la Republica de Colombia y Canada".

El informe resalta una pieza significativa de información, la cual contradice la descripción fundamental de la política de las Américas del Gobierno. Esta descripción frecuentemente utilizada para refutar opositores de los acuerdos de libre comercio con países con problemas como Colombia y Honduras, reclama que el aumento de la prosperidad mutua conduce al desarrollo económico – el cual a su vez mejora los derechos humanos. Sin embargo, el informe no demuestra esta conexión y a cambio manifiesta que "no hay evidencia de una relación causal entre las reducciones de los aranceles por parte de Canadá de acuerdo con el Acuerdo de Promocion Comercial entre la Republica de Colombia y Canada y los cambios en los derechos humanos en Colombia".

El informe deja claro que el gobierno Canadiense no está cumpliendo con su palabra cuando se trata de derechos humanos. Su fracaso para llevar a cabo una verdadera evaluación del impacto de Derechos Humanos no sólo es una burla a los principios detrás de la obligación de informar, sino que también demuestra la falta de respeto del gobierno por los derechos humanos. Este informe debilita aún más la credibilidad de Canadá en América Latina y el resto del mundo.

Raúl Burbano es el Director del Programa de Fronteras Comunes