“Porque esta tierra es nuestra. El territorio lo construimos los pueblos”  es la idea central con la cual se está convocando el Congreso Nacional  de Tierras Territorios y Soberanías en Colombia. Del 30 de septiembre al 3 de octubre en Cali.

La lucha por la propiedad de la tierra ha sido uno de los ejes del conflicto político, social y armado que vive Colombia desde hace más de 50 años ligada a despojos, desplazamientos masivos y crímenes estatales para la expropiación de los territorios de comunidades enteras a favor del capital financiero internacional.

Estos fenómenos se desarrollan justo allí donde se encuentran nuestros recursos naturales, el subsuelo, lo local, lo regional, lo nacional: las raíces de nuestra existencia como pueblos. Tierras y territorios que hacen parte de los saberes, la cultura, la identidad, las economías campesinas, propias y populares de nuestros pueblos.

¿Cuál es el sentido de un Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías hoy en Colombia? Se hace apremiante que los pueblos de Colombia y el mundo mandaten y tomen decisiones sobre el futuro de sus territorios, comunidades y entornos regionales. En nuestro país se viene implementando hoy un modelo de desarrollo que beneficia a grandes empresas transnacionales interesadas en los recursos naturales y, en general, en la economía extractiva basada en el exterminio de comunidades enteras.

El gobierno actual encabezado por el presidente Juan Manuel Santos ha venido llevando a cabo lo que algunos llaman la profundización de la crisis del modelo económico a través del Plan Nacional de Desarrollo. Viene impulsando una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en proceso de reglamentación, y cuya premisa esencial es la legalización del despojo; también la ley de desarrollo rural y la reforma al Código Minero, por citar algunos ejemplos del actual paquete legislativo.

Así mismo, se han incrementado de manera considerable las agresiones en contra de las víctimas de crímenes de Estado en las distintas regiones del país. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice- tiene documentadas desde el gobierno de Uribe, 314 de estas agresiones de las cuales “85 ocurrieron durante el primer año del mandato del Presidente Santos: del 7 de agosto del 2010 al 6 de agosto del 2011. Es decir, durante un período de un poco más de seis años, el 27% de las agresiones registradas contra integrantes del MOVICE ocurrieron durante el último año”.
Otra historia similar se cuenta desde los mismos líderes que han querido regresar a sus territorios. En marzo del presente año ya se documentaba que aproximadamente 50 líderes habrían sido asesinados durante los últimos meses.

Por estas y otras razones nos hemos venido encontrando en distintos foros, núcleos de pensamiento, encuentros regionales, y otros escenarios para impulsar el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, a realizarse del 30 de septiembre al 3 de octubre en la ciudad de Cali y el 4 de octubre con una movilización hacia el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima.

Queremos deliberar y construir unos mandatos. Queremos trazarnos un plan de acción desde las distintas territorialidades regionales para confrontar el excluyente modelo de desarrollo imperante en el país y proponer el país que deseamos.

En este sentido y con el objetivo de articular las luchas del movimiento social y popular como una construcción desde la base, recogiendo los acumulados, agendas y procesos sociales, pensamos en el Congreso como un escenario de vital importancia que se desarrollará en dos momentos: Uno de ellos en un dialogo en 7 ejes temáticos y, otro, por regiones. De esta manera nos encontraremos en torno a los siguientes ejes: 1. Tierras: tenencia, despojo, acceso, uso, restitución, redistribución, resistencia, recuperación, retorno. 2. Minero-energético: política minero-energética, megaproyectos de minería, agrocombustibles, agroindustria. 3. Aguas marinas, submarinas, ríos, humedales, etcétera. 4. Saberes, cultura e identidad. 5. Economía campesina, economías propias y populares y soberanía alimentaria. Producción de alimentos, semillas, distribución de alimentos del actual modelo económico y propuestas alternativas. 6. Territorios urbanos. 7. Guerra y Conflicto Armado.

En otro momento queremos que desde lo regional se haga un plan de acción nacional en concordancia con los mandatos construidos, tomando en cuenta las alternativas que hemos venido proponiendo de tiempo atrás, tales como el Mandato Agrario, el Catastro Alternativo, los comités cívicos urbanos, la propuesta de ley de reforma agraria, entre otras tantas, de manera que sean capaces de lograr un alcance nacional e internacional.

En el congreso participaremos delegados de organizaciones sociales de las regiones del suroccidente colombiano y andén pacífico (Chocó biogeográfico); centro del país: Cundinamarca, Boyacá, Tolima; Magdalena Medio y sur de Bolívar; Santanderes; Antioquia y viejo Caldas; Costa Atlántica y región Caribe; Llanos Orientales: Arauca, Casanare, Meta, Guaviare; Sur y región Amazónica; Huila, Putumayo, Caquetá.

Por último, nos asiste construir un país vivible para todos y todas, tomando en cuenta la responsabilidad que tenemos como seres planetarios, creadores, amantes de la vida; parte de nuestras tierras y territorios, de la biodiversidad y de la identidad cultural y soberana de los pueblos.

Comité Nacional de Impulso del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías
 

Llamamiento a los pueblos de Colombia y el mundo a organizar el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías

Los días 19 y 20 de mayo de 2011, nos convocamos en la ciudad de Bogotá alrededor de 200 delegados y delegadas de procesos sociales, populares y fuerzas políticas, urbanas y rurales, provenientes  de todas las regiones colombianas. Llegamos con la responsabilidad delegada por nuestras comunidades y procesos de persistir en la construcción de alternativas frente a las críticas condiciones de vida de colombianos y colombianas en  campos y ciudades, con la necesidad de generar procesos que lleven la voz de los excluidos y excluidas, de quienes no tienen voz, y que permitan que las propuestas de país gestadas desde las comunidades y procesos populares puedan ser escuchadas y construidas a través de mandatos y cabildos por las grandes mayorías.

Hacemos parte del renovado proceso de luchas sociales, donde la tierra, el agua, el territorio, nuestros bienes comunes (minerales, bosques, biodiversidad, educación, salud, etc.), la  soberanía alimentaria y energética, y la autonomía de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, pescadoras, agromineras, trabajadoras y urbanas  van tomando cada vez más fuerza. Somos parte de múltiples procesos de movilización, acompañados por esfuerzos de confluencia de diversos movimientos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE, Movimiento Nacional en Defensa del Agua y de la Vida,  Marcha Nacional de Mujeres Campesinas, la Red Colombiana Frente a La Gran Minería Transnacional-RECLAME,  El Congreso Nacional de Los Pueblos y la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, entre otras.

Nos hemos ido encontrando bajo la necesidad histórica que exige escenarios de unidad popular en pro de una solución política negociada al Conflicto Social y Armado que vive nuestro país, de la reivindicación de los Derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales y su exigibilidad frente al Estado, de  la lucha por la tierra, la vida y la permanencia en los territorios, y sobre todo de la necesidad de construir propuestas alternativas al proyecto de muerte que nos han impuesto en Colombia.  Todas estas apuestas son cada vez más vitales en nuestras dinámicas de movilización y nos exige la organización de agendas conjuntas y de confluencia.

Desde una lectura de los hechos por los cuales estamos atravesando, vemos cómo el despojo de las tierras, de los territorios, del agua, de nuestros derechos y bienes comunes, de nuestros barrios y ciudades, y de nuestras culturas, es una estrategia que el proceso de acumulación del capital desarrolla a nivel mundial.  Por esto, queremos profundizar nuestro hermanamiento para la lucha con los pueblos del mundo.

Dicha estrategia de despojo sufrida por el pueblo colombiano tiene en las políticas e iniciativas legislativas actuales preocupantes expresiones donde el capital financiero y las empresas transnacionales se convierten en sujetos privilegiados por parte del gobierno nacional.

Manifestamos nuestra oposición a las políticas y legislación del  Gobierno de Juan Manuel Santos y sus antecesores, que profundizan el despojo y la dependencia de nuestra nación.  No existen  acciones concretas que permitan que la verdad, la justicia y la reparación integral sean una realidad que garantice los derechos de los millones de víctimas en Colombia.  Rechazamos las propuestas de militarización de todas las dimensiones de la sociedad colombiana, así como  la continuidad de la guerra en nuestras tierras y territorios.

Consideramos que los diferentes espacios a los que el gobierno ha convocado expresiones sociales, no son para dar solución alguna a las problemáticas del pueblo colombiano, son una simulación de la participación que tiene como propósito la cooptación y la fragmentación de los movimientos sociales y populares.
Convocamos al Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías como un momento importante en la confluencia de los movimientos sociales, políticos y populares en Colombia.  Este escenario debe ser amplio y unitario, que permita la deliberación y construcción de mandatos desde las comunidades frente a la tierra, el territorio y las soberanías de los pueblos. Esta deliberación deberá construir y decidir propuestas alternativas, un mandato de permanencia en nuestras tierras y territorios, y una legislación propia sobre nuestros bienes comunes en armonía con la naturaleza, la vida y la soberanía popular.

Este congreso fortalecerá la construcción de propuestas de país desde el pueblo colombiano; confrontará el modelo de desarrollo expresado en la agenda legislativa y política del actual gobierno; articulará las luchas del movimiento social y popular como una construcción desde la base; reconocerá y recogerá los acumulados, agendas y procesos sociales, visibilizándolos y potenciando las luchas.

LLAMAMOS y convocamos a comunidades, procesos sociales,  políticos y a ciudadanos y ciudadanas colombianos y del mundo a articularnos en la lucha y propuesta, por los derechos de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, pescadoras, agromineras, trabajadoras y urbanas; contra la extranjerización de la tierra y por la defensa de la madre tierra.

La construcción del Congreso ha tendido una agenda de preparación en escenarios de articulación regional y nacional. A partir del 30 de Septiembre nos encontraremos en la ciudad de Cali (departamento del Valle del Cauca) para deliberar, decidir y legislar en torno a nuestras tierras, territorios y soberanías y el 4 de octubre marcharemos hacia Cajamarca (Tolima) donde haremos públicos los mandatos.

El congreso tendrá dos momentos que son el trabajo por ejes temáticos y el trabajo por regiones. Los ejes temáticos son:

• Tierras: Tenencia, Uso, Acceso y Propiedad y Redistribución. Despojo, Restitución, Resistencia, Recuperación, Retorno.
• Economías extractivas: Minería, hidrocarburos..- Água: marinas, submarinas, rios, humedales. Ciénagas, Páramos, manglares, cuencas, acueductos.
• Saberes, cultura e identidad.
• Economía campesina, economías propias y populares y soberanía alimentaria.
• Tierras y Territorios Urbanos
• Guerra y Conflicto Armado

Estos momentos se trabajaran por grupos, que contarán con un(a) relator(a) y un(a) palabrero(a), para dinamizar el trabajo del grupo, con base en un documento marco de referencia. Posteriormente se harán plenariarias para socializar las propuestas y construir de forma colectiva de mandatos populares.

CAMPAÑA CONTRA EL DESPOJO

Por la soberanía, la autodeterminación y la Permanencia en el territorio.

Red de Hermandad y solidaridad con Colombia REDHER

A lo largo de los últimos 10 años se ha dado un auge importante de las luchas sociales. La reivindicación de los Derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales y su exigibilidad frente al Estado, el problema del Conflicto Social y Armado que vive Colombia y la necesidad de buscar su solución por la vía política, la lucha por la tierra, la vida y la permanencia en los territorios, la defensa de la educación y salud públicas, la lucha por el agua y los bienes comunes han sido apuestas principales en los procesos de movilización y organización de agendas conjuntas y de confluencia.

La defensa de los bienes comunes (tierra, territorio, agua, minerales, bosques, biodiversidad, etc.), la defensa de la soberanía y la existencia de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas se instauraron como puntos de reivindicación en la agenda social, dándose una dinámica de confluencia de diversos procesos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE, Movimiento Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, Marcha Nacional de Mujeres Campesinas, el nacimiento de la Red Colombiana Frente a La Gran Minería Transnacional-RECLAME, La Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Independencia, la sesión Inaugural del Congreso Nacional de Los Pueblos, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, entre otras muchas formas de luchas por la tierra, los territorios y las soberanías que de una u otra manera empiezan a caminar juntos.

Como respuesta a este auge, la propuesta del actual gobierno de Unidad Nacional plantea un nuevo discurso frente a las Víctimas con un Plan Nacional de Desarrollo enfocado en el problema agrario y de tierras que buscan generar ante la comunidad internacional una imagen limpia, al mismo tiempo que da continuidad a las políticas de despojo desarrolladas en los últimos años; propuestas como ley de víctimas y todo el paquete legislativo agrario amenazan con fragmentar una vez más los escenarios de confluencia del movimiento social- popular, buscando eludir soluciones estructurales a los conflictos por la tierra, los territorios y las soberanías.

Las políticas gubernamentales de despojo presentan amenazas, tales como:

• La política de restitución de tierras que privilegia intereses empresariales.

• La política de tierras y desarrollo rural que busca profundizar el mercado de tierras al servicio de la agroindustria y el sistema financiero, incluyéndolas además como un nuevo renglón de la inversión extranjera directa.

• La Intervención con megaproyectos mineros, energéticos y de infraestructura especialmente la gran minería transnacional a cielo abierto, que modifican el uso y la tenencia de la tierra y el acceso a los beneficios ambientales.

• La conversión de alimentos a combustibles de los cultivos de caña, palma aceitera y otros, que ha provocado la expansión de la frontera agrícola y las agroempresas cuyos capitales empiezan a colocarse en los negocios del rentable mercado energético.

• La ofensiva privatizadora sobre las fuentes hídricas y las grandes represas multipropósito que están en marcha y los planes departamentales de aguas.

• Los Tratados de Libre Comercio donde el tema de la agricultura lesiona aún más la producción alimentaria nacional, debilitando nuestra capacidad de autoabastecimiento.

• Los planes de ordenamiento territorial y urbano, que colocan los espacios de vida de nuestras comunidades en función de la globalización neoliberal.

• Los Planes de Consolidación de la estrategia gubernamental de control social del territorio bajo la llamada Doctrina de Acción Integral, que militariza todos los aspectos de la vida de las comunidades.

• La denominada Ley de sostenibilidad fiscal, donde el gasto del Estado se orienta en función de la deuda financiera y no de la deuda social lo que quiere decir poner los intereses de la Banca Internacional por encima de los derechos de los colombianos,

De acuerdo a esta realidad se ve la necesidad de un espacio de unidad que pueda dar respuesta a los retos del momento donde la Vida y el Territorio retoman reivindicaciones estructurales de las movilizaciones regionales actuales en las que hemos emprendido el camino de legislar para aportar en la construcción del país justo y posible para el conjunto de la población colombiana. Este propósito es el que nos convoca en el Congreso de Tierra, Territorio y Soberanía.

El CONGRESO NACIONAL DE TIERRAS, TERRITORIOS Y SOBERANÍAS debe pensarse en el desarrollo de estrategias para enfrentar el despojo y el modelo de acumulación; entendiendo que estas no solamente deben pasar por resolver la concentración de la tierra en Colombia, sino que como ya se constata, debe abordarse integralmente el problema del gobierno y ordenamiento de la sociedad y el territorio.

EL DESPOJO EN COLOMBIA

Para caracterizar el despojo hoy es necesario interpretar el proceso inserción  de  Colombia  a  la economía  mundial. Esta caracterización evidencia que el desarrollo se ha dado de manera violenta, donde el control territorial y la ocupación militar esta aparejada a graves violaciones  a los derechos humanos de la población y la amenaza de desestabilización  a los pueblos y gobiernos hermanos.

Lo que se ha llamado las “locomotoras de la prosperidad” solo encubren la profundización del saqueo de los recursos de la naturaleza. El énfasis en la minería amenaza con hacer de Colombia un gran desierto al tiempo que se agravarían los problemas de la pobreza, la guerra y la descomposición social. Los proyectos de restitución de tierras y la Ley de Víctimas solo buscan legalizar el despojo,  acabando de una vez por todas, la economía campesina para el beneficio de grandes monopolios y agroindustriales.

Algunos casos:

Jiguamiandó y Curvaradó: En el pacífico colombiano ha podido corroborarse que varias comunidades de campesinos y de afrodescendientes han sido expropiadas ilegalmente por empresarios de los agrocombustibles vinculados con grupos paramilitares; en lugares como Curvaradó los pueblos afro han perdido 29.000  Hectáreas por accionar paramilitar, 7000 de esas hectáreas expropiadas están hoy sembradas de palma de aceite.

Indígenas Embera en Urabá: Las explotaciones mineras agenciadas por la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation, han ocasionado el desplazamiento forzado de varias comunidades indígenas Embera de los resguardos de Uradá, Jiguamiandó, Chageradó, Turriquitado y Río Murindó, de los municipios de Carmen del Darién y Murindó, que se encuentran localizadas en el bajo y medio Atrato Chocoano-Antioqueño. El desplazamiento de las comunidades indígenas ha sido ocasionado por la constante militarización de las zonas donde la empresa  realiza sus actividades, lo que ha vulnerado los sitios sagrados del pueblo Embera y ha puesto en situación de riesgo a las comunidades que se oponen a la profanación de sus territorios.

La hacienda Las Pavas: Esta hacienda, ubicada en la Depresión Mompoxina al norte del país, es objeto de una férrea disputa entre más de un centenar de familias campesinas que ocupan el territorio hace varias décadas, y los empresarios palmicultores que esgrimen títulos de propiedad validados por la policía. Las y los campesinos han sido desalojados al menos cinco veces con la combinación de procedimientos legales e ilegales, y con la participación de civiles encapuchados
respaldados por la policía que han llegado a quemar las viviendas de los pobladores obligándolos a desplazarse.

La explotación petrolera de la transnacional REPSOL: empresa que ha sido relacionada en crímenes de lesa humanidad al financiar compañías mercenarias y financiar unidades militares relacionadas con la violación de los derechos humanos, entre ellas la Brigada XVII del ejército nacional. Es importante destacar que en el campo “Capachos” donde Repsol desarrolla sus actividades después de 2005, aumentó la presencia paramilitar en la zona justo después de la iniciación de labores de extracción petrolífera. No obstante, la violencia desarrollada por estos grupos ha golpeado exclusivamente a la población civil sin afectar a la empresa.

La explotación minera de la Anglo Gold: El investigador Jorge Molano reveló que en la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado concesiones en 336 municipios, en cada uno de ellos hay una permanente presencia paramilitar o sus antecedentes; en el 99,9% de estos lugares se han presentado desplazamientos forzados, que en total sumarían al menos seiscientas mil personas (601.110 hasta agosto de 2008). Adicionalmente, en el 70% de los municipios donde tiene intereses la Kedahda, se han registrado casos de tortura y
 ejecuciones extrajudiciales.

Esta y otras situaciones de orden estructural son las que se expresan en el actual Plan Nacional de Desarrollo, y las que se busca enfrentar desde la Campaña contra el Despojo, a través de la  la información, la educación y la visibilización de las diferentes manifestaciones, propósitos y dinámicas del despojo, apostándole desde aquí a construir un proyecto de nuevo país desde la soberanía popular y nacional; priorizando la lucha contra las industrias extractivas y la recuperación de la tierra y el territorio para las comunidades rurales y urbanas despojadas o amenazadas.
 

¡ Con el pueblo ando y mandatando vamos haciendo legislación para una nueva Nación !

Caminemos juntos hacia el congreso y levantemos las consignas

¡ Tierra para la gente, territorio para la vida!

¡ Cosechando con esfuerzo, soberanía y dignidad, el país que queremos caminar !