DeVer 295 Nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reenvía el Comunicado de Monseñor JORGE LEONARDO GOMEZ SERNA, obispo de la Diócesis de Magangue, departamento de Bolívar, denunciando la ejecución extrajudicial del líder campesino ALEJANDRO URIBE, el pasado 19 de septiembre en el municipio de Montecristo, por unidades militares adscritas al Batallón Nueva Granada. ALEJANDRO había participado el pasado 8 de septiembre Preaudiencia para el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre "Empresas trasnacionales y el sector minero", que se realizará en el mes de noviembre. Nuestra Comisión se suma a las solicitudes realizadas por esta diócesis al Gobierno Nacional, exigiendo que este crimen sea esclarecido y juzgado por la justicia ordinaria. Así como la exigencia del cese de apropiación de tierras por parte de empresas trasnacionales como es el caso de la Multinacional KEDAHDA S.A. filial de la ANGLO GOLD ASHANTI. Bogotá, D.C. 25 de septiembre de 2006 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ DIÓCESIS DE MAGANGUÉ SUR DE BOLÍVAR - COLOMBIA "Todo ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios indispensables y suficientes para un nivel de vida digna" (Pacem in Terris, 11) COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL El Obispo de la Diócesis de Magangué, Departamento de Bolívar - COLOMBIA, Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, unido a todo su clero, y a las comunidades parroquiales, rechazan, lamentan y denuncian la muerte violenta del joven ALEJANDRO URIBE, líder y Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de Morales) y miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar - FEDEAGROMISBOL- , ocurrida el 19 de septiembre de 2006, aproximadamente a las 14 horas en la vereda Las Culebras, jurisdicción del Municipio de Montecristo, Departamento de Bolívar, según versiones de la comunidad, por parte de soldados pertenecientes al Batallón Nueva Granada al mando del Capitán Blanco, cumpliendo órdenes de Benjamín Palomino Capitán Oficial de Operaciones de dicho Batallón. El líder ALEJANDRO URIBE participó el 8 de septiembre de 2006 en la Asamblea de Preaudiencia para el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizará el 11 y 12 de noviembre del presente año en la ciudad de Medellín. En ese evento participaron la Defensoría del Pueblo y Organizaciones de Derechos Humanos. Allí se trató el tema Medio Ambiente y las Multinacionales, y se expusieron públicamente los abusos de las Fuerzas Militares de Colombia en contra de la población civil, con el propósito de posibilitar la entrada a la región de la Multinacional KEDAHDA S.A. filial de la ANGLO GOLD ASHANTI. La muerte del líder mencionado se suma a una preocupante cadena de atentados, bloqueos, amenazas y otros asesinatos que según versiones de los habitantes de la zona lamentablemente están siendo cometidos por miembros del Batallón Nueva Granada, del Ejército de Colombia. Estos hechos han llevado al desplazamiento forzoso de todo el sector minero que ha llegado a la fecha al sitio conocido como La Ye, jurisdicción del Municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolívar. Esto se repite constantemente, sin que las autoridades hayan logrado investigar, esclarecer y socializar la verdad, por lo cual crece la desconfianza de los mineros y campesinos en la política de seguridad democrática, pues son preocupantes las ejecuciones extrajudiciales, torturas y trato cruel e inhumano a los ciudadanos que se están presentando desde que está haciendo presencia el Ejército Nacional en la zona, lo que se opone al respeto y garantía de los derechos humanos de la población civil que es responsabilidad del Estado. Como Pastores y comunidades parroquiales solicitamos: Al Gobierno Nacional: 1. Que los hechos mencionados, en especial el asesinato del líder comunitario Alejandro Uribe, sean investigados seriamente por la justicia ordinaria, el Ministerio Público y la Fiscalía, por considerar que es una violación al derecho a la vida como don sagrado y al derecho a la organización, autonomía y convivencia pacífica de las comunidades. 2. Reconsiderar la política de explotación irracional de los recursos naturales de la región del Sur de Bolívar y contener la presión de compra masiva de tierras de los campesinos por empresarios, políticos y extranjeros con claros intereses económicos que están ocasionando desplazamientos, desarraigo, desintegración familiar y comunitaria y temor en la población. 3. Asumir una postura ética y política frente a la inequitativa tenencia de la tierra en la región, desarrollar un proyecto piloto de reforma agraria y resarcimiento de derechos de la población desplazada que perdió el derecho a la posesión y a la propiedad de sus tierras en el Sur de Bolívar. 4. Crear las condiciones necesarias para retomar la salida política a la solución de los conflictos en el Sur de Bolívar. La creación de políticas públicas que favorezcan la paz y la viabilidad de los derechos humanos, como también constituir un equipo regional de paz que facilite y acelere los consensos entre el gobierno y los grupos insurgentes y la sociedad civil, como camino hacia la construcción de la paz, que paren las cuotas de muerte que aportan los campesinos y mineros de esta región quienes mantienen la esperanza que en el segundo mandato que comienza el presidente Uribe tenga cabida la paz, como lo han manifestado reiteradamente en los consejos comunales. A los Actores Armados: 1.. Solicitamos el respeto a la vida e integridad de las personas y comunidades. 2.. La garantía del cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario. 3.. El respeto a los procesos de paz y a los espacios humanitarios que como Diócesis hemos construido y fortalecido permanentemente con las comunidades. A las Empresas Multinacionales: 1.. Deponer la expropiación de las tierras a los campesinos que los desplazan y someten a la inseguridad, a la manipulación y a la incertidumbre. 2.. Actuar con responsabilidad ética y social en la explotación de los recursos naturales. A la Comunidad Internacional: 1. Realizar de inmediato una visita de verificación humanitaria a la zona. 2. Apoyar y acompañar en la observancia del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el Sur de Bolívar. 3. Establecer a partir de la situación estrategias de cabildeo e incidencia con los actores involucrados en estos hechos. Magangué, Septiembre 22 de 2006