Tras el incumplimiento de los acuerdos por la minera canadiense Gran Colombia Gold en San Lorenzo (Nariño) y los recientes enfrentamientos con la Policía, el gobernador nariñense y el alcalde de Arboleda Berruecos firman una carta pública en la que se oponen a la minería a cielo abierto si ésta tiene lugar en tierras de producción agrícola campesina.
Han sido 11 meses de movilizaciones, foros mineros, comunicados, enfrentamientos con la Fuerza Pública y empleados de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold por parte de los habitantes de la zona rural del municipio de Arboleda Berruecos y San Lorenzo (Nariño) que, según denuncia el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), han recibido continuas amenazas de muerte. Esas actividades han conseguido que el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, y el alcalde del municipio de Arboleda Berruecos, Ciro Rafael Delgado, firmaran una carta abierta el 23 de noviembre oponiéndose a la explotación minera a cielo abierto en tierras campesinas, extornando al Gobierno nacional a revisar el tema minero en el departamento. Para ello convocan un foro minero con todos los actores involucrados para el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Pasto.
«Con una contundente firmeza para defender sus territorios y su convencimiento de que la minería a gran escala traerá para sus comunidades miseria y pobreza», fueron las palabras de Luz Mila Ruano, coordinadora de asuntos mineros del CIMA, para referirse a la actitud de hombres y mujeres de esos municipios del norte de Nariño que han denunciado día a día las consecuencias de tener una mina en sus territorios.
Ruano denuncia que los habitantes son víctimas de intimidaciones por parte de trabajadores de la mina y que se han vivido enfrentamientos entre los mismos pobladores ya que desde la llegada de la mina sus vidas han cambiado radicalmente pasando de ser un territorio unido y en paz a uno donde la zozobra y el miedo reinan. Además, hay un enorme daño ecológico causado en etapas netamente de exploración y el agua para el suministro humano está siendo usada para el trabajo minero.
Antecedentes inmediatos
La historia comienza con la llegada al municipio de Arboleda Berruecos y San Lorenzo al norte de Nariño de la multinacional de la minería Gran Colombia Gold que, después de dos años de estudios, instala cinco campamentos en enero de 2011 para la exploración de minerales, principalmente de oro. Según informes de la empresa, se necesitan 2,5 toneladas de remoción de tierra y piedra para obtener un gramo de oro, además de la utilización de cianuro para lo que denominan el deslave, aunque la multinacional asegura que el cianuro es menos contaminante que el mercurio.
Ante este panorama y la indiferencia del gobernador del departamento, las distintas organizaciones campesinas, sociales y habitantes de la zona emprendieron la lucha por su territorio. Su primera tarea fue la realización de foros regionales mineros, inicialmente en la zona afectada por el proyecto Mazamorras Gold nombre dado a la adjudicación de 5.979 hectáreas en zona rural de los municipios de Arboleda y San Lorenzo, tierras donde su principal actividad es la agricultura. A causa del gran impacto de los foros, estos se extendieron a los municipios de Guayachavés, Samaniego, Ricaurte, La Florida, Pasto, Colón Génova o Sotomayor donde el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) ha concesionado territorios para exploración minera.
Según el CIMA, actor principal de estos foros regionales, las conclusiones fueron unos mandatos que incidían en la búsqueda de acciones para impedir la instalación de bases mineras en sus territorios y la realización de un foro departamental de la minería y el agua. Este último tuvo lugar el 20 de julio de 2011 en Pasto donde aproximadamente 800 personas de todo el departamento de Nariño denunciaron la problemática de la minería y recogieron unos mandatos que exigen al Gobierno nacional la suspensión de la actividad minera a gran escala y a cielo abierto, la no contaminación y utilización del agua para proyectos mineros, la protección de los derechos humanos de las comunidades donde se encuentran estas concesiones, el respeto por el derecho del campesinado a utilizar sus tierras para la producción agrícola y a proteger la vida de los seres vivos, la ecología y el ambiente. También en la declaratoria final afirman que en los lugares donde tradicionalmente hay minería a pequeña escala exigen al Gobierno que no criminalice su actividad y que brinde apoyo técnico y tecnológico para reducir los impactos ambientales, muy lejos de los de la minería a gran escala y a cielo abierto.
Amenazas y movilizaciones
Este foro también marcó el inicio de las amenazas a las personas que lideran este proceso. Incluso, los participantes del evento encontraron a dos personas extrañas que resultaron ser miembros de la Fuerza Pública.
Pese a las amenazas, los habitantes de la zona empezaron a ejercer los mandatos concertados en el foro minero y el 20 agosto de 2011 realizan una movilización en Arboleda Berruecos en contra de la mina de la multinacional Gran Colombia Gold. La marcha inició en la vereda Olaya, lugar donde se encuentra ubicado el campamento central de la mina, hasta la cabecera municipal donde las organizaciones que participaron denunciaron en la plaza pública las implicaciones negativas que genera una mina en este municipio así como la sistemática violación de los derechos humanos y los conflictos entre los pobladores. Posteriormente fueron atendidos en audiencia por el concejo municipal, el alcalde, Ciro Rafael Delgado, y el personero municipal, Hugo Moncayo Hermosa, que se comprometieron a realizar un foro minero con todos los actores en conflicto.
A pesar de estos compromisos el 9 de octubre de 2011 los habitantes de la zona y los trabajadores de la multinacional tuvieron un enfrentamiento por los constantes atropellos a la comunidad. Los pobladores acabaron prendiendo fuego a un campamento minero. Ante la grave crisis llegaron el Asesor de Paz de Nariño, el subsecretario de Minas de la Gobernación, la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales de Arboleda y San Lorenzo y el secretario de Gobierno de Arboleda acompañados por el comandante operativo de la Policía Nacional de Nariño para servir de negociadores entre la empresa y los manifestantes. El acuerdo que alcanzaron consistía en cesar las actividades de exploración hasta que se realizara el foro minero impulsado por el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff. Ese acuerdo no fue firmado por el representante de la multinacional alegando que fue presionado y que el Gobierno nacional lo había desautorizado a firmar dicho acuerdo.
Después de este rechazo de la población a la mina de la multinacional canadiense nuevamente empezaron las amenazas a algunos de sus miembros más visibles. Dos habitantes de la zona fueron intimidadas vía telefónica y denuncian que de manera personal por el jefe de seguridad de la mina, el capitán retirado del Ejército Nelson Cubides, por lo que hoy temen por sus vidas y responsabilizan directamente a la multinacional canadiense Gran Colombia Gold.
Novedades
El pasado 20 de noviembre de 2011 campesinos de la zona se dieron cuenta que los trabajadores de la mina reanudaron sus labores pese al acuerdo logrado el 11 de octubre de suspender labores hasta la realización del foro minero. Al día siguiente, 30 campesinos se acercaron hacia los trabajadores para dialogar y recordarles el acuerdo pero cuando los vieron se retiraron e inmediatamente y sin mediar palabra un escuadrón del ESMAD hizo disparos al aire, retuvo a Dorita Rivera y lesionó a su esposo, Leonel Grijalva.
Este hecho prendió las alarmas del equipo de derechos humanos del CIMA y en un comunicado público responsabiliza al gobernador nariñense de la violación reiterada y sistemática de los derechos de las comunidades campesinas de Arboleda y San Lorenzo por su silencio y por no haber cumplido con la convocatoria del foro minero. Dos días después el gobernador y el alcalde de Arboleda Berruecos firman una carta abierta invitando a una reunión en los próximos días que está convocada para el próximo 5 diciembre.
Carta firmada por el gobernador de Nariño y el alcalde de Arboleda Berruecos.
En la carta el gobernador y el alcalde se oponen a la minería a cielo abierto si ésta se produce en tierras de producción agrícola campesina. También aseguran que el pago por regalías es muy bajo y que las fuentes de agua deben dedicarse prioritariamente al consumo humano y a la irrigación agrícola.
Según Ruano, esta carta debe traducirse en el compromiso no sólo de hacer el foro minero sino el de liderar las acciones para no permitir más concesiones para la explotación minera, suspender las minas a cielo abierto e impulsar vías alternativas para la minería de pequeña escala, la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad afectada. Además concluye diciendo que «a pesar de las amenazas y los grandes riesgos que corren por detener una de las locomotoras de miseria del Gobierno nacional, movilización, organización y lucha son los tres grandes pilares para la construcción de un país con paz y justicia social».