Las autoridades deben tomar medidas efectivas de inmediato para poner fin de una vez por todas a la reciente oleada de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas comunitarios y sociales; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, a raíz del homicidio de otro activista ayer mismo.

El 11 de septiembre, Néstor Iván Martínez, miembro del Consejo Comunitario de La Sierra, El Cruce y La Estación, organización de personas afrodescendientes, y uno de los dirigentes del movimiento social Congreso de los Pueblos, murió por disparos de agresores desconocidos en una zona rural del municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar. Néstor Iván Martínez participaba activamente en campañas de defensa del medio ambiente y de los derechos sobre las tierras en el Cesar, y también había hecho campaña contra actividades de minería en la región.

El 29 de agosto, tres dirigentes de la ONG Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), Joel Meneses, Nereo Meneses Guzmán y Ariel Sotelo, fueron interceptados en el vehículo en que viajaban y abatidos a disparos por un grupo de hombres armados en el municipio de Almaguer, en el departamento del Cauca.

En la última semana de agosto, cuatro miembros de la comunidad indígena awá murieron por disparos de hombres armados sin identificar en el departamento de Nariňo: eran Camilo Roberto Taicús Bisbicús, dirigente del resguardo indígena awá de Hojal La Turbia, en el municipio de Tumaco; los hermanos Luciano Pascal García y Alberto Pascal García, también del resguardo Hojal La Turbia, tiroteados en el municipio de Llorente; y Diego Alfredo Chirán Nastacuas, miembro de la comunidad awá, a quien mataron en el municipio de Barbacoas.

Según la ONG colombiana Somos Defensores, al menos 35 defensores de los derechos humanos y líderes sociales fueron víctimas de homicidio en los seis primeros meses de este año.

Esta oleada de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, de líderes sociales comunitarios, así como de miembros de comunidades indígenas, marca un agudo contraste con la esperanza que ha generado en el país la próxima firma oficial del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), prevista para el 26 de septiembre en Cartagena (Colombia). El alto el fuego y cese de las hostilidades entre ambas partes declarado oficialmente y con carácter definitivo y bilateral lleva en vigor desde el 29 de agosto.

Amnistía Internacional ha argumentado en repetidas ocasiones que la mayor amenaza para los derechos humanos no está sólo en los enfrentamientos armados directos entre ambas partes, sino también en los ataques selectivos contra civiles. Muchos de estos ataques son el resultado de los intentos de diversos grupos armados de hacerse con el control de territorios, especialmente los habitados por pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes, con la intención de explotar esas tierras con fines económicos, mediante actividades de minería, petróleo, agroindustria y tráfico de drogas.

Por tanto, las autoridades colombianas deben adoptar con urgencia todas las medidas necesarias, en estrecha coordinación con las personas y comunidades afectadas, para garantizar la seguridad de las personas en situación de riesgo, y deben asimismo garantizar que los presuntos responsables penales de estos ataques comparecen ante la justicia y son juzgados con las debidas garantías ante tribunales civiles.