La propuesta de “refundar la patria” que nació en 2001 ¹ coincide en sus puntos fundamentales con el proyecto “hacia un Estado comunitario” impulsado por el entonces candidato y actual presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez. Ambas ideas germinaron de un acuerdo político entre gremios económicos nacionales y extranjeros, grandes medios de comunicación como el diario El Tiempo, los grupos de autodefensa, financiados esencialmente por el narcotráfico, y la clase política tradicional, con la anuencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue la respuesta a la supuesta ausencia del Estado (respuesta dada por quienes precisamente eran el Estado) y al proceso de paz con la guerrilla de las FARC que adelantaba la administración Pastrana (1998-2002). Este pacto reviste un carácter autoritario pues está impulsado por quienes habían financiado y ejecutado la labor de exterminio en los campos y, de paso, esperaban ser eximidos de cualquier imputación penal pues se trataba de “salvar la patria del comunismo”. Los actos y reuniones sociales con ocasión de la candidatura presidencial dan cuenta de ello. El candidato Uribe rindió homenaje, entre otros, al general cómplice del paramilitarismo Rito Alejo del Río ². Más tarde, el primer Fiscal del período Uribe, Luis Camilo Osorio, actualmente es investigado por presuntos vínculos con paramilitares, mostró una inusitada indulgencia frente al accionar del paramilitarismo. Con esto se pretendía legitimar dicha acción y mostrarla como el mecanismo a través del cual se contuvo la actividad insurgente y se pudo, como lo indicó recientemente el presidente, “salvar al país de la toma del poder por parte de las FARC”.

La expansión del proyecto paramilitar

La existencia de esta clase de agrupaciones no es nueva en nuestro medio. La conformación, auspiciada por el Estado, de grupos asociados al mismo para confrontar al campesinado, suprimir fuerzas políticas de oposición y favorecer el latifundio tuvo su terrible auge a medidos del siglo veinte, durante la llamada época de “La violencia” ³ . El esquema se reactiva desde los años ochenta, cuando por alianza entre terratenientes, narcotraficantes y fuerzas armadas regulares (con conocimiento del estado), nuevos grupos se conforman. Desde mediados de los noventa, el poder local fue pasando a manos de estos sectores; la vida política e incluso la prestación de servicios sociales eran controladas por ellos. ⁴ Así lo indica el informe de la Corporación Regional para los Derechos Humanos (Credhos, 2002): “La estrategia paramilitar es un medio funcional a los fines políticos y económicos del Estado y de sectores importantes de la clase dominante. No es casual que las regiones de Urabá y el Magdalena Medio hayan sido seleccionadas por el Estado como zonas de planeación y desarrollo estratégico desde hace 30 años […] - 1. Fase de aniquilamiento y destrucción del tejido social y democrático de la población civil. […] En este periodo se incrementan las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y de los mínimos humanitarios. En esta fase el paramilitarismo sienta las bases para ejercer el control y neutralización de la población y de las organizaciones civiles. - 2. Fase de control social. A partir de esta etapa los grupos paramilitares actúan como una organización complementaria o sustitutiva de las fuerzas de seguridad. […] Restringen libertades, dan el visto bueno a candidaturas, e imponen a la comunidad por quién votar […] Consolidan economías ilegales y establecen tarifas impositivas. - 3. Fase de reorganización social. […] aparecen como las nuevas orientadoras, comunicándole a la población civil cómo deben ser las cosas. - 4. Fase de legalización y legitimación”.⁵ La última fase fue la “toma del poder” presidencial y legislativo por estos grupos tras su injerencia en el proceso electoral de 2002, mediante diversas estrategias: intimidación, intensa publicidad en favor del candidato afín al proyecto y manipulación de los registros electorales. Las amenazas fueron ejercidas por grupos armados sobre candidatos opuestos al proyecto paramilitar y sobre los votantes en amplios sectores del país. Las investigaciones relativas a las votaciones de 2002, sobre las que se han fundado las decisiones de la Corte Suprema, demuestran cómo en las zonas de presencia paramilitar la votación por los candidatos avalados fue superior al 90%. Gracias a un apoyo publicitario y mediático de grandes proporciones, el candidato presidencial Uribe cobró amplia popularidad en diferentes sectores sociales. Uribe, opuesto a los diálogos de paz, retomó en Colombia el discurso bushiano de la “guerra contra el terrorismo” y propuso aniquilar la guerrilla en un plazo de 18 meses y “recobrar la autoridad” para, entre otras cosas, “poder salir por las carreteras”. Personas que luego fueron colaboradores cercanos del presidente, como el hoy preso exjefe de la policía secreta Jorge Noguera, orquestaron sofisticados procedimientos de fraude electoral. Se obtenían ilegalmente listas de votantes, se presionaba a los jurados de escrutinio para alterar los resultados, como se comprobó a posteriori, de las elecciones legislativas de 2002.

Fisuras en el núcleo del proyecto

El actual debate evidencia una fisura en el acuerdo pues deja entrever que las Altas Cortes no lo avalaron (por lo menos es evidente que la Corte Suprema de Justicia no lo hizo). Esta piedra en el zapato ha generado acusaciones mutuas entre los miembros de la coalición y los ha hecho buscar salidas jurídicas para eludir sus responsabilidades y mantener el pacto indemne. La ley de Justicia y Paz, concebida para indultar a paramilitares armados, no cobija a los financiadores y promotores del modelo, entre quienes están los senadores y representantes en la cárcel. Una salida sería la sustitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han seguido estos procesos por personas proclives a la exoneración de los sindicados e implicados. Otra alternativa, presentada por el propio gobierno, fue la de someter a los armados y a sus auxiliadores a una nueva ley de amnistía o punto final. Se considerarían estos delitos como “políticos”, al estilo de la rebelión y la sedición contra el estado, algo bastante paradójico. Por su parte, los representantes de los sectores oligárquicos tradicionales (como la familia Santos, propietaria del diario El Tiempo) han pretendido eludir su responsabilidad, distanciándose de los políticos que hicieron el trabajo sucio y enfrentándose a ellos.

Los pilares del Estado comunitario

El modelo autoritario que se impulsa puede resumirse en las siguientes tesis básicas que suponen la concentración del poder, la degradación de las condiciones de vida y la restricción de las libertades individuales y públicas. - Tesis uno. El Estado comunitario es un ataque frontal al Estado social de derecho. Este proyecto irrespeta normas y tratados internacionales de derechos humanos bajo la lógica de la guerra. La bandera del gobierno Uribe y el punto de partida hacia el Estado comunitario es la “Seguridad democrática”. Esta recoge ideas propias de la guerra fría como la “Seguridad nacional” (retomada explícitamente por algunos militares) y planteamientos generales del proyecto de “refundar la patria”. El derecho internacional humanitario y otros mecanismos de humanización del conflicto y de protección a civiles son vistos como cortapisas que dificultan la “guerra contra el terrorismo”. Así lo creen el presidente, varios de sus ministros y miembros de las fuerzas militares. Se ha reducido el control civil sobre la policía y el ejército, al que se le asignaron funciones judiciales. Asimismo, se involucra directamente a los civiles en acciones militares con la creación de redes de informantes y grupos de ‘soldados campesinos’, y con la afirmación, peligrosa por su vaguedad, de que los “terroristas” se infiltran o mimetizan entre la población. En otro ámbito, las reglamentaciones adoptadas por el gobierno degradan las condiciones laborales a nombre de la competitividad, debilitan al sindicalismo y dejan la educación, la salud y la prestación de los servicios públicos esenciales en manos del sector privado. Se entiende lo social como una dádiva pero nunca como un derecho ciudadano ni como un compromiso del Estado, pese a los principios de equidad y de universalidad plasmados en la constitución política de 1991. En fin, a todos los niveles administrativos, el Ejecutivo ha copado la actividad legislativa y judicial mediante sus mayorías parlamentarias e influyendo directa e indirectamente sobre parlamentarios opositores o no gobiernistas, funcionarios de carrera y miembros del poder judicial. El gobierno también ha intervenido en los organismos de control del estado, tales como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Comisión de televisión e incluso la Corte constitucional, para lograr sus decisiones le sean favorables. - Tesis dos. El Estado comunitario somete al país al neoliberalismo. El modelo neoliberal se ha aplicado en Colombia desde principios de la década de 1990. Aunque sostenga lo contrario, el gobierno actual ha acelerado y profundizado esta política, dócilmente sometido a los dictados del FMI, del Banco mundial y del estado norteamericano. Tras fracasar el ALCA (Acuerdo de libre comercio de las Américas) defendido por Bush, el gobierno colombiano insiste en suscribir un tratado bilateral de libre comercio o TLC con Estados Unidos en condiciones desfavorables y bajo presión del país del norte, lo que prueba la sumisión presidencial y de las clases dirigentes y crea un ambiente digno de la doctrina Monroe, en pleno siglo XXI. Frente a esto, ha indicado el senador Jorge Robledo: “No es casual, entonces, que uno de los signos de la etapa que se acentuará con el TLC sea la destrucción o el debilitamiento de las organizaciones sindicales, pues son estas las que, al reemplazar la contratación individual por la colectiva, permiten que los asalariados mejoren sus condiciones laborales. El sacrificio de las condiciones laborales también genera baja de la producción y aumenta el desempleo, pues la menor capacidad de compra de los trabajadores reduce las ventas de quienes producen para el mercado interno, donde se localiza y localizará la parte principal de los compradores de la producción nacional. En conclusión, el mayor desempleo, el empeoramiento de las condiciones laborales de quienes no quedan cesantes y el rebusque del trabajo informal es lo que les espera a los trabajadores colombianos en el TLC con Estados Unidos”. (Publicado en el diario La Patria, de Manizales, el 30 de agosto de 2004) El neoliberalismo se refleja también en el aumento de impuestos a las clases medias y bajas y en el desmantelamiento del estado para reducir el déficit monetario. En cambio, los dividendos de grandes grupos económicos e inversionistas extranjeros gozan de exenciones tributarias cada vez mayores, sin suficiente contraprestación: no se observan mejoras en la calidad de vida, mientras los recursos naturales, los servicios públicos y de alta importancia estratégica terminan bajo control del inversionista. Nada más alejado de la redistribución equitativa del ingreso. El Estado comunitario se deshace de todo servicio a su cargo si no es “rentable” y busca convertirse en simple regulador, por cierto bastante débil. Estos servicios quedan enteramente sometidos al mercado e incluso terminan siendo monopolios privados, sin que exista la tan publicitada libre competencia y generando aumentos de precios: pasan de ser un derecho a ser considerados una mercancía, aunque las leyes expedidas en tal sentido pretendan negarlo. - Tesis tres. El Estado comunitario somete al país al intervencionismo norteamericano. En el plano diplomático, el gobierno Uribe sobresale por su genuflexión ante la Casa Blanca. El ejemplo patente es el llamado Plan Colombia, aplicado desde el año 2000 para erradicar la producción de narcóticos mediante la represión, sin mayor interés por el desarrollo social. El plan fue reorientado por Uribe y Bush hacia el combate a la guerrilla de las FARC, convirtiéndose en un intervencionismo armado de fondo político e ideológico, como durante la guerra fría. El dinero invertido asciende a 7500 millones de dólares, sin que la producción de cocaína haya disminuido (de todas formas, los países desarrollados, grandes consumidores, poco han hecho para prevenir el consumo). En cambio, la fumigación aérea con defoliante ha producido daños ecológicos y roces diplomáticos con países vecinos como Ecuador. Colombia fue el único estado suramericano en respaldar la invasión a Irak, aunque no envió hombres. Bogotá adopta una postura ambigua ante el gobierno venezolano: funcionarios de nivel medio y ministros se inmiscuyen en la política interna de Venezuela o hacen eco de declaraciones antichavistas, los servicios secretos venezolanos denuncian periódicamente incursiones de paramilitares colombianos, el gobierno colombiano protege al golpista venezolano Pedro Carmona y, entre tanto, el presidente Uribe sostiene que las relaciones entre ambos estados son cordiales. Colombia es hoy el estado más proestadounidense del continente suramericano y, con excepciones contadas, le ha dado la espalda a todo proyecto de integración latinoamericana distinto al ALCA. El gobierno Uribe también ha autorizado la inmunidad de las tropas estadounidenses en caso de cometer crímenes en territorio colombiano. La mayoría demócrata elegida al Congreso norteamericano en 2007 ha emitido cuestionamientos serios sobre el texto y el trasfondo del TLC y sobre la penetración del poder paramilitar y mafioso en la administración del estado. En función de este nuevo espectro político, Bogotá deberá matizar algunas de sus posiciones. - Tesis cuatro. El Estado comunitario coarta la oposición política democrática y criminaliza la protesta pacífica. Para el Estado comunitario, los conflictos sociales no existen, son un invento de ciertos gremios “contrarios al progreso del país” y de un sector de la oposición. Toda forma de protesta es abiertamente criminalizada. El conflicto armado tampoco existe, como se afirma a través de embajadas y consulados. El supuesto consenso entorno del presidente da pie al unanimismo que es peligroso cuestionar. Las manifestaciones de trabajadores públicos y privados contra las reformas que degradan las condiciones laborales o contra el cierre de empresas son duramente reprimidas por la policía. Lo mismo sucede ante las protestas contra las decisiones macroeconómicas. Tras una manifestación en contra del TLC en Cartagena de Indias en 2004, el Presidente sólo atinó a decir con facilidad pasmosa que quienes habían promovido la marcha “querían destruir la ciudad histórica”. Indígenas y campesinos que reclaman mejores condiciones de vida, respeto a sus tradiciones y no ser envueltos en el conflicto armado son también duramente atacados. Es el caso, por ejemplo, de las etnias Guambianos, Paeces, Kankuamos y Katíos y de la comunidad de paz del norteño poblado de San José de Apartadó. Esta violencia mortífera es ejercida por la policía antidisturbios, el ejército y comandos paramilitares. Los políticos opositores, como el senador de izquierda Gustavo Petro, férreo crítico de Uribe, son espiados y sometidos a amenazas y seguimientos ilegales o son objeto de calumnias y difamaciones ⁶, salvo si han sido creadas por cómplices del paramilitarismo. - Tesis Cinco. El estado comunitario desconoce los mecanismos institucionales de deliberación y ejecución y pretende ignorar el ordenamiento legal vigente. El Estado Comunitario adopta mecanismos extrainstitucionales para ejercer el poder. Los actos de gobierno más emblemáticos son los “Consejos comunales” quincenales o semanales: el presidente se traslada a un pueblo y toma decisiones in situ reuniéndose con lugareños (previamente seleccionados) y con funcionarios que supuestamente pueden resolver sus problemas. Las pantallas muestran un dinamismo y una inmediatez impactantes. En realidad, es un ejercicio demagógico que asfixia al gobierno local y colapsa los mecanismos legales de gestión y ejecución, impone prioridades artificiales, no alivia las desigualdades sociales y con frecuencia no materializa sus promesas ⁷. Sin embargo, estos actos son presentados y percibidos como la prueba reina de una gestión eficaz, de un contacto directo con el pueblo y de una actitud incansable de trabajo. El Ejecutivo además busca centralizar la actividad legislativa y judicial a todo nivel. Modifica las leyes e inclusive las normas constitucionales en aras de beneficiar al gobierno, a su coalición y a quienes respaldan el proyecto. De un sinnúmero de casos, el más notorio es la reelección: primero, se “compró ” ⁸ (pues esta beneficia al ciudadano), el juzgamiento de civiles por militares, el recorte de libertades públicas, las leyes de clemencia e indulto a paramilitares. Por último, detrás del término “comunitario” (propio o relativo a la comunidad) que designa al estado, al gobierno y a los consejos, se esconden sentidos amplios y contradictorios. Se quiere dar a entender que el gobierno ‘es de la comunidad’, ‘trabaja para la comunidad’, ‘es ejercido por la comunidad’ o incluso, y más delicado, ‘es la comunidad’. Así se alimenta una idea de democracia participativa y de representación popular verdadera que no coincide en absoluto con la realidad, pero permite prescindir de las otras instancias de poder decisorio y administrativo. Una típica postura populista ⁹. - Tesis seis. El Estado comunitario promueve readecuar el proyecto paramilitar y darle un matiz de legalidad. Los delitos políticos como la sedición y la rebelión son susceptibles de un tratamiento especial y de una negociación. Se trata de llegar a acuerdos con actores y grupos que buscan derrocar al gobierno en ejercicio para establecer un sistema político diferente. Pero nunca se ha planteado seriamente la alternativa de derrotar judicial ni militarmente al paramilitarismo, puesto que no es contraparte del estado en la práctica. El gobierno Uribe desde el principio entabló negociaciones con el paramilitarismo sin garantizar que sus actividades criminales cesaran, mientras concentraba sus esfuerzos en diezmar a la guerrilla. Uribe descalificó las negociaciones de su antecesor, Pastrana, con la guerrilla de las FARC considerando que hubo excesiva indulgencia con los “bandidos”. No obstante, es aún más flexible y laxo con los paramilitares. Se presenta una imagen positiva de ellos y de sus auxiliadores limpiando sus antecedentes. Se minimiza la gravedad y el impacto de las masacres, los desplazamientos forzados, la adquisición ilegal de tierras, los magnicidios, el narcotráfico, los secuestros y desapariciones forzadas y demás delitos y crímenes que cometieron y siguen ejerciendo sistemática e indiscriminadamente los terroristas de extrema derecha. Recientemente (julio de 2007), la Corte Suprema negó la posibilidad de conceder carácter político a delitos comunes (como el tráfico de drogas) y atroces (como el homicidio agravado), medida que cobija por igual a paramilitares y guerrilla. El presidente reaccionó airadamente acusando a la Corte de “sesgo ideológico” a favor de los grupos armados de izquierda y anunciando la expedición de un nuevo decreto que favorezca a los paramilitares. Mientras tanto, Uribe se niega a instituir un proceso de paz con la guerrilla de las FARC y sigue impidiendo el intercambio humanitario entre personas en poder de esta guerrilla y miembros de ella actualmente encarcelados por delitos políticos. - Tesis siete. El Estado comunitario se inspira en una ideología maniqueísta, ultraconservadora y personalista. Se irriga una visión maniquea de la política, fundada en valores morales y éticos del cristianismo tradicional (católico y evangélico), lo que explica posiciones atrasadas en aspectos como la vida familiar, la vida privada y sexual, la natalidad. La frase emblemática del presidente es “trabajar, trabajar y trabajar”, lo que en principio no parece negativo, pero evidencia una mentalidad según la cual las actividades culturales y de esparcimiento son poco productivas y el trabajo no es un medio para mejorar la calidad de vida sino un fin; el salario justo no es una reivindicación sino una concesión. Los derechos se convierten en regalos. El presidente y otros miembros del gobierno lo suelen expresar en tono condescendiente. Los arquetipos del Estado comunitario son la hacienda ganadera y la familia rural acomodada tradicional. Este modelo reproduce una cultura “feudal” que allí se enquista, de la cual es depositario el mandatario. El patrón siempre tiene la última palabra y es adverso a cualquier disensión o protesta; el padre ejerce una autoridad infalible e irrebatible sobre su mujer y sus hijos: de hecho, el presidente compara el país con una “familia” de la que “debo cuidar”. En consecuencia, todo poder se concentra en él y toda acción deriva de él. Se construye un culto a la personalidad, que para los sectores religiosos que apoyan al mandatario encarna un carácter mesiánico, así designan algunos al presidente: “el Mesías”, “el Salvador”, “El enviado de Dios”. De esta forma se sobreestima el papel presidencial, se minimiza el aporte de otros políticos y de los ciudadanos, se quiere eximir al presidente de control sobre sus actos, se descarta la racionalidad en la gestión gubernamental y se anticipa un pretexto mítico y providencial para una eventual permanencia en el poder.

***** La cercanía entre el proyecto paramilitar y el programa de gobierno de Álvaro Uribe es cada vez más inocultable, en el plano económico, político e ideológico; sus nexos en el ámbito personal y familiar, antes un secreto a voces, se hacen también públicos. La ciudadanía toma conciencia del problema paulatinamente. Sin embargo, tanto el Estado comunitario como la estructura paramilitar conservan un fuerte control sobre la vida del país y no están dispuestos a perderlo. Se requiere pues de acciones a todos los niveles para garantizar el ejercicio democrático del poder, desvincular a los criminales de la administración del estado, juzgarlos proporcionalmente a la gravedad de sus actos, suprimir la violencia como forma de gobierno, reestablecer la convivencia pacífica, respetar la libertad personal y construir una sociedad equitativa.


***MARIO DURAN

Notas

1. Se sabe la fecha (23 de julio de 2001) en virtud de las actuales revelaciones. Al evento asistieron líderes paramilitares y parlamentarios que luego hicieron parte, en su mayoría, de la coalición uribista. El actual ministro del Interior y de Justicia ha querido restarle importancia al hecho y al documento.
2. Actualmente en retiro, es señalado de haber apoyado a grupos paramilitares mientras fue comandante del ejército en el departamento de Antioquia, entre 1995 y 1997.
3. Llamados “Pájaros” o “Chulavitas” (nombre de un poblado del que muchos prevenían), estos comandos estaban ligados al partido Conservador y autorizados por un sector de la iglesia católica. Su trabajo consistía en exterminar a los Liberales. Estos, a su turno, crearon otras milicias, para protegerse y en muchos casos para vengarse. Esta violencia produjo unos 300 000 muertos en quince años.
4. En Magangué, al norte del país, los servicios de salud pública debían tener el visto bueno de Enilce López, apodada La Gata y bajo investigación penal por vínculos con paramilitares y narcotraficantes, quien operaba la concesión del juego de azar o “Chance” (cuyos dividendos financian la salud). Esta empresaria aportó recursos para la campaña de Uribe en 2002.
5. En: Piccoli, Guido. El sistema del pájaro, ILSA, Bogotá, D. C. 2005, Pp. 122-123.
6. Así le sucedió al senador Pardo Rueda, pese a ser miembro de la aristocracia bogotana cercana al gobierno, cuando entró en contradicción con el presidente por causa de la reelección y del indulto a los paramilitares.]]. Las ONG de derechos humanos y de desarrollo alternativo son con frecuencia acusadas por el presidente de ser “cómplices del terrorismo” [[Por ejemplo, entre otros, en el discurso ante los comandantes militares el 8 de septiembre de 2003.
7. Una de estas promesas incumplidas fue la proteger la vida del alcalde del poblado de El Roble, miembro de un partido no gobiernista. Durante el consejo comunal y en directo por televisión, afirmó que paramilitares de la región lo asesinarían. El presidente desestimó la denuncia pero prometió proteger al mandatario local quien, pocas semanas después, fue asesinado.
8. Intercambiando votos favorables por promesas de obras en las provincias.]] a varios parlamentarios para que aprobaran la iniciativa, luego se presionó a la Corte constitucional para que la avalara. Otros ejemplos son la ley de reducción de aportes monetarios estatales a departamentos y municipios, la limitación de la acción de tutela [[Consistente en la posibilidad par aun individuo de apelar una sentencia ante un juez, si considera que esta vulnera sus derechos fundamentales y bajo ciertas condiciones.
9. De la Torre, Cristina. Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia. Ed. La Carreta. Medellín, 2005.