El cuerpo de Luciano Romero fue encontrado el 11 de septiembre de 2005 en la periferia de la ciudad colombiana de Valledupar, detrás de una guarnición militar. No era la primera vez que paramilitares dejaban sus víctimas en tal lugar. Romero, sindicalista durante muchos años y ex-empleado de la empresa local Cicolac, fue torturado y asesinado, habiendo recibido docenas de puñaladas. En esa región dominada por latifundistas, había luchado por los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Sus enemigos lo difamaron, llamándolo guerrillero, y así, presuntamente, dirigieron la rabia de grupos armados de la derecha contra él. Un juez ordenó investigar si responsables de Cicolac, una fábrica de leche de la empresa suiza de alimentos Nestlé, instigaron el asesinato de Romero. 

Este martes, la organización de derechos humanos ECCHR de Berlín, junto al sindicato colombiano Sinaltrainal, han interpuesto en Suiza una querella contra Nestlé y cinco de sus ejecutivos, por homicidio por omisión imprudente. Un truco legal excepcional: la fiscalía en Zug debe investigar si los ejecutivos han causado la muerte de Romero, al dejarlo sin protección ante peligro inminente. Así, habrían omitido ‘tomar las medidas necesarias para impedir las difamaciones amenazantes que habían sido dirigidas por los representantes locales de Nestlé en Colombia contra Romero, o desactivar sus efectos amenazantes’. 

En la querella de 100 páginas, se afirma que las diversas difamaciones y amenazas dirigidas contra Romero a nivel local no son atribuibles directamente a la multinacional Nestlé y sus ejecutivos. Sin embargo, las mismas habrían sido factores de riesgo dentro del área de influencia de la empresa suiza. Nestlé debería haber actuado como ‘garante de protección‘ante tal amenaza para Romero. Al ser consultada, la empresa dijo que condena todo tipo de violencia. Hasta ahora no tienen conocimiento de los detalles de la querella. El sindicato Sinaltrainal ya ha intentado varias veces hacer responsable a Nestlé por casos de violencia contra representantes de los trabajadores, aunque siempre sin éxito. 

¿Será este avance sólo un espectáculo? De hecho, grupos de derechos humanos utilizan cada vez más vías penales como medio de enfrentamiento con gobiernos y multinacionales, por ejemplo, por excesos en la lucha contra el terrorismo. No siempre dichas recriminaciones son documentadas con suficiente detalle, como se exige para el ejercicio de una acción penal, y algunas se interpretan más como una acusación política. 

La querella contra Nestlé, por tanto, plantea cuestiones legales interesantes – sobre el deber de protección de las empresas en hechos delictivos ocurridos en el ámbito de su estructura mundial. También otras multinacionales, como el comerciante de materias primas Glencore, se ven a menudo confrontadas con reproches de explotar trabajadores en África o en América Latina, destruir el medio ambiente o evadir impuestos. Sin embargo, raramente se pueden determinar ilícitos penales respecto a la conducta de los gerentes a la cabeza de tales empresas. 

Es un hecho indiscutido que en Colombia, ahí donde Romero murió, latifundistas y grupos paramilitares querían establecer un tipo de “orden”, del cual una empresa extranjera podía verse beneficiada indirectamente. Si, en tal contexto, Nestlé observó inactiva e imprudentemente cómo ese sistema daba lugar a excesos, es la cuestión a investigar por la fiscalía en Zug.

Nicolas Richter

El ECCHR y el sindicato colombiano SINALTRAINAL presentaron ayer [5 de marzo del 2012] ante la Fiscalía de Zug en Suiza una querella contra Nestlé S.A. y varios de los Directores ejecutivos del consorcio. Se les acusa de ser responsables del homicidio de Luciano Romero en 2005, por omisión imprudente de medidas de seguridad. Este caso supone un precedente puesto que por primera vez en Suiza se solicita la responsabilidad penal de una empresa por hechos cometidos en el extranjero.  

En Colombia existe un conflicto armado en el que sindicalistas y otros grupos sociales son sistemáticamente perseguidos. Luciano Romero fue asesinado el 10 septiembre de 2005 en Valledupar, al noreste de Colombia, por paramilitares, que le propinaron 50 puñaladas. Durante años trabajó para la filial colombiana de Nestlé, Cicolac. Se recrimina a los acusados el omitido cualquier acción que impidiera tales hechos.

Romero fue objeto de amenazas de muerte después de que los gerentes locales de Nestlé lo acusaran falsamente de pertenecer a la guerrilla. El ex-comandante paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que Cicolac había efectuado pagos a su unidad paramilitar. La dirección de la empresa en Suiza conocía las malas conductas de su representante en Colombia y estaba al tanto de las amenazas a los sindicalistas de la región, permaneciendo sin embargo impasible ante tales hechos.

La relevancia penal de esta omisión debe ser ahora probada por la Fiscalía de Zug. La denuncia de alrededor de cien páginas ya presenta el enfoque de las investigaciones. Además, también será la Fiscalía quien decidirá si se trata del primer caso en el que se exige la responsabilidad penal de una empresa en lugar de sus empleados. El artículo 102 del Código Penal Suizo contempla la responsabilidad penal de las empresas desde 2003 y desde entonces apenas se ha aplicado.   Fuente : European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)