Luego de varios días días de paro indefinido en la multinacional petrolera Pacific Rubiales Energy, se instaló en Puerto Gaitán, Meta, una mesa de negociación entre la comunidad, la multinacional y las autoridades locales, regionales y nacionales para encontrar las posibles soluciones a la crisis social que vive la región.

Con la presencia de comunidades de las veredas de Rubiales, Santa Helena y Puerto Triunfo, junto a delegaciones del Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Gobernación del Meta, dos Comandantes del Ejército Nacional, un Comandante del Batallón Minero-Energético No. 15, el Comandante del Departamento de Policía del Meta, la Dirección Seccional de Fiscalías del Meta, la Defensoría del Pueblo Regional Meta y dos delegados de Pacific Rubiales, el pasado 23 de mayo se inició en el municipio de Puerto Gaitán una mesa de diálogo que busca encontrar mecanismos para el cumplimento de acuerdos entre la multinacional y sus trabajadores. Estos acuerdos  fueron consensuados desde febrero, abril y mayo respectivamente. Las comunidades alegan que no han tenido respuestas favorables para la población.

El paro indefinido, convocado por más de 600 residentes de la zona, inició el 19 de mayo como consecuencia de los tres meses de incumplimiento de Pacific Rubiales en los acuerdos que había firmado con la comunidad en dichos meses. A esto se le suma el despido de varios obreros de la comunidad en los últimos cuatro meses, que ocasionó que la comunidad iniciara el paro indefinido para exigir a la multinacional petrolera el cumplimiento inmediato de los acuerdos y la reintegración de los obreros despedidos.

En el pliego de peticiones se insiste en los puntos que Pacific Rubiales ha incumplido; la comunidad reclama tener mayores oportunidades laborales para las personas de la zona alrededor de las operaciones de la multinacional petrolera, mejoras en las vías de acceso al municipio (pues ninguna tiene pavimentación), mayor inversión social para garantizar cobertura y calidad en los servicios públicos, garantías para una buena educación básica, más salones para eliminar el hacinamiento y una cafetería escolar ya que hasta el momento no existe. Además, exigen no estigmatizar la protesta social, pues los medios de comunicación “los presentan como obstáculos para la libre empresa”.

El miércoles 20 de mayo, luego de conocer el pliego de peticiones, y después de haber dialogado con la Policía Nacional para llegar a un acuerdo, llegaron a las 7 de la mañana setenta agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios -ESMAD- al lugar de la protesta; tras disparar allí gases lacrimógenos, siguieron a la población a sus hogares donde además varios agentes de la Seccional de Investigación Criminal -SIJIN- amenazaron con iniciar procesos de judicialización contra los manifestantes.

La represión motivó a la comunidad para pedir intervención inmediata de organismos de derechos humanos y de los gobiernos local y nacional con la intención de convocar a una mesa de concertación para enfrentar este conflicto.