“Los falsos positivos son crímenes de Estado”
Nosotros familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, provenientes de las diferentes regiones del país reunidos en la ciudad de Bogotá durante los días y 5 y 6 de marzo del 2009 DECLARAMOS 1. Que hemos compartido durante el encuentro las angustias y dolores que nos embargan como familiares de quienes han sido privados de la vida por la acción criminal de la Fuerza Pública y especialmente el Ejercito Nacional. Encontramos que a lo largo y ancho del país se han cometido cientos de crímenes contra hombres en su mayoría menores de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y mas excluidos, lo que nos indica que se trata de una práctica sistemática y generalizada, que se constituye en crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad recae en el Estado colombiano. 2. Que estos crímenes han afectado la integridad de nuestras familias y comunidades, generando graves impactos y daños sicosociales, producido el desvertebramiento de muchos grupos familiares y deteriorado nuestra situación socio-económica. Pese a ello, este encuentro nos llama a organizarnos y exigir en una sola voz el respeto y garantía de nuestros derechos a la verdad, la justicia y reparación integral y a construir caminos de esperanza y unidad para que estos crímenes nunca jamás se vuelvan a repetir. 3. Que durante los dos mandatos presidenciales de Alvaro Uribe Vélez y en aplicación de la política de “seguridad democrática” han venido aumentado los registros de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza pública, según informes de las Plaformas de derechos humanos y paz, por los menos 1.122 personas han sido asesinadas en total estado de indefensión, las cuales son presentadas como “bajas dadas en combate” 4. Que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su último informe señalo su preocupación por “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército”, igualmente que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos”. 5. Que desde hace varios años se viene denunciando esta práctica, sin embargo no se han tomado medidas efectivas para poner fin a la misma, ni para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Los perpetradores gozan de total impunidad debido a la falta de voluntad política de los entes responsables de adelantar investigaciones serias y eficaces. 6. Que las autoridades colombianas en lugar de cumplir con su mandato constitucional de proteger los derechos de las víctimas y sus familiares, han estimulado los mecanismos de impunidad, y han promovido una política de persecución, revictimización y afectación de su buen nombre y su dignidad humana. 7. Que hacemos recaer la máxima responsabilidad por la masiva practica de ejecuciones extrajudiciales en el Presidente Alvaro Uribe Vélez, en su condición de comandante General de las Fuerzas Militares, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, y en los altos mandos militares entre quienes se cuentan el Ex General Mario Montoya y General Fredy Padilla de León.EXIGIMOS 1. Que cesen de forma inmediata las ejecuciones extrajudiciales y se tomen medidas preventivas y eficaces para que tales hechos no se vuelvan a repetir. 2. Que se eliminen todas las prebendas y ofrecimientos de beneficios y prerrogativas, así como las políticas que estimulan la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, bajo el ropaje de la “seguridad democrática”. 3. Que se nombre una comisión especial tanto en la Fiscalía General de la Nación, como en la Procuraduría General, para que bajo los parámetros que caracterizan la comisión de crímenes de lesa humanidad, se investiguen, juzguen y sancionen, con penas proporcionales a la gravedad de los mismos, a todos los responsables de la practica masiva y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, así como los crímenes de desaparición forzada, tortura y otros que rodean estos asesinatos. 4. Al presidente Alvaro Uribe Vélez que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, separe del cargo al Ministro de defensa Juan Manuel Santos, a los altos mandos militares tanto a nivel nacional, como los que tienen mando en los lugares donde se han presentado estos crímenes y que los entes competentes inicien las investigaciones efectivas que redunden en sanciones ejemplarizantes en su condición de mando que ostentaban al momento de la ejecución de estos crímenes. 5. Que el Estado Colombiano adopte en concertación con los familiares y víctimas medidas de protección y garantías. Responsabilizamos al Estado de cualquier atentado o amenaza que pueda presentarse contra los familiares y testigos de ejecuciones extrajudiciales. 6. Que el Presidente de República Alvaro Uribe Vélez, haga un reconocimiento público de responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública, pida perdón a las víctimas, familiares y al pueblo colombiano y reivindique el buen nombre de las víctimas y su condición de civiles. 7. Que el Estado Colombiano respete y garantice los derechos de las victimas a conocer la verdad de lo ocurrido, que se haga justicia contra todos los responsables, beneficiarios y encubridores de estos crímenes, se repare de manera integral todos los daños individuales y colectivos, y se reconozca que en Colombia se cometen crímenes de estado. En este sentido exigimos al Congreso de la República que se abstenga de aprobar leyes que desconocen los derechos que tienen las víctimas de crímenes de estado, tal y como pretende hacerse con el proyecto de ley de víctimas que se debate en el Congreso. 8. Invitamos a la sociedad en general a que se solidarice con las víctimas, acompañe a las víctimas en la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos y condene públicamente estos crímenes. A la comunidad internacional solicitamos: 1. Su solidaridad total, acompañamiento efectivo y vigilancia permanente para que estos crímenes no queden en la impunidad y se garanticen los derechos de las víctimas y familiares a la verdad, la justicia y reparación integral. Que se exija al Estado Colombiano la promoción de políticas eficaces que pongan fin a esta práctica, y se asegure la sanción de los máximos responsables. 2. La condena abierta contra las políticas que promueven esta práctica criminal y se condicione cualquier ayuda y cooperación internacional al respeto de los derechos humanos. 3. Que se acompañe, apoye política y financieramente los procesos organizativos de las víctimas y se exija al Estado colombiano que brinde las garantías para que las víctimas y familiares puedan ejercer y hacer exigibles sus derechos. Bogotá 6 de marzo de 2009.