ANTE EL GRAVE SEÑALAMIENTO A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, QUEREMOS MANIFESTAR A LA OPINIÓN PÚBLICA LO SIGUIENTE:
El pasado 15 de diciembre en el periódico El Espectador, de Bogotá, se publicó un artículo titulado “Santos: La guerra que se está ganando... y la otra”, firmado por Plinio Apuleyo Mendoza, en el que, entre otros viles apartados, señala como recursos de la guerrilla: “Las ONG de izquierda, especializadas en la guerra jurídica contra los militares, como Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Red Europea de Hermandad con Colombia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Minga, Peace Brigadas International y muchas otras dentro del país y fuera de él”.
Consideramos lo anterior un grave señalamiento hacia estas organizaciones y las personas que las componen, poniéndolas en serio peligro y obstaculizando su encomiable labor de defensa de los Derechos Humanos, que les caracteriza, en un país que registra precisamente el mayor número de asesinatos de personas dedicadas a esa tarea, contra la que se dirige el reseñado comentarista.
Respetamos las libertades de prensa, opinión e información, pero creemos que las mismas deben sujetarse a un mínimo ético y legal, no cumplido en este caso por el sr. Mendoza, quien ha dado otra vez un paso inconcebible, que no estamos dispuestos a consentir, que sería repudiable en cualquier sociedad democrática, pasando de ser informador a ser informante al servicio de la calumnia y de una lógica de criminalización perversa que suele y puede llevar hasta el asesinato de las personas señaladas, como tal escrito lo orienta deliberadamente, sin respaldo objetivo o prueba alguna, lo cual de modo inobjetable representa ya un grave riesgo para la vida de los miembros de esas organizaciones defensoras de los derechos fundamentales.
El sr. Mendoza a lo largo de su siniestra historia, y valiéndose de su cargo de diplomático, lo cual conlleva además la responsabilidad oficial del Estado al permitirlo o promoverlo, o de las instancias que reproducen de cualquier forma sus agresiones, ha dado suficientes ejemplos de falta de veracidad, equidad y responsabilidad, como en los ensañamientos mediáticos y ataques patibularios contra la ex-alcaldesa de Apartadó, doña Gloria Cuartas, y el sacerdote jesuita, padre Javier Giraldo, ambos personas amenazadas de muerte con posterioridad a esos escritos.
Ha tratado este personaje durante muchos años de acercarse a círculos intelectuales colombianos, pero nunca llegó a ponerse a la altura moral, artística, o de creación cultural de muchas de esas personas con clara reputación por su talante. Sin embargo, sí fue promotor de un libro, llamémosle así, en el que citaba a los 100 mejores escritores colombianos del siglo XX, lista en la que no dudaba en incluir tanto su nombre como el de su mujer, dejando en el olvido autores/as de notable importancia. Ese texto fue prologado por Álvaro Uribe, que hizo la presentación pública del mismo (el mismo Uribe nombró a Mendoza embajador de Colombia en Portugal), apoyado por la embajadora en España, Noemí Sanín, abanderada del uribismo más ultramontano.
No sólo tiene en su haber Mendoza el asociarse con tramas del paramilitarismo como cuando se alió con uno de sus defensores, el entonces general Harold Bedoya, y grupos paramilitares del Chucurí, autores de crímenes atroces, a comienzos de los años noventa. También ha rendido homenaje al ex-general Rito Alejo del Río, bajo cuya responsabilidad se llevó a cabo la llamada “Operación Génesis”, en febrero de 1997, en la que actuaron conjuntamente tropas de la Brigada XVII, entonces bajo mando de este militar, con unidades paramilitares, y que arrasó las comunidades afrodescendientes del Bajo Atrato, causando miles de víctimas, entre muertos, desplazados, desaparecidos y torturados. En este homenaje estuvo también en todo momento junto al hoy presidente Álvaro Uribe.
Otra impronta pública de este personaje, es su impenitente ardor en la defensa del neoliberalismo más retrógrado y ultraderechista, siendo co-autor de varios libelos, junto a Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner, en los que reiteran la soflama contra los derechos de los pueblos y los derechos humanos. Mendoza es conocido en España por su estrecha relación con la fundación FAES y otros círculos de la derecha más cerrada.
Es inadmisible que se de cabida en un periódico de prestigio como es El Espectador a artículos que marcan y mandan dónde puede ser disparada la siguiente bala contra un defensor de los derechos humanos. Y que desde un cargo diplomático, como es la Embajada colombiana en Lisboa, se pueda seguir descargando impune y cínicamente contra organizaciones como las mencionadas por Mendoza, que actúan de una forma totalmente transparente y objetiva a favor de las víctimas de crímenes de lesa humanidad que han tenido distintos eslabones de preparación, ejecución e impunidad en esferas del poder civil público o privado. Tales organizaciones ayudan con su labor a que un día se logre un Estado de Derecho sólido en Colombia, el mismo que si existiera, actuaría penalmente contra instigadores de graves hechos criminales, como es el caso de Plinio Apuleyo Mendoza.
Nadie debe, y menos el sr. Mendoza, con toda su oscura historia a la espalda, tratar de ensuciar infamemente la actividad de todas y cada una de las personas que forman parte de esas organizaciones que son un ejemplo de compromiso e historial intachable por la defensa de los derechos humanos universalmente reconocidos, de hecho ya atacadas en Colombia por su loable lucha.
Si alguna de las personas de las organizaciones señaladas llegase a ser atacada bajo cualquier forma, ya sabemos a quien, entre varios responsables, podremos denunciar ante órganos nacionales o internacionales. No permitiremos con nuestro silencio que un ataque más contra defensores de los derechos humanos, pueda cubrirse con la argucia del ejercicio de la libertad de opinión. Una cosa es opinar y otra opinar sin reparo sobre a quien debe asesinarse.
23 de diciembre de 2007
San Francisco, California
20 de diciembre de 2007
Señor Jorge Cardona Editor El Espectador Bogotá, Colombia
Estimado editor: Con mucha preocupación registramos la publicación en el Espectador del artículo "Santos: La guerra que está ganando… y la otra" (Plinio Apuleyo Mendoza, sábado 15 de diciembre) en el que señala a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Red Europea de Hermandad con Colombia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Minga, Peace Brigadas Internacional de ser instrumentos de la guerra de las FARC. Dicho falso señalamiento, pone en peligro el ejercicio de la actividad legítima de defensa de los derechos humanos, en un clima en el que quienes se dedican a esta labor son objeto de repetidos ataques por todos los actores armados. La comunidad internacional comparte nuestra preocupación. En carta del 1 de noviembre de 2007, 11 senadores estadounidenses solicitaron al presidente Uribe abstenerse de hacer señalamientos a los defensores de derechos humanos y a los sindicalistas, y en comunicación del 17 de julio de 2007, 36 congresistas reaccionaron enérgicamente frente al ataque sistemático las organizaciones de derechos humanos. Más recientemente, el pasado 7 de diciembre, 30 congresistas pidieron al presidente Uribe protección a los sindicalistas colombianos e investigación de los crímenes contra la actividad sindical. Por su parte la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Louise Arbour, el pasado septiembre reconoció "los valientes esfuerzos de los defensores y organizaciones de derechos humanos, así como del Movimiento de Víctimas, quienes corriendo riesgos personales considerables, abogan por el mejoramiento de la situación de derechos humanos en Colombia y marcan una diferencia real en la vida diaria de muchos de sus conciudadanos". La construcción del Estado de Derecho implica la defensa de los derechos humanos y como parte de ese trabajo los defensores colombianos encuentran como foco de preocupación los asesinatos de civiles (ejecuciones extrajudiciales) cometidos por parte de la Fuerza Pública. Este año, organizaciones colombianas presentaron diversos casos a través de su documentación y denuncia en un informe en octubre ("Ejecuciones Extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública en Colombia", julio 2006 a junio 2007). Dicha labor, no constituye una "guerra jurídica" contra el Estado, sino más bien, acciones que llevan a la edificación del Estado de Derecho. Es deber del Estado Colombiano proteger a los defensores de derechos humanos, llevar las investigaciones y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, la masacre de febrero de 2005 en San José de Apartadó y el asesinato de sindicalistas en Arauca a los que hace alusión el señor Apuleyo en su artículo, sin importar quiénes sean los responsables. Desconocemos la fuente de las afirmaciones que el señor Apuleyo hace en su artículo sobre las organizaciones defensoras de derechos humanos y esperamos una rectificación que contrarreste la tergiversación de información sobre la legitimidad de las organizaciones mencionadas en su artículo ante la opinión pública. Finalmente, solicitamos al Ministro de Defensa distanciarse públicamente de los señalamientos e indicar inequívocamente el respeto y acatamiento de los derechos humanos. Atentamente, Acción Permanente por la Paz Center for International Policy Chicagoans for a Peaceful Colombia Chicago Metropolitan Sanctuary Alliance Chicago Religious Leadership Network on Latin America Colombia Human Rights Committee Colombia Peace Project Colombia Vive Conference of Major Superiors of Men (CMSM) Drug Policy Project, Institute for Policy Studies 8th Day Center for Justice Fellowship of Reconciliation Human Rights First International Labor Rights Forum Presbyterian Peace Fellowship Quixote Center/Quest for Peace Red Italiana de Solidaridad Colombia Vive Refugees International Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights US Labor Education in the Americas Project (USLEAP) United Steel Workers, AFL-CIO Washington Office on Latin America
Carta de organizaciones internacionales a semanario El Espectador
San Francisco, California
20 de diciembre de 2007
Señor Jorge Cardona Editor El Espectador Bogotá, Colombia
Estimado editor: Con mucha preocupación registramos la publicación en el Espectador del artículo "Santos: La guerra que está ganando… y la otra" (Plinio Apuleyo Mendoza, sábado 15 de diciembre) en el que señala a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Red Europea de Hermandad con Colombia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Minga, Peace Brigadas Internacional de ser instrumentos de la guerra de las FARC. Dicho falso señalamiento, pone en peligro el ejercicio de la actividad legítima de defensa de los derechos humanos, en un clima en el que quienes se dedican a esta labor son objeto de repetidos ataques por todos los actores armados. La comunidad internacional comparte nuestra preocupación. En carta del 1 de noviembre de 2007, 11 senadores estadounidenses solicitaron al presidente Uribe abstenerse de hacer señalamientos a los defensores de derechos humanos y a los sindicalistas, y en comunicación del 17 de julio de 2007, 36 congresistas reaccionaron enérgicamente frente al ataque sistemático las organizaciones de derechos humanos. Más recientemente, el pasado 7 de diciembre, 30 congresistas pidieron al presidente Uribe protección a los sindicalistas colombianos e investigación de los crímenes contra la actividad sindical. Por su parte la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Louise Arbour, el pasado septiembre reconoció "los valientes esfuerzos de los defensores y organizaciones de derechos humanos, así como del Movimiento de Víctimas, quienes corriendo riesgos personales considerables, abogan por el mejoramiento de la situación de derechos humanos en Colombia y marcan una diferencia real en la vida diaria de muchos de sus conciudadanos". La construcción del Estado de Derecho implica la defensa de los derechos humanos y como parte de ese trabajo los defensores colombianos encuentran como foco de preocupación los asesinatos de civiles (ejecuciones extrajudiciales) cometidos por parte de la Fuerza Pública. Este año, organizaciones colombianas presentaron diversos casos a través de su documentación y denuncia en un informe en octubre ("Ejecuciones Extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública en Colombia", julio 2006 a junio 2007). Dicha labor, no constituye una "guerra jurídica" contra el Estado, sino más bien, acciones que llevan a la edificación del Estado de Derecho. Es deber del Estado Colombiano proteger a los defensores de derechos humanos, llevar las investigaciones y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, la masacre de febrero de 2005 en San José de Apartadó y el asesinato de sindicalistas en Arauca a los que hace alusión el señor Apuleyo en su artículo, sin importar quiénes sean los responsables. Desconocemos la fuente de las afirmaciones que el señor Apuleyo hace en su artículo sobre las organizaciones defensoras de derechos humanos y esperamos una rectificación que contrarreste la tergiversación de información sobre la legitimidad de las organizaciones mencionadas en su artículo ante la opinión pública. Finalmente, solicitamos al Ministro de Defensa distanciarse públicamente de los señalamientos e indicar inequívocamente el respeto y acatamiento de los derechos humanos. Atentamente, Acción Permanente por la Paz Center for International Policy Chicagoans for a Peaceful Colombia Chicago Metropolitan Sanctuary Alliance Chicago Religious Leadership Network on Latin America Colombia Human Rights Committee Colombia Peace Project Colombia Vive Conference of Major Superiors of Men (CMSM) Drug Policy Project, Institute for Policy Studies 8th Day Center for Justice Fellowship of Reconciliation Human Rights First International Labor Rights Forum Presbyterian Peace Fellowship Quixote Center/Quest for Peace Red Italiana de Solidaridad Colombia Vive Refugees International Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights US Labor Education in the Americas Project (USLEAP) United Steel Workers, AFL-CIO Washington Office on Latin America