Ministros de Minas y Ambiente anuncian creación de reservas mineras y más exigencias a carboneras.

Para evitar que la naturaleza termine atropellada por la locomotora de la minería , los recién nombrados ministros de Ambiente, Frank Pearl , y de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas , llevan ya más de una docena de reuniones para establecer unas prioridades de trabajo, con el fin de crear el "nuevo modelo para el desarrollo sostenible tipo exportación" que les pidió el presidente Juan Manuel Santos. De esos cónclaves -en los que han participado el secretario general de Presidencia, Federico Rengifo ; la alta consejera presidencial Catalina Crane y los directores del Inco y de la nueva Agencia Nacional de Licencias- ya salieron las primeras decisiones, que afectan a las carboneras que contaminan y a los acaparadores de títulos mineros.

Cárdenas y Pearl les revelaron a un grupo de periodistas de EL TIEMPO y a Martín von Hildebrand -ganador del ’Premio Nobel Alternativo’ por su trabajo en pro de las comunidades indígenas de la Amazonia- varias de las medidas que anunciarán en los próximos días. También hablaron de la decisión de no permitir la explotación petrolera en San Andrés y Providencia, del interés de Venezuela por el Oleoducto de Occidente y del cabildeo que ex funcionarios de la administración Uribe están haciendo a nombre de empresas mineroenergéticas , sector que este año le inyectaría al país más de 10.000 millones de dólares.

¿Qué busca el presidente Santos al poner a trabajar en sociedad a dos ministros que están en orillas tan diferentes?

Mauricio Cárdenas (MC): Cada uno tiene sus responsabilidades, pero la idea es encontrar un punto intermedio, con pragmatismo y sin mucha ideología. En estos sectores hay intereses, transparentes y ocultos. Tenemos que blindarnos frente a los intereses particulares y defender el interés público. Lo que más le conviene al país es un equilibrio entre preservar nuestra diversidad, que nos va a servir mucho en el futuro, y buscar oportunidades de desarrollo económico presente.

Frank Pearl (FP): Diferencias siempre va a haber, pero lo que vamos a buscar es tomar decisiones con criterios objetivos, por el interés común del país, no guiados por percepciones u opiniones.

¿Qué prioridades han establecido?

FP: Hay temas urgentes por resolver y en eso ya está un equipo de la Presidencia de la República, integrado de tal manera que se pueden evaluar los temas desde todos los ángulos.

MC: Ya trabajamos juntos la exploración de petróleo en San Andrés y se acordó que fuera una zona protegida. Ahí hay argumentos del lado ambiental y de la comunidad, que tengo que aceptar y que ya comuniqué a Ecopetrol y Repsol, las compañías que tenían la expectativa de explorar allá. Las empresas entendieron y respetan la decisión del Presidente. No puedo decir que no va a haber explotación de por vida, pero en este momento está en el congelador. Si mañana Nicaragua encuentra gas en la zona, tendremos que valorar nuevamente la situación.

¿Cuál de ustedes va a ’darse la pela’ de cancelarles los títulos mineros -otorgados por Ingeominas- en parques y páramos a multinacionales y particulares?

FP: A veces en el Gobierno generamos esos cuellos de botella, porque cuando se otorga el título minero no se analiza la probabilidad de obtener la licencia ambiental, lo cual puede generar una falsa expectativa para el inversionista. Estamos dispuestos a revisar esos casos.

MC: Es cierto que hay muchos títulos en zonas donde probablemente las condiciones ambientales no justifican iniciar una explotación. Debemos tener reglas claras. Hay más de 9.500 títulos adjudicados que esperan licenciamiento (ambiental) y que ya tienen copadas las zonas donde supuestamente se puede desarrollar la minería. Lo primero que vamos a hacer, por seguridad nacional, es declarar como zonas de reserva las que tengan alto potencial minero. Estas no se van a adjudicar, como pasa ahora, al primero que aparezca y presente su cédula. Se harán unas rondas para ver cuáles son las empresas más serias, con solidez económica, que ofrezcan las mejores condiciones para explorar esas zonas. Es impresionante la cantidad de solicitudes de títulos en Vaupés y Guainía, por ejemplo.

Adjudicarlos ahora sería el desastre. Si se adjudican, a compañías serias, tiene que ser después de consultar a las comunidades. Esto significa que unas 5.000 de las 9.500 solicitudes que hay ahora perderían todo sustento. A los que están haciendo fila les decimos: ’Lo lamentamos, pero se cancela la función’.

¿Están de acuerdo con la propuesta de que el título minero se caiga automáticamente cuando no prospere la licencia ambiental?

MC: No. Hay muchas razones por las que se puede rechazar una licencia. Por ejemplo, porque hace falta una información específica. Pero es posible que si luego se tiene esa información y el proyecto se analiza a profundidad y no tiene un impacto ambiental negativo, estemos dejando de hacer algo bueno al tumbar el título. Eso se puede hacer si hay mecanismos robustos. En este momento, ser más papistas que el Papa no nos conviene, porque sabemos que en el tema de licencias necesitamos tener mensajes más claros para el sector privado, tener unos procesos previsibles, con los que aún no contamos. Una vez construyamos ese proceso de una manera sólida, que no sea permeable a los intereses particulares, uno puede tomar decisiones. Hoy, sería una equivocación.

¿Cómo piensan enfrentar la minería ilegal, en la que hay presencia de narcos, paramilitares y bandas criminales?

MC: A la minería ilegal hay que darle el mismo tratamiento que al narcotráfico. Es un fenómeno muy similar. ¿Qué pasa cuando la Policía agarra un laboratorio? Lo destruye. La maquinaria incautada la pueden tener separada de esas actividades unos días o semanas, pero no pueden dejar a unos policías cuidándola indefinidamente. Entonces, en lo que hay que pensar es en algo que cuesta trabajo, que duele, pero es la única fórmula: destruirla. Muchas de estas mafias narcotraficantes, bacrim y guerrillas están utilizando la minería ilegal para financiarse.

FP: Hay otra rama de la minería ilegal que también le hace mucho daño al medio ambiente: la artesanal. La idea con los mineros artesanales es que ganen escala y puedan proteger el ambiente, formalizarlos. Es una tarea monumental.

¿Qué va a pasar con las empresas del sector energético que estén haciendo pagos a los grupos al margen de la ley?

MC: Se irán del país. Colombia ya aprendió la lección de las empresas que piensan que van a ganar protección, pero lo que están haciendo es sembrar la semilla de una situación inviable e inestable.

¿Ya se desechó la idea de hacer un remapeo de los páramos y parques naturales para correr sus linderos, en beneficio de la explotación minera?

FP: No hemos desechado la idea. Estamos trabajando, hasta el 31 de diciembre, en un mapa de lo que se llama la estructura ecológica principal. Pero todavía no lo tenemos a la escala que lo necesitamos.

¿Cuál de los dos va a empezar a exigirles a las carboneras que cumplan los estándares técnicos para el manejo del mineral en la costa Caribe? Hay unos plazos perentorios que están a punto de vencerse...

FP: Hay unas acciones conjuntas del Gobierno, que se anunciarán cuando el tema esté listo, pero hay una línea clara para las empresas: los estándares subirán.

MC: Estamos en eso. Parte del problema es la falta de coordinación entre ellos, que no pueden pensar que el Gobierno tiene que fungir de árbitro. Tenemos a los grandes jugadores mundiales y ellos saben cuáles son los mejores estándares y tienen la tecnología. Nosotros tenemos que exigirles que los apliquen acá.

¿Sigue adelante la idea del Oleoducto del Pacífico, a pesar de su impacto ambiental en las tres cordilleras?

MC: Es un proyecto muy importante. Si ustedes ven el mapa de oleoductos, todos convergen en Coveñas (Sucre). Eso genera una gran vulnerabilidad. Por muchas razones, entre ellas seguridad y redundancia, tenemos que buscar una salida al Pacífico. Otra razón de mucho peso es ahorrarnos los costos del transporte por el Canal de Panamá para abastecer los mercados asiáticos. Entonces, la idea del Oleoducto del Pacífico es muy buena. No estamos empezando de cero. Tenemos un oleoducto pequeño, de Orito (Putumayo) a Tumaco (Nariño), que moviliza 50.000 barriles y va a pasar a 85.000. Se está pensando en ampliar la capacidad y construir un oleoducto que lleve el crudo desde Apiay (Meta) hasta Putumayo, sobre todo si vamos en camino de ser un país de millón y medio de barriles diarios en el 2015.

En ese orden de ideas, creo que ya nadie está pensando en atravesar las tres cordilleras. El canciller Maduro y varios ministros venezolanos están interesadísimos en el oleoducto, para conectarlo con la producción de la franja del Orinoco y darle salida hacia China a una parte importante de su producción. Nos lo plantearon y quieren que lo hagamos conjuntamente. Firmamos una intención para crear una empresa binacional que haga los estudios. El proyecto podría estar terminado en el 2020. El argumento para sepultar el proyecto hotelero en el parque Tayrona fue la participación de dos personas cercanas al presidente Santos, como también hay un familiar del mandatario en la Gran Colombia Gold.

¿Se va a aplicar el mismo rasero en los proyectos de esa empresa?

FP: Solo me voy a referir al Tayrona, porque el otro caso no me compete. Allí nunca hubo un conflicto de interés por parte del ex vicepresidente Santos ni de Felipe Santos. Francisco Santos actuó como vicepresidente, buscando inversión extranjera, y eso fue muy importante. Una vez salió (del cargo), nunca volvió a tener un contacto con esa idea ni con los inversionistas. Felipe Santos, por su parte, tuvo unas conversaciones en calidad de empresario, legítimamente. Cuando supo que su hermano Juan Manuel iba a ser candidato a la Presidencia, dijo: ’Yo no quiero tener nada que ver’. Sin embargo, para proteger a estas dos personas y para cortar por lo sano, el Presidente dijo: ’Aquí la línea es clara: Este proyecto no tiene el beneplácito del Gobierno’.

¿Cómo controlar las regiones alejadas?

FP: Ahí tenemos una dificultad enorme. El Ministerio de Ambiente está diseñado para ser rector de política, pero no tenemos responsabilidad de ejecución. En el otorgamiento de las licencias están las CAR. Hay 33 que manejan 1,4 billones de pesos, con unos presupuestos muy dispares: hay unas que manejan 250.000 millones de pesos y otras que manejan 2.500 millones. Si se miran las necesidades de las regiones y el presupuesto, no guardan ninguna relación. Eso lo estamos revisando. Tenemos que contar con la disposición y la capacidad de todos los grupos de interés para fortalecer el sistema, porque lo que está pasando no está bien. Tenemos un proyecto de ley, nos hemos reunido con ellos... Estamos, incluso, considerando la posibilidad de crear un cuerpo de policía ambiental.

Ministro Pearl, ¿se va a declarar impedido cuando alguno de sus ex compañeros en el gobierno Uribe, que están metidos en temas mineros y de explotación, gestionen licencias ambientales?

FP: Esas personas, como cualquiera otra que representa intereses particulares, no pueden tener ningún impedimento legal para ejercer las funciones que ejercen, de representantes legales, haciendo lobby... No estamos para hacerle favores a nadie. Somos un ministerio con las puertas abiertas y hablamos con todos los grupos de interés, con los indígenas, las ONG, el sector privado... Pero tener las puertas abiertas no significa entregar la casa. En el momento en que no haya intereses legítimos, seremos los primeros en poner la talanquera.

MC: Lo que hay que decirles a esas compañías es que contraten menos asesores ’estrato 7’ e inviertan más en las comunidades. La excepcional Amazonia y la relación con los indígenas

¿Qué va a pasar con la Amazonia?

FP: Es distinta por todo. Si le aplicamos las mismas soluciones que queremos en todo el país, nos vamos a equivocar de forma grave. Allí está el 20 por ciento de las reservas del agua del mundo; hay que entender su dimensión. La debilidad de las instituciones en el Amazonas, en comparación con el resto de Colombia, es enorme.

Permitir ciertas actividades con una institucionalidad tan débil es correr riesgos innecesarios. Tenemos una iniciativa para repensar a largo plazo qué hacer en esos territorios.

¿Cómo se va a manejar el tema indígena, las diferentes cosmovisiones?

FP: Cuando se escuchan las palabras ’comunidades indígenas’, se piensa que todos ellos son conservacionistas. Y eso no necesariamente es cierto. Se necesita un cambio en la relación con ellos, que hoy es utilitarista.

Este gobierno tiene el total compromiso de respetar la cultura, los ancestros, y no tomar decisiones a espaldas de ellos. En el caso del Tayrona, no había obligación de consulta previa. Sin embargo, la decisión es que siempre vamos a hacerla.