28 de febrero de 2017

1- Preludio desesperado ante el negacionismo

Cuando se habla del copamiento de “grupos al margen de la ley” de las zonas donde tenía presencia de las FARC-EP, se señala no solamente la acción de organizaciones insurgentes, sino también de agrupaciones a las que refieren con franquicias como “Águilas Negras” a las que se les vincula directamente con el narcotráfico, ocultándose de forma abierta o velada su estirpe paramilitar.

Tal suerte de negacionismo tiene efectos actuales y futuros en las comunidades, en los indígenas y campesinos que deben hoy y deberán afrontar mañana, la militarización de sus territorios, bien a través de fuerzas estatales, o paramilitares, repitiendo la misma historia de terror y zozobra que en el pasado dejó desplazamiento, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, entre otros crímenes considerados como de Lesa Humanidad.

Una historia, presente, que habla del paramilitarismo como “hijo legítimo” del terrorismo de Estado, por lo que no deja de preocupar que tras los acuerdos de La Habana, el establecimiento reasuma sus más violentas y cruentas formas de presencia en las comunidades; ofreciendo nuevas muestras de la abismal diferencia entre la paz - pacificación de quienes ostentan el poder, y la paz que reclamamos los excluidos de este país.

Observamos la clara implementación de una Doctrina Militar maquillada bajo el eufemismo de la presencia institucional del Estado; que no llega a los territorios a garantizar la efectividad de los derechos que reconoce desde lo formal pero que incumple sistemáticamente, sino que pretende ocupar militarmente territorios con el fin de garantizar la presencia de multinacionales o la implementación de megaproyectos.

La realidad de estas comunidades fue documentada por organizaciones sociales y de derechos humanos en la reciente Misión de verificación al Catatumbo, de la cual formó parte el Equipo Jurídico Pueblos, que además hemos complementado a través de otras fuentes y denuncias recibidas de quienes hoy viven el temor latente por esta avanzada violenta de la Institucionalidad y para-institucionalidad. A continuación, como constancia histórica, dejamos sentadas las voces desesperadas y angustiosas de quienes se encuentran ad-portas de una nueva catástrofe social.

2- Crónica de una historia que se repite

El 9 de febrero de 2017, en la Vereda Las Timbas del municipio de Tibú, en el trayecto entre La Gabarra - Cooperativa,  varios campesinos observaron a dos hombres que portaban armas de largo alcance tipo fusil, pantalón camuflado, bota militar y camisas negras, además uno de ellos portaba un correa con una hebilla que decía “contraguerrilla”. De inmediato los campesinos avisan al resto de la comunidad decidiendo regresar donde estaban los hombres armados encontrándose en esta ocasión a tres quienes después de ser increpados se identificaron como paramilitares de las Águilas Negras.

El viernes 10 de febrero, cerca de las seis de las mañana, un campesino de la vereda Caño Ramón del municipio de Teorama fue interceptado por dos sujetos armados que se identificaron como paramilitares de las Águilas Negras. Los hombres eran de apariencia joven, vestían sudadera negra, bota militar, camiseta verde y portaban arma corta; después de obligarlo a llevarlos a una  toma de agua, le muestran un mapa expresando que  llegarán a La Nevera y la Cooperativa, sentenciando que asumirán el control de la región y que la persona que no trabaje con ellos “se muere o se va de la región”; finalmente dan a conocer el nombre de un campesino que será asesinado en caso ser aprehendido por ellos.

El avistamiento paramilitar sucede en el marco del traslado de los combatientes de Farc-Ep a la zona de concentración de Caño Indio y en medio de una excesiva militarización de la zona.  El lunes 13 de febrero de 2017, más de 200 soldados se instalaron en un reconocido predio de la vereda Caño Tomás del municipio de Teorema. Lo anterior concuerda con el anuncio del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas de aumentar el número de efectivos de la fuerza pública hasta en 8500 hombres y 200 policías más, incrementándose así, la presencia militar en esta región fronteriza de Colombia.

Desde que ocurrieron los primeros hechos se inició el desplazamiento forzado de familias campesinas ante el temor por el accionar militar – paramilitar. Inicialmente familias de las veredas Las Timbas, Caño Mariela, Bellavista y Caño Tomás se desplazan hacia la Cooperativa, corregimiento de Convención. El sábado 11 de febrero se desplazaron forzadamente las comunidades campesinas de la parte baja de la Zona de Tibú, Teorama y Convención, más concretamente las veredas la Pista, Santa Isabel, La Paz y Brisas. En este momento un grupo de familias campesinas se encuentran en condición de refugiadas en el sector del Estanquillo, Consejo Comunal Simón Bolívar ubicado territorio de la República Bolivariana de Venezuela; y otro grupo de familias están en calidad de desplazados forzados en las veredas La Cooperativa y el Caney.

Las comunidades han expresado su preocupación por la presencia militar - paramilitar por cuanto en años anteriores sufrieron el accionar sistemático del paramilitarismo con la aquiescencia de la Fuerza Pública produciendo masacres, torturas, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado en la región de La Gabarra y en general en toda la región del Catatumbo.

Las comunidades campesinas consideran que no existen las garantías necesarias que permita la protección de su vida e integridad personal aclarando que los problemas ocasionados por el abandono del Estado no se solucionan con el incremento del pie de fuerza, sino por el respeto de la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas de la región.