La Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA, la Fundación Progresar y el Comité de Integración del Catatumbo CISCA, denuncian ante la comunidad nacional e internacional el agravamiento de la crisis de derechos humanos en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, como resultado de los atropellos cometidos por presuntos miembros de la Fuerza Pública contra las comunidades campesinas.
Según la denuncia recibida por líderes comunitarios y familiares de las víctimas, miembros del Ejército Nacional estarían comprometidos en ejecuciones extrajudiciales en personas protegidas, a quienes reportan como presuntos guerrilleros muertos en acciones de combates armados:
HECHOS
1. El viernes 5 de octubre, en el caserío conocido como La Colombiana, frontera con Venezuela, se reportó la muerte del señor Carmen José Solano, quién había salido de su casa hacia la parroquia de El Cruce en territorio venezolano.
2. El 9 de octubre presuntos miembros del Ejército llegaron a una finca de la vereda La Bogotana, zona conocida como Bobalí, y allí habrían detenido al señor José Eliécer Ortega Bonet, quien posteriormente aparece muerto. Según el testimonio de los vecinos, pidieron a miembros del Ejército que les entregaran el cuerpo, pero éstos negaron el hecho y afirmaron que lo que llevaban en las bolsas eran bombas.
3. El 9 de octubre, miembros del Ejército habrían entrado a la casa de señor Carlos Daniel Martínez Ortega, en la vereda Caracol, limites entre San Calixto y El Tarra. Al amanecer del otro día, suenan unos disparos y posteriormente aparece muerto el campesino en mención.
4. El 10 de octubre, fueron muertos, el niño de 14 años Carlos Daniel Martínez Ortega y el señor Albeiro Amaya Montejo, quienes habían salido de sus casas en la vereda El Rosario y se dirigían a la vereda Puerto Catatumbo. Según los testimonios, cuando las víctimas caminaban en zona rural, el Ejército habría fingido un combate y allí murieron.
Todas estas víctimas fueron trasladadas en helicópteros por unidades militares hacia Ocaña y Cúcuta, donde sus familiares tuvieron que reclamarlos y allí les informaron que fueron guerrilleros dados de baja en combates.
De acuerdo a los testimonios de las familias, todas las víctimas eran campesinos trabajadores y afiliados a las juntas de acción comunal, ajenos a las actividades de los grupos guerrilleros. Igualmente afirman que en tales sitios no se presentaron enfrentamientos armados con la guerrilla.
Es importante señalar que no son los primeros casos denunciados por las comunidades del Catatumbo, pues ya sobrepasan las 20 personas muertas en circunstancias similares en el último año, los cuales fueron analizados en reciente Misión internacional de observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia.
Ante estos hechos demandamos:
- Al gobierno nacional, proteger la población civil de El Catatumbo y brindar asistencia humanitaria de emergencia a las familias de las víctimas;
- A la Fiscalía y la Procuraduría, abrir las correspondientes investigaciones penales y disciplinarias por los hechos denunciados;
- A la Defensoría del Pueblo hacer un acompañamiento a las comunidades del Catatumbo;
- A la Fuerza Pública, respetar y proteger a la población civil; acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario y la garantía de que estas violaciones a los derechos humanos no se vuelvan a repetir.
Igualmente solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos acompañar a las comunidades del Catatumbo en esta nueva etapa de violaciones a los derechos humanos que están viviendo.
Bogotá, octubre 12 de 2007
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