La ciudad petrolera de Puerto Gaitán fue testigo de la tercera Audiencia Preparatoria hacia el Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia. Sindicalistas, indígenas y organizaciones comunitarias presentaron evidencias contra la multinacional.

La calurosa cabecera municipal recibió con normalidad la llegada de variadas delegaciones del centro-oriente colombiano y de observadores internacionales. El salón de eventos de la alcaldía acogió durante los días 13 y 14 de julio alrededor de 600 personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y populares (indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles, etc.) de los departamentos del Meta, Casanare, Boyacá, Arauca, Cundinamarca, Guaviare y Santander.

Tras escuchar los himnos de Colombia, Meta y de Puerto Gaitán en la mañana del sábado 13, los capitanes de varios resguardos indígenas de Puerto Gaitán fueron tomando la palabra para saludar a los presentes dándose así inicio a la Audiencia Preparatoria enfocada en resaltar las prácticas de la petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy en el Meta, departamento que es el principal productor de crudo del país con el 47,1 por ciento del total.

Luis Alfredo Cedeño, de la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Arauca (Ascatidar), advirtió que “estamos aquí para adelantar al mundo del grave peligro que se cierne sobre nuestros territorios ancestrales”. Así mismo, Constance Vaudrin, vocera de la delegación canadiense de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia,  reconoció que “sabemos de sus luchas y de su sufrimiento por culpa de una transnacional canadiense y estamos aquí para denunciar su accionar”. Por su parte, el portavoz del Movimiento Político de Masas de las Organizaciones Sociales de Centro-Oriente, Víctor Chiriquía, incidió en la necesidad de “construir una política desde las poblaciones ancestrales porque  el concepto de desarrollo del gobierno nacional es un concepto macabro y catastrófico que tiene como consecuencia la desaparición y desplazamiento de las comunidades indígenas”. Y continuó diciendo que “hoy, después de 30 años de articulación social y popular, estamos convencidos de que la organización es la única forma de continuar con la vida”.

Rodolfo Vecino, representante de la USO -Unión Sindical Obrera- a nivel nacional, explicó que “este es un escenario de justicia popular que busca un mensaje: las transnacionales no son bienvenidas en nuestra colorida y multiétnica nación. Hoy le aportamos a la paz y le decimos al gobierno y a las FARC que en  las negociaciones de paz falta el pueblo, la principal víctima del conflicto”. Henry Jara, de la USO-Meta, celebró “la presencia de otras organizaciones buscando la unidad popular para dar la lucha y evitar la depredación de recursos y la destrucción del territorio”.

Presentación del juicio

Mónica Leyton, de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y organizadora del evento, presentó los objetivos del juicio, entre los que están la visibilización de los conflictos ambientales, sociales y económicos causados por la acción de las empresas transnacionales. Los impactos negativos que generan para la población en general y las organizaciones sociales. Y la evidencia de la asimetría en la aplicación de la justicia entre las comunidades y las empresas transnacionales que actúan en complicidad con los poderes políticos, fundaciones, ONG´s empresariales y algunas universidades.

Análisis de casos

Durante el resto de la mañana diferentes testimonios personales de denuncia apoyados por vídeos, fotografías, gráficos y documentos ilustraron los daños causados por las empresas petroleras en varios lugares del centro-oriente colombiano, aunque también se aprendió de la capacidad de resistencia de las comunidades. Así, pudimos enterarnos del caso de la laguna del Lipa, en Arauca, un lugar de enorme riqueza agrícola, ganadera, forestal y pesquera que está siendo amenazado por empresas petroleras. Luis Alfredo Cedeño, de Ascatidar, manifestó que “nuestro deber es defender la tierra, porque de ella depende nuestra vida, nuestra alimentación  y el futuro de nuestros hijos. La Oxy y Ecopetrol tienen un efecto devastador sobre el medio ambiente. La construcción de vías para transportar el crudo ha limitado nuestra movilidad por el territorio, la perforación y extracción han generado el desplazamiento de las comunidades, los vertidos químicos en el río y el derrame de crudo en accidentes de los carro-tanques contamina nuestras fuentes hídricas, el establecimiento de estas empresas atraen a grupos armados y como consecuencia de todo esto se está produciendo un ecocidio y un etnocidio nunca antes conocido”.

También conocimos el caso de la vereda Acacías, Meta, cuando Marta Arevalo, vehemente dijo que “las petroleras me han ofrecido plata para acallar mi voz, pero yo no me vendo. Yo no vendo a mi comunidad. Me han demandado por no dejarlas pasar para tapar el reguero de crudo sin pagar indemnizaciones. Han contaminado el río Acacías y el San Luis, yo he tomado muestras de ese agua” -visibles en las proyecciones de diapositivas-.

Martín Ayala, de la Corporación para la Promoción Social y Comunitaria del Casanare, ilustró el caso del Polioducto Andino explicando que la construcción por Ecopetrol de infraestructuras para el transporte de crudo, gas y nafta que se extraen en los llanos orientales están afectando a 65 veredas destruyendo el territorio y los campos agrícolas, dañando casas en las comunidades y contaminando el medio ambiente. “Cuando hay destrucción de vías la empresa se lava las manos y dice que es el Estado el que tiene que mantenerlas y repararlas. Otro fenómeno que tenemos aquí son los llamados “hijos del tubo”, hijos de mujeres que se quedan embarazadas por los trabajadores de la construcción de los tubos” termina diciendo.

La jornada mañanera terminó con el testimonio del senador del Polo Demócratico Alternativo, Alexander López quien narró lo sucedido el 30 de noviembre a las 5:30 a.m, cuando se disponía a visitar la zona de influencia de la transnacional canadiense Pacific Rubiales en Puerto Gaitán para verificar la situación de los trabajadores después de un llamamiento de la Unión Sindical Obrera a través de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, fue interceptado por un coronel del Ejército y militares fuertemente armados que le iban a acompañar en su visita. En la calle pudo hablar con un grupo de trabajadores que le explicaron como son acosados y amenazados por formar parte de la USO. Al intentar acceder a las instalaciones de la Pacific Rubiales para hablar con unos 2.000 obreros, el paso le fue negado por los militares. Desviaron su ruta y en otro punto pararon para hablar con unos 600 trabajadores, pero miembros de la Pacific acompañados por unos 100 policías y 200 guardas de seguridad indicaron a los operarios que se marcharan, no pudiendo expresar la situación de vulneración de Derechos Humanos a la que se ven sometidos. La caravana continuó hasta que se encontraron la vía pública cerrada por vehículos de la Pacific impidiendo al senador acceder a los trabajadores. Se bajaron de los carros y se acercaron hasta los camarotes de los trabajadores, siendo testigos de las degradantes condiciones en las que se encuentran. El senador terminó diciendo que los trabajadores no tienen garantizados sus Derechos Laborales y que la empresa hace caso omiso de la Constitución colombiana.

Pruebas contra la Pacific Rubiales

La jornada vespertina se centró en aportar pruebas contra la Pacific Rubiales desde diferentes puntos de vista: Ambiental, Criminal, Laboral-Sindical, Social, Económica y Militar.

Ambiental

Sandra Siso, del colectivo Gramalote, expuso el impacto ambiental de la Pacific en la vereda los Kioskos y Gustavo Basto explicó el proceso de secamiento del río Guaviare ya que por cada barril de crudo que se extrae se sacan 16 barriles de agua de los acuíferos subterráneos, lo que está mermando la capacidad de recarga del río y genera vertidos contaminantes. “Las filiales de la Pacific también acaparan tierras para sembrar palma, destrozando la diversidad de cultivos y encareciendo los productos, ya que todo hay que traerlo de fuera”.

Criminal

Testimonios de miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunciaron como las personas que organizan protestas son perseguidas judicialmente, sufren torturas físicas y psicológicas, abuso de la autoridad y detenciones arbitrarias por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios -ESMAD- y los homicidios cometidos que quedan impunes. Los procesos judiciales se quedan en la fase de instrucción y luego se archivan sin investigar, situación que cambia si el caso judicial es contra los trabajadores, cuando la investigación se acelera. Además, son acusados de ser guerrilleros y de promover la violencia contra los agentes de la policía, estigmatizando así la actividad sindical.

Laboral-sindical

Cuando Camilo Acero, asesor de la USO, tomó el micrófono se escucharon ensordecedores vivas al sindicato y a su lucha por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores petroleros. “El despido por embarazo en las mujeres, la falta de atención médica, la ausencia de seguridad social, jornadas maratonianas en los campos de extracción de más de 12 horas, salarios irrisorios, los derechos de asociación y la libertad sindical vulnerados, la depuración de contratos, las instalaciones deficientes para los trabajadores, y el montaje de “falsos positivos” a la USO son prácticas comunes de la empresa”, denunció el sindicalista entre gritos en contra de la petrolera y aplausos a favor de la USO.

Social (indígena)

Marcos Arrepiche, gobernador indígena achagua, se quejó de que “las petroleras no consultan a las comunidades para hacer la exploración y explotación de nuestro territorio. El Caño Rubiales, entre el Meta y Vichada, es un área de inmenso valor ecológico con importantes recursos hídricos donde hay resguardos indígenas que están sufriendo la contaminación de su territorio. Nuestro pueblo está en grave peligro de exterminio” sentencia con preocupación. De forma significativa la petrolera altera y modifica el entorno cultural y ambiental de la comunidad, destroza las vías al trasladar el crudo e impacta la zona al desarrollar su actividad petrolera.

La mañana del domingo 14 de julio se ocupó en terminar de exponer las pruebas contra la Pacific en los temas económico y militar.

Económico

La falta de fiscalización sobre la producción, la remuneración exagerada a los directivos de la empresa, las diferencias entre lo que se declara en Colombia y lo que se declara en Canadá, la evasión de impuestos a paraísos fiscales o la violación del código petrolero de 1969 son prácticas habituales de la transnacional canadiense.

Militarización

La seguridad privada de la empresa controla las vías públicas de acceso a los campos de extracción y de diferentes testimonios concluimos que la empresa también da órdenes a la Fuerza Pública, militarizando la zona, estableciendo retenes en las carreteras, tomando fotos en las reuniones de trabajadores y en las protestas.

Con el reconocimiento del Cuerpo Colegiado que presidió la Audiencia y la satisfacción general de los y las presentes por el desarrollo de las jornadas se cerró un evento que tendrá su punto final en Bogotá los días 16, 17 y 18 de agosto.