El Mercado de Emisiones de Carbono ha aparecido en Colombia como un nuevo mercado que permite la financiación de megaproyectos agroindustriales y energéticos por parte de capital extranjero y nacional, el lavado de imagen de empresas que han sido responsables con su actividad industrial del calentamiento global y la legalización del despojo realizado por estructuras paramilitares durante los últimos 20 años.

La mercantilización de la naturaleza, los bosques y reservas forestales a la vez ha generado nuevas presiones sobre comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, resultando en nuevos desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y la militarización de la vida civil.

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En 1997, la firma del Protocolo de Kyoto fue testigo de cómo 38 países industrializados se comprometían a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2012 en una media de 5,2 por ciento con respecto a los niveles de 1990. El marco legal no atacaba las causas estructurales del fenómeno del calentamiento global,  sino que permitía crear un nuevo mercado como el de las emisiones de CO2, y legitimaban nuevas intervenciones alrededor del mundo por parte de empresas  multinacionales, ejércitos extranjeros1, bancos y agencias multilaterales. Para las grandes empresas, el discurso de ser una empresa CO2 neutral o verde a la vez  constituía una excelente estrategia para venderse a sus consumidores.

El comercio de emisiones en el marco del Protocolo de Kyoto se presenta en dos grandes formatos: el sistema de ‘tope y trueque’ (cap and trade) y el sistema de  ‘compensaciones’. El sistema conocido como ‘tope y trueque’ es un mecanismo que permite a Gobiernos u organismos intergubernamentales como la Comisión Europea distribuir licencias para contaminar (o ‘permisos de emisión’) entre las grandes industrias de los países que han firmado el Protocolo de Kyoto.2 En lugar de cambiar su comportamiento, una empresa que contamina por encima de su “tope” puede negociar estos permisos con otras empresas que contaminan por debajo de su “tope”. En el  marco de este mecanismo se estableció también la posibilidad de implementar proyectos de reducción de emisiones localizados en un país Anexo I que pueden ser usadas  para el cumplimiento en el sistema de “canje” y “tope”. (...)

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Por : Moritz Tenthoff- Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria “COSPACC”, Colombia. Agosto 2011.