La Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos, a través de una fuente de alta credibilidad, conoció que por parte de funcionarios de la SIJIN, se ha contactado a dos supuestos reinsertados de las FARC para que rindan entrevista judicial en la que incriminen al abogado de nuestra Seccional Santander LEONARDO JAIMES MARIN. Se pretende señalar que nuestro compañero pertenece al Bloque del Magdalena Medio de dicha organización rebelde y relacionarlo con CARLOS IVAN PEÑA ORJUELA, preso político recluido en la cárcel de Palogordo, a quien durante su militancia en la organización guerrillera se le conoció como el comandante CHAPARRO. El abogado LEONARDO JAIMES MARÍN, ha venido ejerciendo la defensa de presos políticos en el nororiente Colombiano. Entre ellos, representa a CARLOS IVAN PEÑA ORJUELA, e igualmente ha asumido la defensa penal de campesinos de la Provincia de Vélez, víctimas de detenciones masiva a quienes se les señalaba de brindar colaboración al comandante guerrillero CHAPARRO. Enjuiciamientos estos que han sido montados por la SIJIN, con base en los falsos testimonios de desertores de las FARC y que han concluido en su totalidad con sentencias absolutorias proferidas por Jueces penales del circuito de dicha municipalidad. Además de lo anterior, debemos mencionar como antecedente necesario, la denuncia penal que desde nuestra Fundación se presentó contra un funcionario de la SIJIN por los acosos y amenazas a los que venía sometiendo al detenido CARLOS IVAN PEÑA ORJUELA, para que accediera a declarar falsamente en procesos judiciales contra varios pobladores de la región donde operó como comandante rebelde. Por estas razones, debemos señalar categóricamente que el montaje judicial que se gesta en contra nuestro abogado LEONARDO JAIMES MARÍN, que según la información que nos fue trasmitida a la FCSPP, proviene de la SIJIN, constituye un claro acto de retaliación por su condición de defensor de derechos humanos y de presos políticos. El peligro que ahora se cierne sobre la libertad de nuestro abogado, se suma a las amenazas y hostigamientos que han venido incrementándose en su contra en los últimos dos años, sin que el Estado Colombiano adopte las medidas necesarias y eficaces para la protección de su vida e integridad personal. Preocupa a nuestra Fundación la arremetida que se viene sintiendo contra el derecho y deber de defender los derechos humanos, que nos asiste a todos los ciudadanos colombianos; en particular, la pretensión de criminalizar la legítima labor que desarrolla la Fundación, tal como se observó con la captura de la funcionaria de la Seccional Santander Carolina Rubio Sguerra, quien actualmente se encuentra sometida a un proceso penal por el delito de rebelión con fundamento en la versión de dos reinsertados allegados por la Sijín adscrito a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. La presente denuncia refleja que tanto las amenazas como la judicialización contra los defensores de derechos humanos, se han constituido en mecanismos de represión que buscan deslegitimar y amilanar nuestra labor y hace parte de la campaña de criminalización de la defensa de los derechos humanos, que continua desarrollándose por el Estado colombiano. Por este motivo, hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional, a enviar sus comunicaciones al Estado colombiano, solicitando: Que se investigue y revise a profundidad la labor de policía judicial que realizan organismos como Sijín, quienes en una abierta práctica sistemática ilegal e inconstitucional utilizan las facultades del sistema penal acusatorio para judicializar sin fundamento alguno sin que exista un control por parte de la Fiscalía General de la Nación. Que se implementen con carácter urgente las medidas de protección eficaces para garantizar la vida e integridad personal del defensor de Derechos Humanos LEONARDO JAIMES MARÍN. Que se adopten las medidas para evitar que el injusto encarcelamiento del abogado LEONARDO JAIMES MARÍN, garantizándole su derecho a la libertad personal. La garantía del derecho a defender los derechos humanos que nos asisten a todos los ciudadanos colombianos. Responsabilizando al Estado Colombiano por cualquier eventualidad que atente contra los derechos fundamentales del defensor de derechos humanos LEONARDO JAIMES MARÍN. Envíen sus comunicaciones a las siguientes direcciones: Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidencia de la República Cra. 8 No.7-26, Palacio de Nariño Bogotá, D.C., Colombia. Fax: (+57 1) 566.20.71 Señor: Angelino Garzón Vicepresidente de la República Carrera 8a No.7-57. Señor: Hernán Ulloa Vanegas Programa Presidente para los Derechos Humanos Presidencia de la República calle 7 No 6-54 telefax 5659797- 5662064 Dr. Germán Vargas Lleras, Ministerio del Interior y de Justicia Carrera 9a. No. 14-10, Bogotá, D.C., Colombia. PBX (+57) 444 31 00 Dr. Alejandro Ordóñez, Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 Bogotá, D.C. Colombia. Fax: (+57 1)342.97.23 E-mail: Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensoría del Pueblo Calle 55 No. 10-32 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 640 04 91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101. Edificio Teleport Bussines Park Bogotá, D.C. Teléfono PBX (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637 E-mail: oacnudh@hchr.org.co COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS DICIEMBRE 17 DE 2010