Comunidades campesinas, pueblos afro e indígenas, trabajador@s, mujeres, jóvenes, estudiantes, sectores populares urbanos, defensores de DDHH, ambientalistas, entre otros, nos movilizamos haciendo presencia en varias carreteras y centros urbanos del país, con el objetivo de denunciar la arremetida genocida paramilitar en los territorios en desarrollo de la estrategia contrainsurgente y antipopular, y la doctrina de seguridad nacional que concibe como enemigos internos a los movimientos populares y a la oposición política al régimen. Tal situación, constituye una amenaza estratégica contra el movimiento social y popular, particularmente contra nuestro movimiento social y político Congreso de los Pueblos, razón por la cual nos hemos declarado en Emergencia Humanitaria desde abril del 2019.

En el marco de esta jornada nacional, ejercemos el derecho constitucional a la movilización y la protesta social para ser escuchados y exponer ante el gobierno, en representación del Estado, el siguiente pliego de exigencias y negociación que recoge el sentir de la población colombiana.

1. Cambio de la doctrina de seguridad nacional.

Proscribir la doctrina de seguridad nacional, basada en el enemigo interno, por una doctrina en la que prime el respeto por los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y el enfoque de género. Entre otras cosas, la nueva doctrina militar debe romper con la subordinación a la política de seguridad nacional de los EEUU y las potencias europeas, y renunciar a la calidad de socio global de la OTAN.

2. Desmonte del paramilitarismo.

Para el desmonte de toda forma de paramilitarismo es necesario implementar una serie de acciones concurrentes, coordinadas y ejecutadas con voluntad y decisión política gubernamental. Debe explicitar que el paramilitarismo ha sido y es una política de la oligarquía agenciada por el Estado colombiano.

Para ello exigimos:

a) Reconocimiento público por parte del gobierno de la existencia de una estrategia paramilitar nacional a nivel rural y urbano, orientada a desarrollar un proceso genocida contra el movimiento popular.

b) Suspensión inmediata de toda pretensión de reconocimiento político como tercer actor de las estructuras paramilitares que pretenden diálogos regionales, socio jurídicos o políticos.

c) Desestructurar el componente económico del paramilitarismo.

d) Investigación de los financiadores y determinadores estatales y privados. Rendir informes periódicos públicos sobre los avances y resultados.

e) Remoción y/o destitución de altos y medios mandos de la fuerza pública en donde hay indicios, denuncias o evidencias de connivencia y ausencia de acción efectiva contra el paramilitarismo.f) El presidente de la República debe expedir una orden ministerial que permita desclasificar los archivos de inteligencia de los últimos 50 años, cuya publicación permita identificar a funcionarios, entidades del estado, organismos de inteligencia, militares, políticos y empresarios comprometidos en la conformación, financiación, instrucción y apoyo al paramilitarismo.

g) Acatamiento inmediato de todas las recomendaciones y sentencias de las tres últimas décadas, proferidas por organismos internacionales de derechos humanos contra el Estado colombiano. En especial, aquellas relacionadas con la superación de la impunidad de los crímenes de Estado.

h) El presidente de la república debe dirigir de forma inmediata una comunicación al Fiscal de la Corte Penal Internacional para que reabra el examen preliminar sobre la situación de Colombia.

i) Acatamiento por parte del Estado colombiano de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesión 49, del 17 de junio de 2021.

3. Mecanismos urgentes de protección y autoprotección para la defensa de la vida y la permanencia en los territorios.

Para contrarrestar la amenaza estratégica contra el CDP es necesario desarrollar acciones urgentes que permitan la pervivencia de nuestro movimiento y propuesta política, nuestros liderazgos en todo el país, y el bienestar de nuestras comunidades:

a) Fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección;

b) protección inmediata a líderes amenazados de nuestros procesos sociales a lo largo y ancho del país;

c) crear un mecanismo de investigación, acción y seguimiento, en primera medida, sobre el actuar estatal ante las situaciones de riesgo contra el CDP, y en segunda medida, al cumplimiento del acuerdo de la CACEP frente al “Chat de reacción inmediata”;

d) dotación de medios e infraestructura de comunicaciones;

e) construcción, instalación, adecuación y dotación de refugios y territorios humanitarios en los siguientes lugares: Nordeste antioqueño y Sur de Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Arauca, Cesar, Chocó, Cúcuta, Popayán, Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Ibagué, Bucaramanga.

4. Plan nacional de fortalecimiento del Congreso de los Pueblos.

Defender nuestro movimiento y su propuesta política pasa por el fortalecimiento de nuestra acción política, las capacidades organizativas y administrativas; y en general de nuestras propias formas de actuar en pro de la transformación del país: Fortalecimiento organizativo, consecución de sedes sociales, estrategia de comunicaciones, estrategia de DDHH, proyectos económicos productivos.

5. Plan inicial de reparación integral.

Exigimos el desarrollo de medidas de reparación, simbólicas, políticas y materiales, individuales y colectivas: Reconstrucción de la memoria; reparación integral al movimiento A Luchar; justicia y reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la violación de DDHH e infracciones al DIH; retorno a los territorios, reconstrucción, adecuación y dotación de sedes; adjudicación y titulación de tierras; firma del decreto presidencial de los Territorios Campesinos Agroalimentarios y de la Comisión Mixta de Asuntos Campesinos.

6. Mesa permanente de interlocución y negociación Nacional.

Con el fin de darle seguimiento a los acuerdos a los que lleguemos durante la “Movilización Nacional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios”, exigimos la constitución de una mesa permanente de interlocución y negociación nacional, por medio de decreto presidencial.

7. Garantías de movilización: desplazamientos de las comunidades desde y hacia los territorios, no judicializaciones, no empadronamientos, acompañamiento internacional.

8. Cumplimiento de acuerdos y reactivación de mecanismos de interlocución y negociación en Chocó, Arauca, Cauca, Lizama, Subcomisión de DDHH y la Mesa Única Nacional de la CACEP.