El honrado con el premio de Cádiz se detuvo meses después en Madrid para entrevistarse con la crema de las empresas multinacionales españolas, marco en el que se afirmó que “para las empresas españolas la posible reelección de Uribe es una buena noticia”, porque “da seguridad a las empresas” [1]. Ante la pregunta: ¿seguridad para los negocios o respeto a los principios constitucionales?, los empresarios españoles no dudaron. Tras esta magna reunión, el presidente colombiano se dirigía a visitar al Papa, en una de las misiones para las que había nacido al mundo, entrevistarse con el Pontífice como jefe de Estado de un país constitucionalmente secular, pero en el que los sicarios siguen pidiendo protección a la virgen. Después del encuentro con el representante de Cristo, Uribe decidió ganarse también la bendición de Berlusconi; la estrella de la admirable clase dirigente europea dijo sobre Colombia: “…es un país rico y grande, en el que no han sido aprovechadas todas las posibilidades de inversión que existían por los motivos de inseguridad que había en el país”. [2]
“Desde que llegó el banco, 3.400 de nuestros compañeros perdieron su trabajo, los trabajadores que quedan reciben la presión del banco para que no se afilien, en una dinámica completamente agresiva”, según un trabajador sindicalizado en Colombia, que deplora el trato que le ha dado el BBVAa sus trabajadores. Éste no es un testimonio aislado, y aparece en un contexto lleno de duras contradicciones: en el período 2002- 2008 hubo 468 asesinatos, y un total de 3.527 atentados contra los trabajadores sindicalizados [3], sin que se haya abierto ningún proceso que esclarezca a los autores intelectuales de los crímenes en la abrumadora mayoría de los casos. Los conflictos por el control de territorios y sus recursos y por el aprovechamiento del trabajo se han agudizado en los últimos años, con las reformas neoliberales implementadas hace casi veinte años, y con la aparición de poderosas empresas internacionales, que se han adueñado de sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, medios de masas, servicios públicos. Como sucedió en Perú con Fujimori o en Argentina con Menem.
El actual Gobierno de Uribe ha sabido privilegiar las grandes inversiones, argumentando que son generadoras de empleo, mejoran la infraestructura tecnológica e incrementan la competitividad del país. En este contexto, las empresas multinacionales han sido protagonistas, generando importantes márgenes de utilidad, en medio de un conflicto social con duras características: Repsol extrae petróleo en el corazón de Arauca, uno de los epicentros del conflicto colombiano, sin que su “Responsabilidad Social Corporativa” le haya motivado pronunciarse sobre las masacres cometidas por grupos paramilitares cerca de su patio trasero. Mientras, Unión Fenosa bautizó con “cultura de no pago” las duras condiciones de pobreza del 80 por ciento de la población de la costa Caribe colombiana, que justificó con cortes sistemáticos, y el amedrentamiento directo a las comunidades [4]. Santander y BBVA generaron despidos masivos cuando arribaron al país, cerca de 4.500 trabajadores despedidos evocan con poco aprecio a estas empresas [5].
En Colombia existe la vieja tradición de utilizar las armas a la hora de proteger la sagrada propiedad, en 1928 fueron asesinados cerca de 1000 trabajadores que exigían mejores condiciones laborales a la United Fruit Company (antecesora de la actual Chiquita Brands, financiadora de grupos paramilitares), hecho conocido como la Masacre de las Bananeras. Décadas después se llevó a cabo el sistemático exterminio de los indomables indígenas Yariguíes en las riveras del río Magdalena, en faenas de cacería con las que se divertían los ingenieros norteamericanos de la Standar Oil (hoy Exxon Mobil). Y recientemente la minera estadounidense Drummond ha sido acusada por el financiamiento, y autoría intelectual, del asesinato de varios líderes sindicales hace cinco años.
Apesar de las campañas para salvar a la infancia de la pobreza, o de las “grandes” sumas de dinero donadas por las grandes multinacionales para promover el desarrollo social, la opinión pública parece no tragarse el cuento sobre lo imprescindibles que son estas empresas: apenas el 34 por ciento de los colombianos está satisfecho con los servicios públicos privatizados, y el 80 por ciento de los latinoamericanos cree que el petróleo debe quedar en manos del Estado [6]. Existe una gran preocupación entre las multinacionales por quedarse, consolidarse, y expandirse en Latinoamérica, donde las fronteras nacionales cada vez importan menos. En ese contexto, surge una preocupante tendencia, la integración horizontal y vertical en varios sectores estratégicos, lo que significa que en unos años podría verse una empresa que se encarga de perforar pozos de petróleo, distribuir gas, cobrar la electricidad, vender gasolina y comercializar bonos verdes para tranquilizar conciencias sobre el cambio climático.
De acuerdo al Banco Mundial, en Colombia se encuentra el mejor clima de los negocios en América Latina después de Puerto Rico, “por simplificar los trámites de crédito, protección de la inversión, y simplificación en el pago de impuestos” [7]. Sin embargo, este clima cuenta con algunas dificultades, especialmente por la resistencia de los pueblos. Cientos de organizaciones sociales del país se reunieron para acusar a muchas de las empresas multinacionales por sus delitos contra la humanidad, entre las cuales se encontraban varias empresas españolas, en lo que se llamó Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia. Fueron condenas de tipo moral y ético, pero fueron legítimas al representar las voces de miles de personas que no han encontrado respuesta en los tribunales del Estado.
Los pueblos, en resistencia
Mas allá del Tribunal, los pueblos de Colombia buscan maneras de contener el ejercicio de la violencia dirigida a “darle seguridad” a las inversiones, aunque por otro lado juegan las jugosas propuestas que llegan con los programas de Responsabilidad Social Corporativa. Los pueblos no sólo se enfrentan a poderosas corporaciones con sus jaurías de abogados, sino también a la necesidad de sobrevivir en un ambiente hostil, que por lo general esta infestado de grupos armados legales e ilegales. Se cierran las posibilidades de mantener expresiones culturales diferentes a la dominante, los pueblos que durante cientos de años se refugiaron en selvas y montañas en la periferia del “desarrollo”, ahora tienen que enfrentarse de nuevo a ejércitos invasores, misioneros disfrazados de ONG, y a una autoridad que siempre les ha sido ajena.
Las solicitudes de permisos de explotación de recursos excede la capacidad de las organizaciones para enfrentar a los abogados corporativos: los campesinos de las llanuras de Arauca se preguntan qué hacer con la empresa petrolera que quiere comprar sus tierras de cualquier manera; las comunidades indígenas Emberá, Katío y Wounaan, de las selvas del Pacífico (ante la arremetida de empresas mineras, palmeras y madereras), cómo pueden hacer valer su derecho a la consulta previa; o las comunidades afrodescendientes del Cauca, buscan defender su manera de aprovechar artesanalmente el oro en sus territorios.
Los movimientos sociales insisten en buscar espacios jurídicos para que sean reconocidos sus derechos, valiéndose de todas las posibilidades constitucionales que aún quedan, pero sepultados por la realidad jurídica en la que se enseñorea la extrema derecha. Los esfuerzos jurídicos pasan por demandas locales a raíz de la violación de derechos laborales, por los daños causados por el servicio de electricidad o los vínculos con grupos armados para eliminar dirigentes sindicales. Anivel internacional, se aprovechan algunas grietas que permiten hacer demandas jurídicas especialmente por crímenes en contra de la humanidad. En Estados Unidos la corporación minera Drummond aceptó pagar una suma simbólica como indemnización por el financiamiento y apoyo directo a grupos paramilitares; en el Reino Unido, British Petroleum, a raíz de la demanda de varios campesinos víctimas de desplazamientos y atentados contra su vida en el área de influencia de su oleoducto, logró negociar el silencio a cambio de una cifra de varios millones de euros. El sistema judicial local es tremendamente débil, a nivel internacional aún no es posible hacer justicia.
Las luchas de los pueblos de Colombia por defender sus territorios, y por hacer digno su trabajo, no se han reducido a lo jurídico, de una manera u otra entienden que sus proyectos de vida (ajenos a los hipermercados, los televisores y los tanques de guerra) se fundamentan en el reconocimiento a su autonomía, en el principio de autodeterminación, en la posibilidad de construir sus propias relaciones con la naturaleza. Para muchos movimientos y organizaciones está claro que la supervivencia depende de correlaciones de fuerzas favorables, y para ello es necesario poner a jugar la desestabilización del sistema que viene con las movilizaciones masivas y la protesta en las calles. En los últimos años, tal vez la expresión más genuina de las tensiones que padecen los movimientos populares frente al sistema es la Minga de los Pueblos (que nació como la Minga Indígena), que parte de la necesidad de abrir espacios de reencuentro y movilización, enriqueciendo la agenda social con elementos políticos y la denuncia directa sobre el accionar de las multinacionales que afectan sus territorios. Puede que los elementos de la Minga no sean nuevos, pero no puede dejar de sorprender una movilización masiva tras varios años de la más dura represión y guerra sucia desde el establishment.
En este momento se están tejiendo redes de intercambio de experiencias de resistencia popular ante la arremetida de las empresas mineras, en particular la Anglo Gold Ashanti. Se continúa en el levantamiento de pruebas y en la construcción de casos para insistir en demandas jurídicas, por los casos más representativos de crímenes en los que están involucradas empresas multinacionales, a pesar del silenciamiento de testigos, y el torpedeo de los procesos. Se siguen desarrollando campañas de boicot y denuncia a varias empresas, aprendiendo de los aciertos y errores de las anteriores campañas de denuncia en contra de Cocacola, Nestlé y Occidental Petroleum. En estos momentos, los pueblos de Colombia construyen diversas posibilidades para defender los derechos de los pueblos frente al derecho comercial internacional, pero una cosa está clara: en Colombia, estas corporaciones no pueden seguir haciendo los que se les da la gana.
Alejandro Pulido se dedica a hacer seguimiento a multinacionales y los problemas del “desarrollo” en Colombia. Este artículo ha sido publicado en el nº 40 de la Revista Pueblos, diciembre de 2009.
Notas
[6] Informe 2008. Corporación Latinobarómetro. Noviembre de 2008. Santiago de Chile