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21/06/2007
INFORME 80 CURVARADO – JIGUAMIANDO

Responsabilidad Estatal en actuaciones contra derecho en el Curvaradó

OCUPACION ILEGAL EMPRESARIAL SISTEMATICA

I. RESUMEN

Desde mayo y en el mes de junio, por cuatro ocasiones la propiedad dentro del Territorio Colectivo del integrante del Consejo Comunitario ENRIQUE PETRO ha sido ocupada y usada ilegalmente por las empresas palmeras a través de tractores y remolcadores que transportan el fruto de la palma, destruyen el suelo y los límites de su propiedad, las actuaciones ilegales, arbitrarias se desarrollan a menos de 3 minutos del campamento militar en que se encuentran efectivos de la Brigada 15 y 17. En la operaciones empresariales interviene el conocido como “El Gago”, reconocido paramilitar, que opera como escolta y celador de la sede de URPALMA en Belén de Bajirá. A las exigencias de respeto a la propiedad realizadas por el campesino a los empresarios estos han manifestado que debe “hablar con el patrón”. Todos los cercos y los letreros de visibilización de los límites de su propiedad han sido destruidos y su tierra ha aumentado los daños sufridos por la siembra ilegal de palma dentro de la propiedad familiar. Las operaciones empresariales se han desarrollado, y a pesar de las solicitudes expresas realizadas telefónicamente o por escrito, el gobierno nacional no ha adoptado ninguna medida eficaz sobre el sector empresarial. La extracción ilegal del fruto de la palma continúa sin ningún tipo de actuación institucional, el fruto es transportado hacia Mutatá a la plante Extractora Bajirá S.A., en medio de hombres vestidos de civil, algunos de ellos con armas cortas. Al tiempo persiste la destrucción ambiental y la desertización de las aguas y humedales. Igualmente a pesar del reconocimiento de la legalidad de unos predios por parte del INCODER, como el caso de la propiedad de la Familia RENTERIA, la posesión de hecho la sostienen las empresas como “Agropalma”, que no entregan la tierra. A 80 familias de Caño Manso, Territorio Colectivo del Jiguamiandó, expulsados por operaciones de tipo paramilitar apoyadas por la Brigada 17 desde 1.996, quienes manifestaron su derecho a regresar en una Zona Humanitaria, se encontraron con la legitimación y el aval de funcionarios del Incoder, de Codechocó y Acción Social a los posesión y habitación ilegal desarrollada por las estructuras paramilitares. A los habitantes originarios se le niega el derecho del regreso, el derecho de residencia y el derecho de propiedad mientras se legitima la apropiación de tierras, el despejo y los mecanismos fraudulentos de legalización a favor de SOR TERESA GOMEZ, familiar de los CASTAÑO GIL y vinculada al crimen de la líder comunitaria YOLANDA IZQUIERDO . SOR TERESA aparece en diversas publicaciones de la prensa nacional vinculada con la creación de cooperativas fachadas, la apropiación de tierras y el desarrollo de operaciones de blanqueo de actividades ilícitas. Mientras la tolerancia ante la arbitrariedad empresarial sin ningún tipo de recato se realiza con el conocimiento de todas las autoridades, las unidades militares acantonadas en Caño Claro Andalucía intimidan, hostigan, amenazan y abusan de su autoridad contra testigos que se han atrevido a declarar en los procesos que se siguen por el Crimen de ORLANDO VALENCIA, tal como ha ocurrido con EUGENIO NUÑEZ, cuya propiedad fue ocupada por unidades militares el 2 de junio durante dos horas sin ningún tipo de orden judicial, a su presencia intimidante se sumo la retención arbitraria de dos de sus colaboradores, a quiénes amenazaron.

II. SOLICITUD

A las personas y grupos de solidaridad internacional de Estados Unidos, Canadá, Suramérica y Europa comunicarse vía telefónica, fax o correo electrónico solicitando una reunión URGENTE y EXTRAORDINARIA con la presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, FERNANDO ARAUJO; el Señor Ministro del Interior, CARLOS HOLGUIN SARDI; el Señor Ministro de Ambiente, JUAN LOZANO: el Señor Ministro de Agricultura, ANDRES ARIAS; la Señora Ministra de Cultura, PAULA MARCELA MORENO ZAPATA; el Señor Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN ARANA; el Señor Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON, y al Defensor Nacional del Pueblo, VOLMAR PEREZ a fin de que brinden respuesta directa en reunión con delegados de las comunidades de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó sobre 13 interrogantes respecto a sus derechos como pueblo a la memoria, a la verdad, a la justicia; su derecho a la supervivencia y el territorio, de modo, que puedan definir sobre su presente y su futuro.

Bogotá, D.C. 21 de junio de 2007 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ