Hace un año se firmó el acuerdo que presuntamente puso fin al conflicto laboral en el pozo Rubiales, en Puerto Gaitán (Meta). La USO acusa ahora a la petrolera de maniobras ilegales y de persecución sindical. ¿El gobierno se prestó a ese doble juego?

Ya nadie habla del paro

“¡Pacific Rubiales es Colombia!” reza el slogan que todas las mañanas nos hemos acostumbrado a oír por La W de Julio Sánchez. Se trata de la segunda compañía petrolera del país, detrás de Ecopetrol.

El primer contacto entre la USO y el grueso de los trabajadores del campo Rubiales se produjo en junio de 2011.

“¿Pacific Rubiales es Colombia?” es la pregunta que se hacen algunos, preocupados por temas como la preservación de la soberanía de la Nación sobre los recursos naturales, el medio ambiente, o el respeto de los derechos de trabajadores vinculados directa o indirectamente a sus operaciones.

En octubre de 2011, los medios de comunicación informaron sobre el conflicto laboral en Puerto Gaitán: de una parte, la empresa de capital canadiense Pacific Rubiales, y de otra parte, los trabajadores que se declararon en huelga  respaldados por la Unión Sindical Obrera (USO), alegando falta de voluntad de la empresa para negociar una mejora en sus condiciones salariales.

Pero la compañía petrolera negó tal situación: por el contrario, explicó que días atrás se había firmado un acuerdo en materia de nivelación salarial con la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios (UTEN), otro sindicato, acuerdo al que deberían acogerse todos los trabajadores que laboraran en su entorno empresarial.

Estos hechos tuvieron lugar hace ya más de un año, pero la opinión pública no conoció el desenlace de la historia. Ahora, cuando de nuevo el reflector se ha enfocado sobre esta compañía petrolera debido a su millonaria estrategia publicitaria, resulta pertinente examinar de cerca la evolución de las relaciones laborales dentro de la organización.

Qué dice la USO

Frente a la situación de los trabajadores antes de que la USO hiciera presencia formal en la zona, Rodolfo Vecino — presidente nacional del sindicato — manifestó que la mayoría no estaba asociada a ninguna organización sindical, sin perjuicio de que dado el carácter itinerante de las actividades de exploración y de extracción, algunos trabajadores hubieran podido estar previamente vinculados con alguna organización sindical.

El primer contacto entre la USO y el grueso de los trabajadores del campo Rubiales se produjo en junio de 2011, cuando aquellos se declararon por primera vez en asamblea permanente y solicitaron el acompañamiento de la USO. Sin embargo, la afiliación masiva de trabajadores no se produjo sino hasta el mes siguiente, cuando se dio un cese generalizado de actividades.

Al respecto, el presidente del sindicato explicó que fue en ese momento — al iniciarse el paro en Pacific Rubiales — cuando se hizo manifiesta la necesidad de fortalecer una instancia de acción colectiva; en otras palabras: “el paro fue la chispa que incentivó el proceso”.

En ese contexto, Vecino relata que lograron reunir alrededor de 4.000 trabajadores, lo que no se había podido hacer con anterioridad, simplemente porque no se les había permitido acceder al campo petrolero. Ya en el terreno, fueron evidentes los indicios de intimidación a los trabajadores: la política empresarial consistía en impedirles optar por agremiarse a un sindicato.

La USO reconoce que a partir del paro comenzaron a mejorar las condiciones de los trabajadores en el campo petrolero: Pacific Rubiales hizo cambios en lo tocante a salud ocupacional, vivienda, alimentación y recreación.

Pero al cabo del tiempo las condiciones de representación y de negociación cambiaron sustancialmente. Durante las negociaciones de julio se había protocolizado un acta inicial — con la anuencia del vicepresidente de Pacific Rubiales, Federico Restrepo, y con la presencia de dos generales del ejército que sirvieron de testigos —.

Si bien se acordó levantar el paro y proceder a iniciar las negociaciones, lo cierto es que el acuerdo inicial fue desconocido y los directivos sindicales fueron obligados a abandonar el campo.

Como consecuencia se inició un nuevo paro que finalmente condujo a la firma de un nuevo acuerdo. Este se protocolizó en el Ministerio del Trabajo, con la presencia del entonces ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y con el aval de la Vicepresidencia de la República. El presidente de la Unión Sindical Obrera señala que “lo más importante de dicho documento es que se reconoció al sindicato (la USO) como el interlocutor válido en las negociaciones con Pacific Rubiales”.

Aparece la UTEN

Sin embargo, las condiciones volverían a cambiar: a pesar del reconocimiento logrado por la USO, apareció sorpresivamente la UTEN y en menos de tres días se formalizó la afiliación de 600 trabajadores a dicha agremiación, con el beneplácito de Pacific Rubiales y de las autoridades nacionales.

Vecino tiene su propia interpretación: el gobierno nacional y Pacific Rubiales estaban jugando en dos tableros diferentes, para exhibir ante el país un acuerdo laboral firmado, desconociendo obviamente la legitimidad de la USO que había acompañado en forma permanente a los trabajadores en el campo Rubiales desde mucho antes.

Dicha situación se agravó: una agresiva campaña de estigmatización en los medios de comunicación, que luego pasó a amenazas y acabó con la judicialización: 76 procesos penales fueron iniciados por multinacionales contra miembros del sindicato.

El presidente de la USO afirma tener pruebas documentales donde se hace evidente que la firma Montajes JM S.A. – contratista de Pacific Rubiales – ha sido presionada para que cancele el contrato de los trabajadores afiliados a la USO que no se comprometan por escrito a abandonar dicha agremiación y a unirse a la UTEN. Una lista negra circula con sus nombres, de manera que no puedan ser contratados en ninguna de las otras empresas del sector extractivo.

En conclusión: afiliarse a la UTEN se convirtió prácticamente en una obligación para poder trabajar en Pacific Rubiales. Se logró consolidar un contrato sindical colectivo que establece niveles salariales y que en general regula todo el proceso de intermediación laboral.

De resultar cierto lo manifestado por el presidente de la USO, podría afirmarse que se está presentando una violación masiva y sistemática de derechos asociados con el legítimo ejercicio de la actividad sindical en toda la industria  extractiva de Colombia.
 

Preguntas pertinentes

En esa medida, y asumiendo que las anteriores consideraciones sean acordes con la realidad, habría que indagar en lo siguiente:

¿Cómo se explica la llegada intempestiva del nuevo sindicato (UTEN), cuando era notorio que la mayoría de los trabajadores se encontraban afiliados o en proceso de afiliación a la USO?

¿Existe algún grado de relación entre Pacific Rubiales y la UTEN, más allá de ser éste último uno de los sindicatos que agremia a trabajadores de las empresas contratistas de la multinacional petrolera?

¿Apoyó el gobierno nacional procesos de negociación en paralelo?

¿Existe discriminación contra los trabajadores vinculados a la USO, por medio de la cancelación de sus contratos de trabajo o de prestación de servicios con empresas contratistas de Pacific Rubiales?

Como afirma el profesor César Rodríguez Garavito en su columna del 29 de octubre en El Espectador, existen vínculos de dependencia entre Pacific Rubiales y algunos medios de comunicación. ¿Se podrán verificar igualmente nexos de dependencia entre dicha empresa y algunas organizaciones sindicales que actualmente agremian a trabajadores del sector?

* Abogado de la Universidad Javeriana, magister en Derecho Internacional del IHEID de Suiza y candidato a Doctor en Derecho en Osgoode Hall Law School – York University (Toronto, Canadá).

http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3400-d…