Continúa o no el paraempresariado en Curbaradó?

22/09/2011

A pesar de investigaciones judiciales que vinculan a multinacionales con paramilitares la impunidad continua, permitiendo que la siembra de banano, palma, coca, y ganadería extensiva se consoliden en una región donde el gobierno de Juan Manuel Santos pretende restituir territorio colectivo.

Nota del PASC : El PASC fue fundado en 2003 para acompañar a las comunidades del Chocó. Durante los primeros años, los viajes de acompañamiento del PASC se realizaban en su totalidad a las Zonas Humanitarias del Bajo Atrato, en las cuencas de Jiguamiandó et de Curvaradó. La primera campaña del PASC contra los Agrocombustibles está directamente ligada a la historia de esas comunidades. Ver tambien :Las comunidades del Chocó

La ocupación ilegal y de mala fe

Evidencias existen de la presencia de Banacol en predios de territorios colectivos de Curbaradó que alertan sobre la mano de esta corporación multinacional en la ocupación de mala fe de los territorios de las comunidades iniciado desde el 13 de diciembre de 2010 por cerca de 60 personas. Este factor de poder real que en el pasado reciente ha definido el tipo de poder político en la región que posibilite la reconversión del uso de la tierra para agronegocios excluyentes y de alto impacto ambiental, explicaría las respuestas negativas y evasivas de la policía de Urabá y la brigada 17 del ejército, la alcaldía del Carmen del Darién en el deber de prevenir, de garantizar a los legítimos habitantes del territorio el derecho al uso de la tierra.

La restitución del derecho de habitación y a la tierra de las familias de los consejos comunitarios, en particular de Camelias, que constituyeron allí una Zona de Biodiversidad, no se cumplió cabalmente a pesar de la decisión administrativa de la inspección municipal a favor de los ocupantes legítimos.

Pasaron casi seis meses, y solamente hasta junio pasado un grupo del ESMAD desalojó a las 85 familias formalmente en cumplimiento de la decisión administrativa. Sin embargo, las unidades policiales no se atrevieron a levantar las viviendas construidas por los ocupantes, tampoco existió definición institucional del qué hacer con las siembras.

Lo más grave es que los invasores reiteraron que estaban allí con el respaldo empresarial, de los paramilitares, que de ellos conocía la brigada 17 y que volverían al otro día, y así fue. Con la salida del ESMAD ingresaron nuevamente las familias ocupantes quienes aseveraron que cuentan con el apoyo empresarial, que les aportó dinero para el ingreso y les comprará la cosecha de banano.

La ocupación de hecho desconoció el auto de la Corte Constitucional de mayo de 2010, que explícitamente requiere a las autoridades evitar operaciones empresariales “relativas al uso, posesión, tenencia, propiedad o explotación agroindustrial o minera de predios amparados por el titulo colectivo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó... Sobre tales transacciones opera la presunción de ilegalidad (...)”en Curbaradó y Jiguamiandó.

Existe el paramilitarismo o no?

Aunque se afirma institucionalmente que el paramilitarismo no existe, lo cierto es que en el bajo Atrato, las víctimas y testigos, constatan que no hubo una desestructuración del paramilitarismo en el marco de las disposiciones del gobierno de Uribe ni en aplicación de la ley 975.

El proyecto paramilitar que se dice contrainsurgente se continúa implementando en esta región en medio de la presencia militar de la brigada 17 y de la policía de Urabá. Este como en el pasado cuenta con el conocimiento y el aval empresarial pues asílo han sostenido los paramilitares recientemente. Estos han afirmado a los pobladores que se encuentran en Curbaradó que están allí para sacar a la guerrilla, como en el pasado las y los habitantes rurales. Agregan en sus intimidaciones que están allí para asegurar la siembra de coca, de palma, de banano, de yuca y la extensión ganadera. Sostienen que tienen el apoyo empresarial y el de la brigada 17.

Desde abril pasado ya no suelen solamente de civil y con armas cortas, ahora aparecen en grupos con armas largas, vestidos de camuflado o de civil incursionando y asentándose en los predios colectivos. El ejército no los ve, el gobierno colombiano repite lo mismo que dice la brigada 17, sin embargo, en este semestre han asesinado a 2 personas, han desaparecido 2, han forzado al desplazamiento a 3 familias, siguen patrullando dentro del territorio y 32 personas han sido amenazadas de muerte. No existen pero dicen que cuentan con el apoyo de la brigada 17, se enteran de las denuncias públicas con tal rapidez que parece que se repitiera la operación del pasado, cuando recibían las denuncias de la propia fuerza pública.

En desarrollo de la planeación de ocupación de predios en Curbaradó en reunión sostenida en el puerto de Brisas de Curbaradó, en la que hubo presencia paramilitar, entre otros del reconocido “Llantas” y a pocos metros la presencia de la brigada 17, uno de los promotores de la ocupación ilegal animaba a los líderes diciendo que Banacol proporcionaría las semillas, los insumos químicos y compraría los productos.¹

El 18 de marzo de este año, con ocasión de la visita que hicieran los Ministros de Interior y Justicia Germán Vargas Lleras y de Agricultura Juan Camilio Restrepo, sorprendió a los habitantes de la Zona Humanitaria de Camelias, la presencia, al parecer facilitada por el director de Acción Social de Uraba, Luis Mario Gaviria, de Holger Meneses, Jefe de Mercadeo de Plátano para Estados Unidos de Banacol y de Carlos William de Uniban. En esa oportunidad los miembros de las comunidades lograron que la intromisión de los empresarios se resolviera con la intervención del viceministro del Interior y Justicia quien les manifestó que no era oportuna su presencia en el lugar.

Semanas después, se conoció de una reunión el 9 de abril, entre los invasores y representantes de Banacol y Unibán, que contó con la protección de la brigada 17, según la fuente, el tema fue el avance de la plantación de plátano en los territorios adjudicados a los afromestizos que han sido plantados con plátano/banano, por parte de los invasores.

Pero no es solo este hecho. Integrantes de los consejos comunitarios denunciaron que en predios colectivos de Curbaradó, el gerente regional de Urabá de la empresa Uniban, filial de Banacol, Jesús Correa Pérez, es propietario de un vivero de palma aceitera en 7 hectáreas.

Estas actuaciones empresariales y la invasión de los predios colectivos, ha estado amparada en la presencia de la Brigada 17, la inacción de la policía de Urabá, la inacción del Alcalde del Carmen del Darién, la ausencia de respuestas por parte del comandantes nacional de la policía y más recientemente por el patrullaje de paramilitares por las áreas ocupadas de mala fe. ²

Banacol en comunicado del 4 de febrero pretendiendo aclarar el tipo de intervención que adelanta en el Curbaradó acudió a la descalificación de las comunidades a las organizaciones nacionales e internacionales. En el texto reconoce que fue “invitado” desde el gobierno nacional y “el consejo mayor de las comunidades afrocolombianas de la Cuenca del Curvaradó para apoyar el desarrollo de un proyecto productivo”. Tal proyecto, según afirma la comercializadora, busca: asistir y acompañar técnicamente, y adelantar la comercialización de plátano (no banano) hacia el mercado internacional. Revela declara que “asesoró la siembra de 300 hectáreas cultivadas” y que “sigue acompañando el proceso iniciado con el Consejo Mayor”³

El comunicado pretendió ocultar la ocupación de mala fe ⁴, descalificando las denuncias como “rumores malintencionados y falsos que por medios nacionales e internacionales de izquierda se han hecho públicos; y con los que diferentes organizaciones pretenden impedir el progreso de las comunidades para poder perpetuarse en la canalización de recursos económicos en el exterior” .

Luego el comunicado reconoció lo irreconocible, la existencia de un Consejo Mayor que, supuestamente, ha rechazado las denuncias sobre la ocupación de mala fe invasión “resaltamos que frente a estas denuncias, que habían sido públicas en los meses de noviembre y diciembre de 2010, ya las comunidades de Curvaradó y el Consejo Mayor se habían pronunciado rechazándolas”.

Se refiere, entonces a pronunciamientos hechos por Germán Marmolejo, quien actúa, sin ser, como representante legal del Consejo Mayor del Curbaradó, desconociendo nuevamente el Auto de la corte Constitucional del 18 de mayo de 2010 que dejó sin piso toda pretensión de representación legal de la cuenca, ante la fallida entrega de tierras, por parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, a este representante, que ha obrado a favor de los intereses empresariales en estas comunidades.

Otras formas para lo mismo

En 2009, Banacol, autorizado por algunos líderes que no contaron con el aval de los consejos comunitarios y sin que el territorio estuviera restituido, pretendieron la siembra de 49 hectáreas de plátano o banano, en un proyecto amparado en el Ministerio de Agricultura.

El 2 de octubre de ese año Holger Meneses y tres funcionarios más en representación de Banacol S.A y Corbanacol, hablaron de la siembra de 1000 hectáreas de plátano por un valor de $ 12.485.852.000, para el 80% financiarse con créditos a través de la cuestionada Fiduagraria, correspondiendo el pago al mismo al Consejo Mayor del Curvaradó.⁵

La denuncia hecha pública por los consejos comunitarios menores que son parte de la Asociación de Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, impidió que este proyecto agroindustrial, que se pretendía desarrollar sin su consentimiento tal como lo establecer la ley 70 de 1993 ⁶, quedara parcialmente suspendido en razón que los territorios no han sido restituidos. .

Si bien la negativa de las comunidades frenó la pretensión de la reconocida comercializadora de hacerse a buena parte de las tierras del Curvaradó para el abastecimiento de sus productos para el mercado internacional, no hizo que desistiera de su propósito y optó por incentivar, con ofertas, la ocupación de los territorios por parte de invasores provenientes de diferentes regiones del país.

Otro caso en que Banacol se valió de invasores

El 7 de marzo de 2007, el diario colombiano El Tiempo, publicó un artículo sobre los pagos de Chiquita Brands a paramilitares en el que habla de Banacol como la continuación de la presencia de la transnacional en Colombia. El artículo describió un caso en el que la Comercializadora Internacional compra las cosechas a un grupo de invasores en el Urabá y resuelve el litigio de propiedad del predio a instancias del jefe paramilitar de la zona, a quien pagaba con el dinero descontado directamente a los vendedores de plátano.

De acuerdo con este diario en 1984, un grupo de invasores se apropió de 107 hectáreas del predio La Niña, en el corregimiento Nueva Colonia del municipio de Apartadó para cultivar plátano que luego vendían a Banaco. 16 años después “dos hombres aparecieron en supuesta representación de los dueños legítimos concitándolos a que pagaran el valor de la tierra. Todo terminó en una citación a los representantes de la comunidad a la vereda La Teca. Allí habrían estado el conocido ‘para’ Rafael García, ‘El Viejo’ – quien se reinsertó con el bloque Bananero y el martes fue capturado en Chigorodó – y ‘Camacho’, quienes a la vez estaban con 8 hombres armados. Acordaron que los ocupantes de La Niña pagarían 4 millones por hectárea, dinero que les sería sacado por Banacol de los pagos que la empresa hacía, por el producto que ellos le vendían. Banacol alcanzó a recibir 220 millones de pesos por ese concepto entre finales del 2000 y principios del 2005. Luego, al verificar quiénes eran los propietarios de la finca, los ocupantes constataron que las tierras habían sido expropiadas en 1999 por el Incora (hoy Incoder) a la Sociedad Emilio Hasbún & Cia, y figuran como baldíos de la Nación”.

Emilio es el segundo nombre de quien fuera el comandante paramilitar Raúl Hasbún, o “Pedro Bonito” excomandante del bloque bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien se encuentra actualmente privado de la libertad.

En versiones libres, el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, sostuvo que a través de la sociedad Emilio Hasbún y Cia, los Hasbún fueron colonizadores de grandes baldíos y pioneros del negocio de la siembra y comercialización de banano en Urabá. Dijo Mancuso: “el personaje que arregló con las bananeras Chiquita Brands, Banacol, Unibán, Probán, Boll y Delmonte el pago de 10 centavos de dólar por caja de fruta exportada a los ’paras’ a través de la convivir Papagayo. Hasta el 2004, serían unos 4,6 millones de dólares que iban a "la casa Castaño", el bloque Bananero de las Auc, pago de corrupción e inversión social”.⁷

El uso de invasores por parte de las compañías, en particular por Banacol, tiene por lo menos este antecedente público, tal como lo ha mostrado el diario El tiempo, que se asemeja a la situación que hoy padecen los afromestizos de la cuenca del río Curvaradó.

Versiones de paramilitares sobre Banacol Uniban

Desde que iniciaron las versiones libres de los paramilitares, muchas alusiones han hecho a los vínculos existentes entre las estructuras paramilitares que operaron en el Urabá y empresas bananeras entre ellas las C.I Banacol y Unibán.

La Comercializadora Internacional Banacol está implicada en la financiación de las estructuras paramilitares, de acuerdo con las declaraciones de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso http://www.semana.com/noticias-naci...) (, HH http://www.eltiempo.com/colombia/ju...)y Fredy Rendón Herrera, El Alemán y Raúl Hasbun (http://www.verdadabierta.com/web3/v...) las mismas que generaron el desplazamiento forzado, los asesinatos y las desapariciones para la siembra de palma aceitera en los territorios colectivos del Curvaradó y Jigumiandó y en general del bajo Atrato.

Por su parte, la Fiscalía ha establecido que a través de esta y otras empresas, la Chiquita Brands, continúa operando en Colombia luego de las sanciones de las que ha sido objeto y los procesos en su contra que se adelantan en nuestro país como en los Estados Unidos. (http://www.elespectador.com/impreso...).

Banacol está incursa en la investigación de la Fiscalía por los delitos de financiación de grupos armados al margen de la ley, enriquecimiento ilícito y desplazamiento forzado, dentro del proceso que se sigue contra Chiquita Brans y otras compañías.⁸

Los ejecutivos de Banacol llamados a indagatoria en 2008 fueron Víctor Manuel Henríquez Velasquez (gerente), hoy tercer renglón de la junta directiva y presidente de la Compañía, y Juan Diego Trujillo (secretario general). Jorge Alberto Cadavid, Javier Ochoa Vásquez y Fuad Alberto Giacomán Hasbún, también fueron citados por la Fiscalía.⁹

Chiquita Brans siguió en Colombia a través de Banacol

Banacol es una de las empresas que ha continuado con las operaciones en Colombia de la norteamericana Chiquita Brands y ha aportado al sostenimiento de las estructuras paramilitares. En Colombia es la firma líder de Invesmar S.A., con domicilio en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, una de las compañías a través de la cual siguió presente en Colombia Chiquita Brands.

“Esta compañía, según el ente acusador, siguió pagando millonarios recursos entre 2004 y 2007 a las cooperativas de seguridad que eran fachada de las autodefensas. Es decir, continuó auspiciando la estela de violencia de su antecesora. En esencia, cerca de $3.000 millones fueron pagados por Banacol a la convivir Papagayo y a otras que eran controladas por Raúl Emilio Hazbún, conocido en el mundo del hampa como Pedro Bonito, hoy desmovilizado y en Justicia y Paz. El mismo ex comandante en sus versiones libres ha reconocido que fue el contacto con la empresa Chiquita Brands para que por cada caja de banano se les pagaran a los paramilitares 3 centavos de dólar. Y, como cosa curiosa, Víctor Manuel Henríquez, quien aparece como miembro de la junta directiva de Banacol, reconoció ante la Fiscalía que su hermana se casó con uno de los hijos de Pedro Bonito”.¹⁰

De acuerdo con el diario El Espectador:“un experimentado analista contable de la Fiscalía, tras analizar los movimientos financieros del grupo empresarial de Banacol, estableció que “por concepto de banano” se destinaba un dinero importante a las Convivir, pagos que se habrían hecho voluntariamente tal y como ocurrió con Chiquita Brands. Así lo detalló en un informe contable conocido por El Espectador y fechado el 22 de julio de 2008”. ¹¹

Banacol en el mercado global

Esta cuestionada compañía se ofrece al mercado internacional en su sitio web como una corporación multinacional propietaria de fábricas, plantaciones, oficinas y operación portuaria en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y Europa. “Como parte de un portafolio liderado por el Banano, que ha hecho mundialmente famosa la marca Banacol, también produce y comercializa importantes líneas de productos: Piña, Plátano, Yuca y otros frutos tropicales, además de su gama de congelados”.¹²

Señala Banacol que su empresa en Colombia compró más de 5.000 hectáreas de cultivo de Banano convirtiéndola en la primera productora de banano en el país, “operando 39 fincas propias, que suman un área geográfica de más de 7.000 hectáreas” ¹³ Sus sedes están localizadas en Medellín y Apartadó en Colombia, en San José de Costa Rica; en Miami y Eddystone en Estados Unidos y en Rotterdam Holanda.

A pesar del escándalo suscitado por las operaciones paramilitares financiadas por Chiquita Brands, de algunas investigaciones realizadas en materia penal, lo cierto es que los propósitos y los mecanismos de antaño, los de 1998, continúan su curso con nuevos mecanismos pero con los mismos objetivos.

Han pasado 10 meses de la ocupación de mala fe de la Zona d Biodiversidad Isaac Tuberquia, la simulación del desalojo y más de 85 familias se han asentado allí, más de 200 trabajadores diariamente se distribuyen en más de 20 hectáreas que convirtieron en bananeras. El gobierno nacional avanza en la consolidación de un censo para que se pueda convocar una elección del representante legal del consejo comunitario mayor de Curbaradó … pero medidas eficaces para resolver los problemas estructurales como el paramilitarismo siguen sin enfrentarse. Los pocos avances en investigaciones son nimias ante un proyecto económico beneficiado o constructor de estrategias criminales y fraudulentas para definir el uso de la propiedad en agronegocios de gran envergadura, sin necesidad de concentrar la tierra y usando la parafernalia de las alianzas estratégicas.

Entre tanto, a la sombra de esta sector empresarial continúa avanzando el poder multinacional minero, a pocos kilómetros de allí a expensas de las operaciones paramilitares y de los militares de la brigada 17, que como se titula la canción de Shakira, esta “ciega, sorda y muda”, la otra locomotora de Santos empieza a arrancar por el oro, el cobre y el molibdeno. ¡!!Qué importan los afros y los indígenas y los crimenes ambientales, en fin son los daños colaterales, en este tiempo en que se hace la paz con la ley de víctimas, la ley agraria y la devolución de papel de la tierra. ¡!! Ha llegado la modernización, el progreso con guerra y sin habitantes rurales!!!