Colombia una de las sociedades más desiguales del mundo, continúa a través de las decisiones de gobierno legitimando la mercantilización territorial de predios colectivos que fueron arrebatados a sangre y fuego por estructuras paramilitares que operaron como parte de la estrategia contra insurgente de la brigada 17.

Las comunidades negras y mestizas, estas últimas que han compartida usos y costumbres durante cerca de 40 años, y a quienes se les reconoció su habitación dentro del territorio colectivo se les ha sometido a una persecución desde octubre de 1996.

A los asesinatos colectivos cometidos en Brisas de Curbaradó hace 14 años, los 138 que les han seguido hasta hoy, los 15 desplazamientos forzados, le siguió una ocupación territorial empresarial para la palma de aceite y la ganadería extensiva, alguna de estas conformadas por las propias casas paramilitares, otros beneficiarios del paramilitarismo. Los negocios de la palma y la ganadería extensiva, en particular el primero, se proyecto sobre la base de dar respuesta a los intereses del mercado de empresas de la Unión Europea y el intento de llevar el agrodiesel a los Estados Unidos.

Para dar un rostro de legalidad a la ilegalidad a los agronegocios conformaron asociaciones comunitarias para lograr el 100% de financiación del Ministerio de Agricultura. Igualmente, desarrollaron trámites fraudulentos como falsificación de escrituras y “alianzas estratégicas” con estas asociaciones comunitarias o valiéndose de mecanismos de corrupción, de arbitraridades y de usurpación de las funciones de los Consejos Comunitarios y de los Representantes legales, de manera que todo pareciera como una actuación transparente y conforme al derecho.

Desde septiembre pasado en una Asamblea Extraordinaria apoyada por los ocupantes de mala fe, empresarios ganaderos y palmeros, se conformó una nueva junta del Consejo Comunitario de Curvaradó, en cabeza del representante de los intereses empresariales, Germán Marmolejo. Esta elección fue avalada por el propio Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio a pesar de las evidentes irregularidades en esta decisión en la que participaron 2 de 18 de comunidades y que fueron dadas a conocer a diversas instancias y en una impugnación que fue rechazada.

Con Marmolejo, se inició un nuevo mecanismo de legalización de la ilegalidad y de legitimación de la criminalidad empresarial. Siendo afrocolombiano ofreció sin consulta alguna a las comunidades las tierras no restituidas a los legales y legítimos dueños del territorio al sector empresarial palmero aglutinado en Fedepalma. Tal ofrecimiento fue aceptado por Fedepalma, a pesar de que conoce la situación de violaciones de derechos humanos y daños ambientales en Curbaradó y Jiguamiandó y de ser el promotor de la mesa de RSPO.

Sin que las comunidades que han sido víctimas de la persecución estatal y del conflicto armado interno reconocieran a Marmolejo como Representante Legal, este se desplazó a los Estados Unidos difamando, calumniado a los habitantes que han exigido en derecho Verdad, Justicia y Reparación y han constituido Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y frente a los organismos internacionales como PASC de Canadá y Peace Brigadas International, PBI y a la Comisión de Justicia y Paz. Simultáneamente las acciones de intervención de los militares y ocupantes de mala fe ante ell Sistema Interamericano para desvirtuar las pruebas fácticas y en derecho que allí se han ido aportando, se ha acompañado de una estrategia de persecución judicial, de amenazas de muerte, de secuestro, de planes de atentados y de difamación con pintas en la Ciudad de Bogotá. contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, P. ALBERTO FRANCO, ABILIO PEñA, LUZ MARINA ARROYABE, ELIZABETH GÓMEZ, SENAIDA PARRA (Q.E.P.D), JIMMY JANSASOY, DANILO RUEDA y el Padre JAVIER GIRALDO S.J. miembro de base de la Comisión de Justicia y Paz y director del Bandatos del Cinep.
Regresando de Estados Unidos, Marmolejo ha intimidado, ha señalado y ha amenazado a los habitantes de estas iniciativas de protección de la vida humana y del territorio, y ha indicado en contravía de lo que señala el artículo 10 del decreto 1745 de la ley 70, que los mestizos no tienen derecho sobre la tierra y deben abandonar el territorio.

Sin consultar, sin consentimiento a los que han habitado y poseído las tierras, de las que han sido desalojados violentamente, ha autorizado a la fuerza pública y se ha acompañado de ellas para ubicar predios destinados a los negocios de banano y del plátano para la exportación. Esto sin que exista una restitución de la propiedad.

En la mañana del pasado, martes 27 de abril en el marco de las reuniones de Medidas Provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, la señora Viceministra del Interior ante la pregunta formulada sobre los derechos de los mestizos al territorio, se abstuvo de responder de manera precisa, clara. Este silencio ante la pregunta es un desconocimiento de los derechos a estos habitantes, y esto a pesar de que se ha surtido un trámite de pruebas de cohabitación y de constatación de usos y costumbres asumidos por este grupo humano con los afrocolombianos, es una forma de negar el trámite surtido para la titulación colectiva y bajo este mecanismo pretenden legitimar, legalizar la ilegalidad de la ocupación empresarial.

Sectores bananeros exportadores, y ganaderos y palmeros pretenden mantener los agronegocios con la respresentación legal de Germán Marmolejo, desconocida por las comunidades, por los habitantes de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad y avalada por el Ministerio del Interior.

Mientras se realizaba esta reunión en la ciudad de Bogotá, estructuras paramilitares realizaban operaciones de control en Belén de Bajirá y en Brisas de Curvaradó en medio de todo tipo de institucionalidad, y se evidenciaba su connivencia con empresarios palmeros y ganaderos definiendo como continuar la ocupación de mala fe de los predios de comunidades negras que habitan entre otros en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.

Horas más tarde, de acuerdo con testigos, empresarios ocupantes de mala fe y militares se reunieron en Brisas de Curbaradó y minutos más tarde, a nombre de Germán Marmolejo, actuando arbitrariamente y contra de derecho, autorizó a los sectores empresariales beneficiaros del paramilitarismo a definir el uso de la tierra para agronegocios de exportación a la Unión Europea.

La mercantilización del territorio se inició con el desarraigo de la población por la violencia. Ahora se pretende legitimar y legalizar contra toda evidencia de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, de la continuidad del paramilitarismo los agronegocios para la exportación del fruto de la palma, del banano y del plátano y del ganado.

Este caso, hace parte del expediente en que se investiga la ilegalidad de las operaciones de espionaje del DAS con sectores empresariales contra organizaciones de derechos humanos como la Comisión de Justicia y Paz. Pero en él también se constata que a pesar de la supuesta desmovilización, y del apoyo técnico y financiero de Estados Unidos y de la Unión Europea a la Fiscalía General de la Nación, la criminalidad se ha consolidado dentro de estos territorios que hace años el gobierno reconoció como comunitarios, y hoy a quiénes los han habitado, afros y mestizos, se le niega el derecho pleno a la restitución, a la verdad y a la justicia para continuar favoreciendo a los empresarios ocupantes de mala fe y beneficiarios del paramilitarismo, cuando no ellos mismos, paramilitares. Hasta ahora, las posibilidades de justicia, son limiitadas. La misma Comisión de Justicia y Paz, parte civil en el proceso contra Rito Alejo del Río, a través de su abogada LILIANA ANDREA ÄVILA, ha sufrido el costo de peristir en la existencia de sanción a este responsable de más de un millar de crímenes de lesa humanidad entre 1996 y 1997 en la región del Urabá Antioqueno y el Bajo Atrato
La obsesión por los TLC, por los agronegocios no respetan los derechos humanos, no respetan las cláusulas ambientales, las cartas democráticas, las resoluciones del congreso de los Estados Unidos, las directrices sobre degesnorras y defensores de derechos humanos. No importa, solo importan los negocios a pesar de los crímenes y el despojo, de la ilegalidad y la arbitrariedad.

*Solicitudes

1. A las organizaciones ambientales, de dh, de cooperación de UE solicitar a sus gobiernos abstenerse de aprobar cualquier tipo de tratado por las violaciones de derechos humanos que están propiciando la desterritorialización para agronegocios de exportación a la UE y Estados Unidos.

2. Dirgir cartas al Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio exigiendo que:

a. Sin más dilaciones presente públicamente los censos de la población que realmente pertenece el Consejo Comunitario de Curvaradó y que la restitución de la propiedad se realice comunidad por comunidad.

b. Qué, sin más dilaciones y en atención al riesgo que persiste para quiénes tienen derechos sobre la cuenca del Rio Curvarado, dé aplicación a los parámetros, que la entidad misma estableció en la Resolución 0046 de 2008 en donde entre otros aspectos reconoció que *"los listados censales deben recojer y o reflejar los criterios de adscripción y pertenencia a la comunidad y al territorio"*

5. Que, en el marco de sus competencias, intervenga en las actuaciones ilegales y contrarias a derecho, que están posibilitando la legalizacion del despojo de tierras, del señor GERMAN MARMOLEJO, quien fue “legitimado” como representante legal de la Cuenca del río curvaradó, pese a la ilegalidad y arbitrariedad de su elección.

6. Que se abstenga de generar un ambiente de discriminación al no precisar de manera clara y contundente que los mestizos, sobre quienes existe pruebas de cohabitación y de constatación de usos y costumbres asumidos por este grupo humano con los afrocolombianos de conformidad con el decreto reglamentario 1545, artículo 10 de la Ley 70 de 1993

Al Ministerio de Agricultura

7. Que se abstenga de promover y de financiar agronegocios dentro del terrotorio coletivo de la Cuenca del Curvarado hasta tanto no se realice la restitución efectiva de los territorios ilegalmente usurpados a cada una de las comunidades de base.

Al Vicepresidente de la República

8. Adoptar las medidas necesarias para la protección de la vida e integridad de las y los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz enfrentando las estructuras paramilitares que operan en el bajo Atrato al lado o con el consentimiento de la Policía de Urabá y las Fuerzas Militares.

Bogotá, D.C. 28 de abril de 2010

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz